La Agrupación Naranja de Docentes Universitarios llamó a preparar el no inicio de clases en defensa de los salarios, pocos días después de que se conociera que la inflación de 2018 alcanzó el 47,66%, la más alta en 27 años

“Nuestra garantía salarial es hoy de 14.067 pesos para el cargo testigo (ayudante de primera semiexclusiva), un monto debajo de la línea de indigencia. El incremento percibido [en la paritaria], incluyendo las sumas fijas, va entre el 22% y el 25%. La pérdida de poder adquisitivo es de 20%, la mayor caída salarial desde 2002”, denuncia el com unicado de la agrupación, que forma parte de la conducción de AGD-UBA (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires) y Adiunt (Asociación de los Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán) y está presente en numerosas universidades del país.

En contraste, “el pago de los intereses de la deuda equivaldrá a tres presupuestos universitarios y los tarifazos en los servicios públicos de gas, luz y agua alcanzarán un mínimo del 55% este año 2019”, señala el comunicado. La Naranja responsabilizó por esta situación al gobierno de Mauricio Macri y al ministro de Educación Alejandro Finocchiaro, “que aplica el plan colonial del FMI de destrucción de la ciencia, la tecnología y la educación”.

Durante 2018, la docencia universitaria protagonizó una huelga de más de cinco semanas, con un amplio apoyo estudiantil. Pero “las burocracias sindicales de la Conadu, Ctera, Fedun y Fagdut torpedearon el plan de lucha y en el momento de mayor movilización histórica de la Universidad levantaron las medidas de fuerza”. Y firmaron, denuncia el comunicado, el acta salarial que implicó la fuerte rebaja en los ingresos de la docencia. El comunicado añade que estas conducciones son “cómplices del gobierno que excluyó a la Conadu Histórica de todas las negociaciones porque sus asambleas rechazaron firmar el acta de la infamia”.

El 16 de enero, subraya el texto, las conducciones firmantes “fueron partícipes necesarias de la farsa de la ‘cláusula de revisión’ donde el gobierno literalmente no hizo ninguna oferta de recomposición en base a la inflación, congelando nuestro salario”.

El comunicado finaliza con un llamado a derrotar el plan colonial de Macri y los gobernadores con un paro activo nacional de 36 horas de todo el movimiento obrero.

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enero 22, 2019 at 4:11 am Deja un comentario

Los gremios docentes universitarios fueron convocados por Educación para revisar el último acuerdo paritario ante el avance de la inflación: como no recibieron ninguna oferta, advirtieron que peligra el inicio de las clases en las universidades públicas

(Por Sibila Gálvez Sánchez. Página 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, viernes 18 de enero de 2019)- El Ministerio de Educación convocó ayer a los docentes universitarios a una reunión paritaria para tratar la primera cláusula de revisión salarial contemplada en el acuerdo 2018. Pero no hubo avances: los sindicatos de profesores comunicaron que las autoridades no propusieron ninguna oferta salarial y que, en cambio, pidieron un cuarto intermedio hasta el lunes 21. En ese contexto, los gremios advirtieron que peligra el inicio normal del próximo ciclo académico.

El acuerdo paritario del año pasado fijó un 25 por ciento de aumento salarial de marzo a octubre, con una cláusula de revisión en diciembre y una en febrero, y fue firmado por las representaciones sindicales de Conadu, Fedun, UDA y Fagdut. Ayer, la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) abrió la primera instancia de revisión y convocó a los dirigentes de esos gremios. La Conadu Histórica denunció que fue excluida de la negociación por no haber aceptado firmar la paritaria.

Tras participar del encuentro, la dirigente de Conadu Verónica Bethencourt expresó que “el espíritu de la cláusula de revisión salarial que firmamos en el acuerdo paritario es no perder poder adquisitivo frente a la inflación y recomponer el salario: eso implica un 16,6 por ciento de aumento”, detalló. “Vemos con preocupación que la SPU reconozca que no está al alcance de otorgarnos ese porcentaje que nos corresponde y exigimos que realicen una propuesta inmediata que llegue a cubrir las necesidades de las y los trabajadores”, agregó.

Desde la Fedun precisaron que “el Ministerio de Educación se presentó en la mesa paritaria sin ninguna propuesta concreta para compensar el desfasaje del 21 por ciento que tuvo nuestra paritaria respecto de la inflación, que afecta de manera grave el poder adquisitivo de los trabajadores docentes universitarios”. La federación anunció que corre riesgo el inicio de clases en las universidades públicas y planteó: “Mientras el índice oficial de inflación escala al 47 por ciento y se habilitan incesantes aumentos en las tarifas de los servicios públicos, el Gobierno no da respuestas a los reclamos salariales exponiendo a los trabajadores a una situación crítica”.

