Dos décadas de reformas y la educación argentina es cada vez más privada y menos pública

(Por Laura Marrone. Argenpress, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jueves 26 de febrero de 2015)- Han pasado más de dos décadas desde que los organismos internacionales comenzaron a proponer reformas a los sistemas educativos que, durante casi dos siglos, habían respondido más o menos adecuadamente a las demandas del capitalismo. Dichas reformas condujeron, entre otros aspectos, a un creciente proceso de privatización y pérdida del carácter público de los sistemas educativos. La presente nota aborda esa cuestión, en particular en Argentina. Otros temas de importancia como el de financiamiento y de la recolonización ideológica a que condujeron esas reformas son analizadas en otros trabajos. (1)
Las Reformas de los 90 buscaban un nuevo orden de la educación para que se adecuara a los cambios del capitalismo en la llamada etapa de globalización. Un capitalismo que des-localizaba la producción en cualquier lugar del planeta de acuerdo a la lógica de búsqueda de mayores ganancias de los cada vez más concentrados capitales internacionales. Capitales que requerían, a su vez, la división mundial del conocimiento entre los países centrales destinados a producirlo y aquellos destinados a su aplicación tecnológica o a su mero uso como consumidores en los países periféricos.
En Argentina las políticas neoliberales rediseñaron las bases de la economía mediante la destrucción de las ya débiles industrias nacionales, la privatización de los servicios públicos, la entrega de los recursos naturales, y el agravamiento del endeudamiento externo. Fue necesario, entonces, adecuar el sistema educativo a tales exigencias. Como la sombra al cuerpo, las reformas educativas acompañaron la reforma neoliberal.
Se sancionó la Ley Federal de Educación Nº 24.195/93 y la de Transferencia de escuelas a las provincias Nº 24.049/92, exigida por el FMI para liberar al estado nacional de gastos y así poder afrontar el pago de la deuda externa (Plan Brady). El centro de la reforma consistió en un rediseño del rol del estado, más que en la creación del ciclo intermedio entre el nivel primario y medio, la EGB, como mayormente se popularizó la mencionada ley. El estado dejó de ser responsable del financiamiento de la educación delegando el sostén directo de las escuelas a las provincias y familias, al mismo tiempo que centralizaba el control político de lo que se enseñaba, mediante la ingeniería de programas y distribución diferenciada de algunos recursos.
Posteriormente el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner asentó sus propuestas educativas sobre el modelo que dejó instalada la Reforma de los 90. Las leyes de Ley de Educación Técnica Nº 26.058/05, de Financiamiento Nº 26.075/06, y la Ley de Educación Nacional Nº 26.206/06, entre otras, no modificaron sus grandes trazos. Corrigieron sus aspectos más burdos, refinando el rol centralizador político del sistema educativo, por ejemplo, mediante el funcionamiento del Consejo Federal de Ministros, la legitimación de títulos a escala nacional, la Nueva Escuela Secundaria, o la creación del Instituto Nacional de Formación Docente para regir la formación docente inicial y continua. Eximido del sostén cotidiano de la totalidad del sistema, el Estado nacional pasó a direccionar las políticas y los lineamientos curriculares.

Por la escuela públicaLa privatización en ascenso

Stephen Ball y Devorah Youdell señalan que, en realidad, las reformas de la educación debieran renombrarse como “la privatización encubierta de la educación pública”. Sostienen que existen dos clases de privatizaciones: una exógena a la escuela pública y otra endógena, en la escuela pública. La exógena supone la apertura de servicios públicos a la participación de sectores privados con beneficios económicos. La endógena refiere a la importación de métodos, ideas y prácticas del sector privado, que son introducidas en el ámbito público. (2)
Estas formas de privatización conducen al funcionamiento del sistema educativo como cuasi mercado mediante diferentes mecanismos. Modifican la manera en que se organiza, se gestiona y se presta la educación, la manera en que se deciden y enseñan los planes de estudio, la manera en que se evalúan los resultados de los alumnos y, por último, la manera en que se juzga a los estudiantes, los profesores, los centros docentes y las comunidades locales.
