Intelectuales se pronuncian en favor de la lucha de los obreros de AGR-Clarín

agrLos abajo firmantes -miembros del campo cultural, intelectual, artístico, periodístico y académico- queremos expresar nuestra profunda preocupación por los 380 despidos y el cierre de la planta AGR-Clarín en Pompeya. La empresa aduce que la fábrica -la mayor planta gráfica del país- se encuentra en dificultades financieras que la hacen insostenible, sin embargo no presentó el pedido de un recurso preventivo de crisis -tal como establece la ley-. Asimismo, los trabajadores aseguran estar desbordados de trabajo y, según han difundido diferentes medios, el grupo Clarín en 2016 ha aumentado considerablemente la pauta oficial que recibe del Estado respecto de otros años. En realidad, de acuerdo a los trabajadores, se trata de un ataque a las condiciones laborales incluidas en el convenio colectivo de trabajo gráfico que conduciría a la precarización y flexibilización laboral.
En respuesta, los trabajadores tomaron las instalaciones de la planta. Nos solidarizamos con su lucha en defensa de los puestos de trabajo. Proponemos que el gobierno y el Estado intervengan a través del ministerio de Trabajo para que se retroceda en el cierre de la planta y, si efectivamente esto es producto de una crisis, proponemos que la empresa cumpla los pasos que dicta la ley en estos casos.
Al mismo tiempo, repudiamos el uso de la violencia a la hora de enfrentar conflictos sociales. Sucedió hace unos días en Chubut, donde hubo una serie de represiones inadmisibles, que causaron numerosos heridos, en el intento de desalojo de unos campos que reclama una comunidad mapuche (el Lof Cushamen); vuelve a repetirse ahora con la protesta en la planta gráfica AGR-Clarín.
 Declaramos que la represión y la violencia contra el reclamo laboral es el camino menos adecuado para encontrar una salida a este conflicto. Emprender una política de retroceso en los derechos laborales conquistados por los trabajadores, sería una medida a todas luces errónea, que acentuaría aún más la crisis económica y social que el país atraviesa, profundizando las desigualdades.
Primeras firmas: Roberto Gargarella, Beatriz Sarlo, Daniel Link, Marcelo Figueras, Gabriela Cabezón Cámara, Martín Caparrós, Antonio Santa Ana, Martin Kohan, Maristella Svampa, Diego Rojas, Selva Almada, Gabriela Massuh, Adrián Gorelik, Enrique Viale, Carlos Altamirano, Lucrecia Martel, Julián López, Pablo Bergel, Juan Toklatian, Pablo Alabarces, Sergio Olguín, Olga Viglieca, Daniela Pasik, Ana Laura Pérez, Carola Martínez, Eduardo Blaustein, Gabriel Reches, Mempo Giardinelli, Natalia Porta López, Elsa Drucaroff, Alejandro Horowicz, María Inés Garibaldi, Ana Prieto, Sebastián Vargas, Pablo Vommaro, Horacio Tarcus, Gabriel Kessler, Diego Genoud, Emilio de Ipola, Marcelo Plana, Nicolas Tauber, Rubén Schofrin, Diana Dowek, Alfredo Saavedra, Natalia Gelós, Miriam Molero, Soledad Vallejos, Agustina Larrea, Diana Kordon, Darío Lagos, Patricia Pintos, Walter Vargas, Iván Moschner, Rafael Gentili, Hugo Salas, Alejandro Wall, Paula Jiménez España, Laura Roldán Devetach, Laura Devetach, Elissambura, Lucía Makuc, Verónica Gago, Graciela Pérez de Lois, Fabián Maggieri, Silvia Grau, Dolores Rocca Rivarola, Mario Pecheny, Laura Leibiker, Diego Baridó, Melina Vázquez, Juan Ignacio Piovani, Mauricio Torne, Daniel Rodríguez, Laura Cukierman, Lucy Edelman, Hector Bidonde, Candela Gomez Diaz, Ruben Schofrin, Florencia Hipolitti, Guillermo Gómez Medina, Cecilia Libster , Gonzalo Moyano, Federico Lorenz, Miguel Teubal…
Las adhesiones o declaraciones se pueden enviar a agrenlucha@gmail.com

enero 23, 2017 at 4:08 am Deja un comentario

¿Y los docentes para cuándo?

feb

enero 22, 2017 at 4:15 am Deja un comentario

El Ministerio de Educación de la Nación derogará la resolución publicada el 23 de diciembre

uepc(Unión de los Educadores de la provincia de Córdoba -UEPC-. Córdoba,  viernes 13 de enero de 2017)- En la tarde de ayer se dio continuidad a las tratativas con el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, con la participación de los compañeros/as de CTERA y ATE.