“Hoy no están dadas las condiciones para que comience el ciclo lectivo 2019. Si entre el 21 de enero y el 8 de marzo no hay una recomposición salarial correspondiente, no va a haber inicio normal de las actividades”, avisó el secretario de Organización de Conadu Histórica, Antonio Roselló. En ese sentido, el dirigente destacó que “el salario para el cargo testigo es de 14 mil pesos en mano y el costo de la canasta básica total en la Ciudad de Buenos Aires, según el propio Horacio Rodríguez Larreta, es de 24 mil pesos”. Por otro lado, denunció que la cartera que conduce Alejandro Finocchiaro excluyó a la Conadu Histórica “de todo tipo de negociación, del bono, de los fondos de capacitación y, ahora, de la recomposición salarial, porque nuestras asambleas y congresos resolvieron no firmar el acta paritaria del año pasado”.

Además de una urgente recomposición salarial, el reclamo de todos los sindicatos incluye el blanqueo del adicional no bonificable, es decir, el pasaje de las sumas fijas al sueldo básico, y la regularización de los docentes contratados y ad honorem, previsto en el acuerdo paritario. El año pasado estas demandas llevaron a un conflicto con tres semanas de paro, clases públicas y tomas de facultades, que desembocó en una movilización masiva a Plaza de Mayo.

enero 21, 2019 at 4:01 am Deja un comentario

“El manejo de los datos de las evaluaciones y la utilización mediática y política de los mismos genera, como mínimo, un manto de sospecha, ya que el uso de dichos resultados se ha convertido en el instrumento fundamental para legitimar el achicamiento del sistema y el cierre de instituciones educativas”

Al día siguiente de la operación fraudulenta llevada a cabo por el Ministro de Educación de la Nación el ministro Alejandro Finnochiaro, el señor de la foto, en el marco de la reunión del CFE (Consejo Federal de Educación) para aprobar la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de Institutos de Formación Docente (CONEAFOD), los medios de comunicación que están al servicio del poder gobernante salieron rápidamente a denostar a la formación docente de nuestro país, a través de la publicación de los resultados del operativo Enseñar 2017 aplicado a los estudiantes de los Institutos de Formación Docente.

Tal como venimos denunciando desde CTERA, los operativos de evaluación “Enseñar” se instrumentan en el marco de una política educativa neoliberal que impulsa el gobierno actual y que se caracteriza por la mercantilización y la privatización educativa, el desfinanciamiento del sistema educativo, el cierre de escuelas y de institutos de formación docente, de carreras, de cursos, entre otros. En este contexto, el manejo de los datos, de los resultados y la utilización mediática y política de los mismos genera, como mínimo, un manto de sospecha, ya que el uso de dichos resultados se ha convertido en el instrumento fundamental para legitimar el achicamiento del sistema y el cierre de instituciones y para justificar la “profecía autocumplida” del macrismo acerca del problema que significa “caer” en la escuela pública.

Para los medios oficialistas estos resultados constituyen la “verdad revelada de lo que sucede en todos los institutos del país”. Cuando en realidad los resultados no pueden tomarse como representativos porque, entre otras cosas:

Se basan en un diseño muestral distinto en cada jurisdicción del país. Mientras en algunas provincias el operativo fue censal, en otras fue aleatorio; con la llamativa particularidad de que en provincias que gobierna “Cambiemos” o son oficialistas (CABA, Provincia de Buenos Aires, Córdoba), la muestra fue intencional; o sea que la jurisdicción propuso a los institutos que iban a ser evaluados. De esta forma quedó configurada una muestra no representativa, con un nivel de participación jurisdiccional muy desigual (por ejemplo, Neuquén no participó). Del total país (1.344 institutos que brindan formación docente según el Anuario 2017), sólo participaron 464 institutos; es decir, que el porcentaje de participación sólo alcanzó al 35%.

Esconden los bajos niveles de participación del estudiantado. Participaron del operativo 11.941 estudiantes del último año. Si se tiene en cuenta que los egresados de la formación docente en 2016 -último dato disponible- ascienden a 50 mil, apenas representa el 24% de los estudiantes que egresan. Los niveles de participación son muy bajos y dan cuenta de la escasa legitimidad que tiene el instrumento como evaluación diagnóstica. Por ejemplo, en CABA, la participación de estudiantes de Institutos de gestión estatal fue tan solo del 25%, el mismo porcentaje en Río Negro. En Mendoza, donde expresan que participó el 100% de las instituciones (provincia bajo la modalidad censal), los estudiantes participantes son 656. Este valor representa sólo el 31% del total de egresados de la formación docente.