La privatización exógena
El aspecto más conocido de la privatización lo constituye la existencia de dos circuitos educativos, el público y el privado. En las últimas décadas, el neoliberalismo instaló la cultura de que cada familia tiene derecho a elegir la educación de sus hijos, como derecho individual, y no como una construcción colectiva, social. A fin de favorecer esta libre elección, las escuelas son promocionadas mediante la publicación de ránkings que ofrecen datos sociodemográficos, resultados académicos y hasta étnicos.
En Estados Unidos, por ejemplo, existen guías de escuelas que indican la composición étnica de su población escolar y los resultados obtenidos en las pruebas de evaluación externa. El propósito es instalar el mecanismo de competencia entre establecimientos por la matrícula. El resultado de esta competencia a su vez, determina la distribución desigual de los recursos financieros del estado y los salarios docentes. En Chile, por caso, se distribuyen vales o vouchers a los padres para que elijan la escuela de sus hijos, y éstas, a su vez, están autorizadas a cobrar el 50% más en aranceles.
En nuestro país, este derecho está contemplado en forma explícita por las leyes de educación vigentes, lo que supone la existencia de empresas e instituciones privadas que brindan servicios educativos. En el sostén de estas asociaciones, nuestro país es vanguardia en el mundo. Somos uno de los primeros que sancionó una ley que consolidó el sistema de subsidios del estado a la educación privada en 1947 durante el primer gobierno de Perón, mediante la Ley Nº 13.047. Esto ocurrió mucho antes que el propio Milton Friedman, el ideólogo del neoliberalismo y su esposa Rose Marie publicaran su libro La Libertad de elegir, en 1980, proponiendo el sistema de vouchers ya mencionado, o que, en Inglaterra, se extendiera el sistema de charters por el cual el estado establece convenios con organizaciones comunitarias para la gestión social de una escuela.
En nuestro país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la avanzada de la educación entendida como mercado. Una de estas expresiones es la existencia de una página web que contiene el Boletín de mi escuela donde se pueden leer los datos sociodemográficos de la zona, de sobreedad y repitencia, una versión del ranking de escuelas que existe en Estados Unidos. De este modo se intenta crear la cultura en las familias que tienen el derecho a elegir la escuela de sus hijos, incluso dentro del sistema público. La reciente instalación de un sistema de inscripción en línea, que quitó a las escuelas y a la docencia la función de organizar la matrícula, ha favorecido claramente el proceso privatización de la matrícula, cierre de grados y cursos. Al mismo tiempo, el gobierno del PRO no ha solucionado el problema de la falta de vacantes en escuelas públicas en zonas de la ciudad como la del sur y en algunos niveles como el inicial.
El crecimiento de la matrícula en las escuelas privadas
En 1955, la educación privada en Argentina era del 8% en el nivel primario, 18,5% en nivel secundario y 6,2% en terciaria. En 1988 el nivel de privatización registraba un avance significativo: 18% en primaria, 28,7% en media y 27,6% en terciario. (3)
La reciente publicación de las estadísticas de matrícula del 2013 por parte del Ministerio de Educación de la Nación da cuenta que la privatización de la educación ha registrado un salto cualitativo durante las dos últimas décadas, especialmente durante la última. Mientras en el 2005 la educación privada representaba el 26,5%(4), solo 8 años más tarde, en el 2013 representa el 29%.