Como resultado de la misma, la representación oficial aceptó derogar la Resolución publicada el 23 de diciembre pasado sobre los postítulos, y se formalizó un borrador de una nueva Resolución que comprende los siguientes aspectos demandados por los gremios; a saber:

-Extiende hasta el primero de marzo la inscripción y presentación de documentación.

-Prorrogar hasta el 2018 los postítulos que iniciaron en el 2016 para la cursada, garantizando que tengan dos años para realizar la misma.

-Permitir que los docentes continúen haciendo más de un postítulo simultáneamente.

-Dentro de la cursada dar la posibilidad de recursar módulos aquellos que no aprueben, y mientras dure la cohorte de la cual forman parte.

Asimismo, en relación a los tutores y coordinadores, los funcionarios garantizaron su continuidad y pago de salario a partir de enero, sin interrupción.

Consideramos un importante resultado devenido de las acciones y negociación llevada a cabo desde la publicación de la Resolución en cuestión. Ahora, estaremos atentos a que en los próximos días se publique la nueva resolución.

enero 21, 2017 at 4:13 am Deja un comentario

Los maestros deben rechazar las “evaluaciones” promovidas oficialmente que, con excusas técnicas, tienen como fin ajustar salarios y presupuestos

ademys

enero 20, 2017 at 4:58 am Deja un comentario

“No a la represión, exigimos respeto por los derechos del pueblo”

unterSolo un año necesitó el gobierno de Mauricio Macri para sumir a nuestro país en una crisis económica, que hacía años no padecía el pueblo trabajador. Era de esperar este impacto negativo por  el avance de las políticas neoliberales.  El paso siguiente es la puesta en marcha de un plan represivo para acallar las movilizaciones populares. Diez días del primer mes del 2017 fueron suficientes para que Patricia Bullrich y sus leales mostraran el aparato represivo con el que piensan sostener su proyecto de país.

El resumen muestra una historia reciente que merece ser capitulada. Con algunos ejemplos basta para comprender que el lema de lo que se viene es “reprimir para conducir”.

Días atrás, estudios privados demostraron que la suba de precios del 2016 fue del 40% de inflación promedio, el nivel más alto de los últimos 14 años, que incide de manera negativa en el poder adquisitivo de los trabajadores.  Pérdida del salario que aumentará con la nueva suba en los combustibles.

Casi en paralelo, el gobierno anuncia un proyecto de baja en la edad de punibilidad, con la excusa de garantizar la seguridad ciudadana, concepto que en sí mismo es una falacia. Probado está que el índice de delitos crece cuando impera la desocupación y el estado deja librado a su suerte a los sectores populares, a los más desprotegidos y a aquellas poblaciones en situación de riesgo. También que este tipo de gobiernos prefiere construir más cárceles que escuelas.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 10 de enero,  casi 1000 vendedores manteros fueron reprimidos por la policía metropolitana, que avanzó con palos, gases y balas de goma cuando  cortaron la Avenida Rivadavia exigiendo un lugar digno donde trabajar  y solicitaban un marco regulatorio para su actividad dispuestos/as a pagar monotributo. Reclamo válido, necesitan vender para mantener sus familias y deben hacerlo en los centros de consumo, no aislados en un galpón alejado, como pretendía el gobierno.

Ya habían anunciado el presidente Mauricio Macri y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta,  las medidas que se tomarían contra los cortes de calle, con la excusa que no permitirían se coartara el derecho al libre tránsito. Decisión que se aplica  cuando se realizan por reclamos, nunca cuando son parte de espectáculos organizados por los amigos del poder, que nunca cuentan con la autorización requerida.

En el mismo día, en Chubut, la comunidad mapuche del Lof en Resistencia del departamento Cushamen, denunció que más de trescientos efectivos de la Gendarmería Nacional y fuerzas de la policía provincial invadieron su territorio, para reducir a cinco familias. Los testimonios de las víctimas son escalofriantes. En una versión moderna de la campaña al desierto, la gendarmería desplegó todo su poder con helicópteros, drones, caballería, infantería y aviones hidrantes. Estos últimos, deberían estar al servicio de las provincias desbastadas por el fuego, nunca para reprimir.

Persiguieron a los integrantes de la comunidad a golpes y patadas, algunos tuvieron que cruzar el río, perseguidos por la caballería que disparó  postas de goma y balas de plomo. Destruyeron las puertas de las viviendas donde se refugiaron las mujeres con sus niños y niñas. Hay tres heridos graves y varios detenidos, algunos familiares del Lonko Facundo Jones Huala, a quien intentaron extraditar a Chile y debió ser liberado luego de probar apremios ilegales a contra él y sus hermanos.

El conflicto, se inició en torno a la disputa por el paso del tren turístico “La Trochita” por territorios de la comunidad. El Pu Lof exigía el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que marca precisiones de cómo deben actuar los gobiernos en estos casos y tiene rango constitucional. Sin embargo el gobernador Mario Das Neves, cercano al macrismo, prefirió la ruptura de la mesa de diálogo y la represión antes que implementar la consulta correspondiente.