Documento elaborado por la Secretaria de Educación, Equipo “Evaluación Educativa”: Liliana Pascual, Luz Albergucci y Miguel Duhalde.

 Secretaría de Educación – Instituto de Investigaciones Pedagógicas “Marina Vilte”

Se basan en una evaluación normativa. Este tipo de evaluación normativa es la que había caracterizado a los ONE en los 90, siendo reemplazada a partir del 2005 por una evaluación criterial. En la evaluación criterial se evalúa el avance del alumno hacia el objetivo propuesto y la distancia que lo separa de él. Las funciones que cumple este tipo de evaluación son: establecer un balance con los objetivos propuestos, y realizar un diagnóstico de las dificultades, conceptos que nos remiten en mayor medida a los fundamentos de la evaluación formativa. Por el contrario, la evaluación normativa compara el lugar que ocupa cada alumno, según su rendimiento, en relación con sus compañeros o con una escala. Se reduce a una medida de desempeño en relación al conjunto evaluado y puede dar resultados diferentes si es otro el universo de estudiantes evaluados.

La misma responsable de toda esta operación, Elena Duro, dice en el informe: “En tanto estudio exploratorio, es importante señalar que las conclusiones de este informe sólo pueden entenderse y asumirse para la población que rindió efectivamente la evaluación, y no son extrapolables al conjunto de personas de todo el país que se encontraba en una situación similar”. Sin embargo, obviando esta confesión, los medios presentaron los resultados a la opinión pública como si fueran válidos para todo el sistema formador.

Incluso, de manera sesgada salieron a decir que “el 40% de los nuevos docentes tienen dificultades en lectura y escritura”. También podrían haber presentado la información diciendo que el 60% no tiene esas dificultades, entre los cuales el 40% está por encima de lo esperado y un 20% dentro del promedio. Pero la información que había que dar es que los Institutos forman malos docentes, ergo hay que cerrarlos.

Desde CTERA nos preguntamos entonces sobre la validez y confiabilidad de estos datos que son presentados de manera sesgada y que están atados a la conformación de un universo no representativo. Evidentemente, estas decisiones sólo expresan la clara voluntad de desprestigiar a la docencia, establecer rankings de escuelas e institutos, y así justificar el ajuste y la mercantilización de la educación pública.

A todo esto hay que sumarle que a los docentes y directivos sólo se los convoca a la participación en las instancias instrumentales y de aplicación; cuando la evaluación, sus objetivos, propósitos y formas de instrumentación ya estaban decididas de antemano, con lo cual los docentes quedan afuera de la decisión de aspectos fundamentales del proceso evaluativo.

Por todo esto, desde CTERA expresamos no sólo nuestro rechazo al uso mal intencionado de los resultados de los operativos de evaluación sino que también denunciamos el uso político de la información educativa, buscando el momento en el que presentan datos que puedan autojustificar las políticas de vaciamiento y destrucción de la educación pública que este gobierno viene llevando adelante desde su misma asunción.

enero 20, 2019 at 3:26 am Deja un comentario

Los trabajadores de la educación de La Rioja rechazan la propuesta oficial por no contemplar la inclusión del 25 por ciento de aumento en el salario básico

La Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja (AMP) expresa su disconformidad por el anuncio ministerial de propuesta salarial. Estamos convencidos de la ratificación del no Inicio del Ciclo Lectivo 2019.

Se trata de una imposición salarial, no aceptada por ningún sindicato docente, y de una manipulación en la comunicación por parte del señor ministro de Educación y del gobierno provincial.

enero 19, 2019 at 4:05 am Deja un comentario

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) permanecerá abierta durante todo el verano para impulsar las medidas decididas junto a la Multisectorial en defensa de las escuelas nocturnas que se conformó para frenar el cierre de los 14 establecimientos dispuesto por la gestión de Rodríguez Larreta

El plan de acción para defender el derecho de sus estudiantes a acceder a la Educación Pública incluye diversas acciones con la Multisectorial que durante el verano informará a la comunidad acerca del peligro que corre la educación pública. La Multisectorial instalará mesas en la puerta de las escuelas comerciales afectadas por la Resolución 4055/2018 y promoverá la inscripción.

“El primer punto que llevaremos a la Mesa Salarial de enero será el NO cierre de las escuelas nocturnas. Si el Gobierno de la Ciudad no da marcha atrás con esta medida, no comenzarán las clases porque no seremos cómplices pasivos de la destrucción de la Educación Pública ni del recorte del derecho social a la Educación de miles de jóvenes que trabajan y estudian de noche”, sostuvo Eduardo López esta mañana durante una conferencia de prensa que contó con la presencia de autoridades escolares de los establecimientos que Larreta busca desguazar.