La Ciudad de Bs As ostenta las cifras más vergonzosas: la mayoría de su educación es privada, 51%. La provincia de Bs As, por su parte, registra una de las tasas de crecimiento más vertiginosas de la educación privada en la última década. Cuenta con 36% de su matrícula privada en toda la provincia y 40% en el conurbano. Córdoba 33% y Santa Fe, 29%. (5)
El nivel primario tiene la mayor tasa de crecimiento de la privatización, en forma constante, a nivel nacional desde el 2003. En 2013 se perdieron 49.094 alumnos primarios y similares cifras en el 2012 y 2011. En total, en la última década, la escuela pública perdió 301.907 alumnos, lo que representa una reducción del 8,2% de la matrícula. En tanto, la matrícula privada creció 25,65%, alrededor de 244.482 alumnos. (6)
Más preocupante aún resulta la lectura de la matrícula de primer grado pues preanuncia las nuevas tendencias. La pérdida es de 4,6% sólo en ese grado, con cifras graves como las de las provincias de Chaco (-14.4%), San Luis (-13.1%), Santiago del Estero (-11.3%) y Catamarca (-9%). Estas cifras podrían indicar no sólo un proceso de privatización que acompañara al de las provincias más ricas, sino también un proceso de desescolarización ligado a los nuevos índices de pobreza y de desocupación. (7)
La escuela media, que vio alumbrar su obligatoriedad en esta década como parte de la conquista de un derecho, ha registrado desde 2003 un crecimiento de la matrícula pública de 225.689 alumnos (+8.9%). Pero la escuela secundaria privada, duplica esa cifra: 16.8%, 158.240 alumnos más. La proyección, sin embargo, vuelve a ser preocupante porque para el primer año, en el 2013, hubo pérdida de matrícula: 0.9% respecto del año anterior a nivel nacional, con cifras récord como Chaco que perdió el 6% o Santa Fe, 4,3%. Así mismo es doloroso comprobar que el 40% de los egresos de la escuela media corresponden a la escuela privada. (8)
El nivel inicial sigue estando fuertemente privatizado: 33% a nivel nacional. Tiene la tasa de crecimiento de la educación privada más alta. Es el nivel más vulnerable a la implantación de las nuevas formas de privatización, con regímenes de gestión social o cooperativo, tal como lo impulsan las directivas de los organismos internacionales, incluso por fuera del ámbito de la educación, dentro de áreas como Desarrollo Social, sin personal docente, como espacios asistenciales o contenedores, en fin, a la manera de las viejas guarderías, desconociendo a la primera infancia como poseedora del derecho a la educación.
El nivel terciario no universitario es el más privatizado: 37% con algunas cifras récord como la Ciudad Autónoma de Bueos Aires, donde alcanza el 56%. (9)
La cifra de 29% de la matrícula privada, sin embargo no está cristalizada. Podemos estimar que la tendencia es a que aquellas provincias más rezagadas en la privatización alcancen cifras mayores, como ya se mostró al analizar las matrículas de los primeros grados.
La comparación con los niveles de privatización de otros países tal vez nos sirva para dimensionar la gravedad de lo que vivimos. Chile, el país más privatizado del continente, tiene 45% de educación privada. Un caso solo equiparable a los países del este post- dictaduras estalinistas, donde las Reformas de los 90 tuvieron sus mejores alumnos: sistemas educativos municipalizados, financiamiento por alumno, directores que eligen a sus docentes, agencias privadas que diseñan los programas y planificaciones de los docentes, sistemas de evaluaciones externas que determinan la distribución de presupuestos. En fin, al decir de Ball, la privatización exógena y endógena a pedir de boca.