La cuestión de  fondo del conflicto es la recuperación para el pueblo mapuche  de las tierras que estaban en manos de Benetton, dueño de más de un millón de hectáreas en la Patagonia. Lo mismo que el magnate Joe Lewis y la familia real holandesa,  van apropiándose de nuestra Patagonia mientras comparten las vacaciones con el presidente argentino.

Desde UnTER  repudiamos y denunciamos la decisión de reprimir como forma de disciplinar a un pueblo que ha decidido valorar y defender la Democracia. Estaremos alerta y organizados junto a quienes estén dispuestos a impedir el avance sobre los derechos que se lograron luego de años de luchas colectivas por una sociedad más justa, solidaria y sin exclusión.

Unión de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Río Negro (UnTER)

General Roca-Fiske Menuco, jueves 12 de enero de 2017

enero 19, 2017 at 4:03 am Deja un comentario

Miles de puestos de trabajo amenazados por la municipalización de los comedores en la provincia de Buenos Aires

miles-de-puestos-de-trabajo-amenazados-por-la-municipalizacion-de-los-comedores-en-la-provincia(Por Luis Lombar, prosecretario gremial de la Asociación de los Trabajadores del Estado -ATE-, regional Sur de la provincia de Buenos Aires, lunes 16 de enero de 2017)- Mediante el decreto Nº 2077 del 22 de diciembre pasado, la gobernadora María Eugenia Vidal aprobó el traslado del Servicio Alimentario Escolar (SAE) a los municipios de toda la provincia. A partir de ahora, si los municipios suscriben el acta de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social se le transferirán los recursos directamente, dejando afuera al Ministerio de Educación (DGCyE).

Lo que estaba planteado en un inicio como una prueba piloto para doce distritos, quedó establecido para toda la provincia. Así el gobierno de Vidal, que recibirá este año 25 mil millones de pesos de Nación en concepto de reparación por el congelamiento del Fondo del Conurbano, buscará ir a un acuerdo con los barones e intendentes del Conurbano, en un año electoral clave.

 Lo grave del acuerdo es que firmada el acta, los municipios serán los responsables de “proveer los recursos humanos”. Mientras que en la actualidad esos cargos están encuadrados en la ley 10.430 provincial como auxiliares personal de cocina y  se concursan por medio de actos públicos con puntaje y el sueldo ronda en los $10.500 pesos, trasladarlos al municipio sería poner los puestos a dedo por los punteros de los barrios y con salarios municipales de $5 mil pesos, un ataque a todos los auxiliares de las escuelas provinciales.

 Y de realizarse el acuerdo con los intendentes, no se sabe qué pasará con los actuales compañeros que desempeñan esas tareas. Para esto el gobierno cuenta con la nefasta “ley de emergencia administrativa” aprobada el año pasado, la cual le permite realizar traslados de compañeros entre los ministerios y los distritos de la provincia, realizar contrataciones precarias, privatizar servicios de la administración, entre otros puntos.

 Los sindicatos de la provincia, tanto UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) y Soeme (Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad), luego de firmar el miserable 18% en cuatro cuotas para todo el año, se mantienen subordinados al gobierno. Por el lado de ATE, salió un comunicado repudiando la municipalización de los comedores escolares pero sin una campaña para preparar un plan de lucha (como de costumbre).  En la última reunión de dirección provincial, la Verde Anusate planteó organizar medidas regionales y no un plan provincial (recién se podría a mediados de febrero según ellos)  para ir por la defensa de todos los puestos de trabajo y la reapertura de las paritarias. La burocracia de ATE está en la tregua con el gobierno de Vidal claramente, por eso festejaron el acuerdo salarial sin realizar ni un paro de una hora y un “compromiso” de pase a planta solo en salud, sin fechas de concretas.

Lejos de estar de vacaciones, las escuelas con comedores de verano están abiertas en toda la provincia, es la oportunidad para empezar a organizar a los compañeros en cada lugar de trabajo y distrito por distrito, sin distinción en afiliación gremial, para consolidar una perspectiva provincial de lucha. Para esto son necesarias las asambleas seccionales y los plenarios de delegados provinciales para resolver un plan de lucha con medidas progresivas contra la municipalización del SAE, en defensa de los puestos de trabajo y por la reapertura de las paritarias. Para ir preparando con la docencia combativa de los Sutebas el NO inicio de clases.

enero 18, 2017 at 4:33 am Deja un comentario

Los maestros de Santiago del Estero rechazan el incumplimiento de la paritaria nacional docente por parte del Ministerio de Educación de la Nación

cisadems

enero 17, 2017 at 4:43 am Deja un comentario

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