Antes de la conferencia, la Multisectorial se reunió para plantear una serie de acciones y definió los pedidos que elevarán al Ministerio de Educación de la Ciudad: que se garantice el Boleto Estudiantil para estudiantes de escuelas nocturnas, otorgamiento de Becas actualizadas, presencia de trabajadorxs sociales, implementación de programas de acompañamiento de trayectorias que permitan garantizar la retención de las matrículas y la inscripción de estudiantes de primer año en todas las escuelas nocturnas impulsadas por la Multisectorial y lxs trabajadorxs de la educación.

Durante el verano la UTE impulsará la inscripción a las secundarias nocturnas en distintos puntos de la Ciudad y mantendrá abierta su sede de Bartolomé Mitre 1984 entre el 3 de enero y el 13 de febrero, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00, para inscribir y recibir todas las inquietudes de la Comunidad Educativa.

Posteriormente los listados serán presentados al Gobierno de la Ciudad para exigir a la gestión Cambiemos que cumpla con la Ley y la Constitución y garantice el ingreso a la educación estatal de las y los estudiantes de entre 15 y 18 años que no cuentan con ninguna otra oferta educativa.

En la ciudad de Buenos Aires hay 400 mil personas que no terminaron el secundario, lo que expresa la necesidad de abrir más escuelas, una política contraía a la de Rodríguez Larreta que intenta cerrarlas.

Participaron del anuncio el titular de AGTSyP y miembro de la conducción de CTA Nacional Roberto Pianelli, la pedagoga Adriana Puiggrós y representantes de Familias de la Escuela Pública, Familiares Organizados del Acosta, Agrupación La Rayuela, Cooperadores en Movimiento, Foro por la Educación Pública y Agrupación Comunes. También estuvieron presentes delegadxs y rectorxs de Escuelas de Comercio, supervisorxs de Educación Media, docentes de la Escuela de Cerámica y del Jardín Maternal del Hospital Ramos Mejía.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miércoles 2 de enero de 2019

enero 18, 2019 at 3:08 am Deja un comentario

El ministro de Educación de Bolsonaro contra los docentes y a favor del golpe militar

“Ricardo Vélez Rodríguez es el elegido por el ultra derechista Jair Bolsonaro (los dos señores que sonríen en la foto que acompaña) para ocupar el Ministerio de Educación. Sin haber asumido ya se declaró enemigo de los y las docentes y abiertamente golpista.

En el escandaloso texto publicado en su blog, Vélez Rodríguez dice que el día en que fue instaurado el golpe militar, el 31 de marzo de 1964, es una fecha que debe ser conmemorada.

Se trata de una nueva muestra del gobierno que se prepara a partir de enero del año que viene con Bolsonaro a la cabeza. En especial envía un claro mensaje sobre su postura hacia la educación. Tanto el presidente electo como su ministro apoyan el proyecto llamado “Escola Sem Partido” (Escuela sin partido), que censura a los docentes en cuanto al contenido que pueden impartir y desata una pesecusión en su contra en caso de que apliquen contenidos de educación sexual, que el nuevo gobierno llama “ideología de género”.

También queda claro el objetivo de revisar el rol de los militares en la historia reciente y en la actualidad, dentro de los planes educativos. Esto es parte de su pedido para que se conmemore el día en que tuvo lugar el golpe militar de 1964, responsable de la tortura y muerte de miles de jóvenes y trabajadores.

Para Vélez Rodríguez las muertes por torturas, las prisiones ilegales, la persecución política a trabajadores y estudiantes que luchaban por sus derechos, la censura a los docentes, intelectuales, artistas o la desaparición de militantes, forma parte de algunas “fallas” y “excesos” de un “período exitoso y grandioso para el país”.

El futuro ministro también atacó a la Comisión de la Verdad creada en 2011. Esta Comisión ni siquiera tenía el objetivo de enjuiciar y castigar a los genocidas de la dictadura, sino que en su propia génesis ya estaba inscrita la impunidad para los militares golpistas y los empresarios que lo patrocinaron, como parte de la estrategia de conciliación del PT con las Fuerzas Armadas. Sin embargo el gobierno de Bolsonaro no está dispuesto a aceptar siquiera esta Comisión anodina, y Vélez Rodríguez no quiere que se traiga a la luz el hecho de que el período dictatorial fue marcado por tales persecuciones y muertes.

Es para imponer esta ideología y la reivindicación de la dictadura que necesitan de la “Escola Sem Partido”. Quieren omitir la realidad para defender lo indefendible: la barbarie impuesta por el golpe militar de 1964.