Por la escuela públicaLa privatización subsidiada

La desigualdad social se replica en una desigualdad en educación. Las escuelas privadas disponen de asignaciones de recursos por alumna/o superiores a las del estado. Un estudio de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, U.E.P.C., da cuenta que entre 2001 y 2011 mientras la asignación de recursos por alumna/o en la educación media-superior de instituciones públicas se redujo 3,7%, en los institutos privados aumentó 60%. En el nivel primario se redujo 9,7% mientras que en el privado aumentó 26,3%.(10)
Pero la diferencia de ingresos de cada grupo social no es el único factor que conduce a la desigualdad. Los altos índices de privatización se sostienen, en parte, como dijimos más arriba, por la existencia de subsidios a la educación privada por parte del Estado. Según Centro de implementación de políticas públicas para la equidad y la calidad, C.I.P.P.E.C., la derivación de fondos públicos a la educación privada se duplicó, en términos reales, desde el inicio de la Reforma de la educación en 1993 hasta 2005: pasó de $704 millones a $1426 millones en 2005. La transferencia anual por alumno aumentó de $592 en el 1994 a $754 en el 2000. Durante la crisis 2001-2002 habría caído a $510 para luego recuperarse hasta llegar a $650,9 en el 2005. En el 2005, 65% de las escuelas privadas estaban subsidiadas. El total de transferencias del estado a la educación privada representaba el 13% del total del gasto en educación, 0,47% del PBI. (11)
En el período 2005-2009 era de un promedio nacional de 18,4%, con provincias como Córdoba que alcanzaban entonces el 24% o Santa Fe el 20%, según investigaciones de Vior&Rodríguez. (12)
Al respecto deberíamos revisar una cuestión metodológica. Estos porcentajes deberían establecerse en una comparación entre lo que efectivamente el Estado dedica a cada alumno en uno y otro sistema, descontando los gastos de la administración central del sistema educativo de cada jurisdicción. De este modo se verificaría que los porcentajes destinados a cada alumno de la escuela privada por parte del estado son aún mayores.
Carecemos de las estadísticas del último quinquenio de las transferencias del Estado a la educación privada, pero podemos adelantar algunos datos que confirman la tendencia a su aumento. Solo la Ciudad de Bs As dispuso para el 2015 la transferencia de $2.837.974.542 a las escuelas privadas, lo que representa 1$ por cada alumna/o de escuelas privadas por cada 3$ que se destina a cada alumna/o de escuela pública, descontando los gastos centrales de administración. Esto, a su vez, no incluye la transferencia de fondos para arreglos de edificios escolares privados que se computan por fuera de estas cifras.(13) El caso más llamativo en esta Ciudad es el de las escuelas especiales privadas que, cobrando aranceles mensuales de más de $7.000, reciben subsidios de hasta el 80%, lo que supone una fragrante diferencia con lo que se invierte por alumno en una escuela especial pública.
La provincia de Santa Fe destinará $3.286.640.000 a la educación privada en 2015, lo que representa 19% del total de su presupuesto a educación.
Otro ejemplo preocupante de este proceso de privatización subsidiada, como política de estado, lo constituye la sanción en 2014 de la Ley de Jardines Comunitarios en provincia de Bs As. En lugar de reconocer una situación de excepción de casi 1.500 establecimientos que surgieron en la última década para satisfacer la ausencia del Estado en el nivel inicial e incorporarlos al sistema público y a su régimen laboral, la nueva ley introdujo el Caballo de Troya que profundizará la privatización en este nivel. De aquí en más podrán seguir abriéndose jardines comunitarios, subvencionados totalmente por el gobierno provincial de esa provincia, ya no solo para el pago de su personal docente sino para todos sus gastos, incluidos los de mantenimiento de sus edificios, servicios y personal auxiliar. El personal será designado por las propias asociaciones que los gestionan, quienes están facultadas a contratar a personas no docentes, para tareas docentes, bajo la figura del “educador comunitario”. A su vez estas personas podrán perder su estabilidad laboral si dejaran de responder al proyecto de la asociación, lo que habilita a su literal despido por razones políticas o incluso de salud. Una escalada en el uso de la educación como espacio de construcción de clientelismo político y de precarización laboral y educativa. (14)

La educación como mercancía

Lo nuevo, sin embargo, es que ya no estamos simplemente ante la presencia de una asociación o iglesia que pone una escuela. Hoy existen cadenas de empresas que brindan servicios educativos tanto dentro de un país como a nivel internacional. Estas empresas operan gestionando escuelas privadas como dentro del sistema público, tercerizando actividades y servicios que otrora desempeñaban docentes y profesionales dentro del régimen laboral del Estado. Así, se está desarrollando un mercado educativo que rinde beneficios por encima de los índices bursátiles del mundo empresarial, según sostenía The Guardian en Inglaterra en el año 2000.