Es por esto que Vélez Rodríguez defiende a través del Movimiento Escuela sin Partido la supresión de la libertad de pensamiento crítico y de la libertad de cátedra de los profesores, la persecución en las escuelas, la prohibición de la libertad de debate de género y sexualidad entre los jóvenes.

Bolsonaro necesita atacar a los y las docentes que terminan siendo voceros de las penurias que vive el pueblo brasileño. Al estar todo el día en contacto con los dramas de miles de niños, hijos de trabajadores, y con sus familias, sintiendo el peso del desempleo, de la superexplotación, de las reformas laborales, de la miseria, del racismo, de la homofobia, los y las docentes terminan convirtiéndose en portavoces de esas demandas y representantes de la necesidad de salir a luchar contra esos problemas. Por eso el proyecto de ley de Escola Sem Partido, se combina con una caza de brujas en las aulas, donde Bolsonaro pidió a los estudiantes que filmen a los profesores que “hacen política. (…)”

Leer el artículo completo aquí.

enero 17, 2019 at 4:05 am Deja un comentario

Cerrar escuelas es una tragedia pedagógica

(Por Miguel Andrés Brenner, investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires,  profesor en Institutos de Formación Docente)- El cierre de las escuelas nocturnas en la Ciudad de Buenos Aires marca un estilo que pretende avasallar el espíritu de la pedagogía, en una época en la que el “diálogo” es una palabra vacía de contenido real, donde las reformas educativas se realizan “sobre” los docentes y no “con” los docentes, con la única pretensión del ajuste en “recursos humanos”[1] en favor de los intereses de una exacerbada competencia individual, emprendedurista y meritocrática, donde cada uno sería el “gestor” de su propio destino, al modo del “just do it”, “simplemente hacelo”. Y, en la medida en que no lo hagas, no importa qué, serías “vos” el único responsable. Éste es el espíritu del cierre de las escuelas nocturnas en la Ciudad de Buenos Aires.

¿Qué reemplaza a dichas escuelas? El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en su página web, señala que se puede realizar el secundario completo o rendir solamente las materias que se adeuden, sin obligación de asistir a clases, siguiendo el propio ritmo, mediante plataformas virtuales, guías de estudio, espacios de consultoría[2], con el apoyo de docentes y facilitadores. La única instancia presencial obligatoria son los exámenes.[3]

En síntesis, es el olvido de la pedagogía, una negación que somete a los alumnos a la dictadura de las empresas que diseñan y establecen contenidos a aprender desde sus criterios de mercado. Es la negación del docente, es la negación del alumno.

La negación del docente se da cuando su palabra en el diálogo con la palabra de los alumnos es reemplazado por tecnologías cuyos mentores no se conocen con nombre y apellido, ni empresas, ni personal que fabrica las plataformas virtuales.

La negación del alumno se da en tanto adolescentes y adultos,  que requieren cumplimentar con la obligatoriedad de la escuela secundaria, son abandonados al autoaprendizaje. El autoaprendizaje es posible cuando hay un dominio de la lectoescritura, cuando hay un dominio de habilidades y contenidos propios de una alfabetización concorde a los requerimientos críticos del siglo XXI, cuando hay un dominio de los tiempos y ritmos que hacen a las necesidades materiales y simbólicas.

Un alumno que o bien carece de empleo, o bien se encuentra precarizado, o bien sufre las “inclemencias” producidas por los pocos sectores que usufructúan de sus vidas, un alumno que vive en un estado de incertidumbre económica, alimentaria, entre otras, difícilmente se halle con el sentido de discriminar entre ritmos propios y los ritmos que impone una política de saqueo de la condición humana de vida en comunidad.

Es por ello que hoy, más que nunca, se hace necesaria una educación donde predomine el diálogo de un mundo que se comparte, donde la relación cara-a-cara sea el espíritu que estimule el aprendizaje educativo[4], donde la misma relación docente alumno es una relación educativa en el más prístino sentido otorgado por Paulo Freire.


[1] En tal sentido, los docentes somos considerados como meros medios, meros “recursos”, con la misma jerarquía que los “recursos materiales”.

[2] http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/estudiantes/adultos-2000/instituciones-y-centros-de-apoyo

[3] http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/estudiantes/adultos-2000/que-es-adultos-2000

[4] No todo aprendizaje es educativo, y no lo es cuando el ser humano desaparece en la tecnología. Lo digno es una tecnología al servicio del ser humano, y no al servicio del mercado.

enero 16, 2019 at 3:17 am Deja un comentario

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