En trabajos del PREAL, Istar Gómez, un asesor de inversiones en educación, categoriza las temáticas en las que participa hoy la empresa privada: acceso a la educación, fortalecimiento de la calidad educativa, atención a las diferencias e inclusión, incidencia en las políticas públicas y agendas educativas. Refieren a actividades tales como: asesoramiento de padres para la elección de la escuela de sus hijos, servicio de docentes tercerizados para cumplir suplencias, cursos de perfeccionamiento docente dentro y fuera de las escuelas públicas, servicios como la informatización de la gestión escolar, pruebas de evaluación externa, agencias para la administración de la distribución de becas escolares y hasta servicios de gestión de escuelas en reemplazo de directores de las propias escuelas públicas. España y algunas localidades de Brasil, ya tienen en forma creciente escuelas públicas gestionadas por empresas privadas en lugar de directores electos por sus comunidades, como ocurría hasta hace algún tiempo. (15)
Solo en América Latina existen, según el PREAL, Programa de la Reforma Educativa de América Latina, 170 fundaciones o asociaciones vinculadas a empresas que se dedican a educación. Empresas como Kraft Foods Argentina, Ceras Johnson, Johnson Diversey, Massalin Particulares, Glaxo Smithkline, Mimo & co, Productos Roche, Givaudan Argentina, Unilever, Ivax y Roemmers, contratan a Diálogos Emprendimientos Educativos para que suministren en sus empresas la atención para niños desde 45 días de edad hasta los 5 años, hijos de madres-padres trabajadores. (16)
La Fundación Compartir en Colombia, por ejemplo, premia a los mejores docentes. Algo así quiso imponer en nuestra ciudad el PRO cuando instaló el premio al Maestro Sarmiento, pero todavía esta cultura competitiva no se había instalado y quienes se presentaron no eran precisamente los mejores. Fracasó. La Fundación Lemman en Brasil implementa un programa gratuito destinado a directores de la enseñanza pública, educadores en funciones de apoyo técnico o pedagógico y gestores educacionales del sector público.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el PRO ha contratado los servicios de la Universidad de San Andrés para dar cursos de liderazgo a los directores de las escuelas públicas que paga con fondos públicos, al tiempo que vacía el Ce.P.A, el Centro de Pedagogías anticipadas. Este centro funciona desde 1984 y fue una de las primeras escuelas de capacitación del país. En los últimos años ha visto decrecer su número de cursos en favor de asociaciones privadas, y según trascendidos, la intención del gobierno es que la Universidad de San Andrés reemplace al Ce.P.A. en los concursos de ascenso de la carrera docente.
Estas fundaciones, que representan a las más grandes empresas de cada país y del mundo, a su vez, buscan actuar en redes con asociaciones sociales, ONGs, o de la Sociedad Civil. Sus propósitos son múltiples. En caso de realizar donaciones o servicios comunitarios lo hacen a cambio de deducir impuestos, con saldos siempre beneficiosos para las empresas, aunque se presenten como fundaciones sin fines de lucro. Basta entrar en la nómina de cualquiera de ellas para ver cómo derivan impuestos empresas como Coca-Cola, City Bank, American Air Lines, Credicoop, Techint , Pan American Energy, HSBC Argentina, Skanska, Grupo Supervielle, Banco Galicia, Nextel, Banco Macro, Mercedes-Benz, Exxon, Fundación Ford, Fundación Amalita Fortabat. Estas empresas presentan programas como el acompañamiento a la escolaridad de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social. Sus servicios pueden ir desde inscribir como voluntarios a sus empleados para estas tareas o asociar su marketing a la difusión de estas tareas con el objeto supuesto de crear conciencia de responsabilidad social. Todo esto, perfectamente deducible de impuestos.
Pero ahí no termina la cuestión. Estas fundaciones pretenden trabajar en red con organizaciones sociales, de la sociedad civil o de las O.N.G.. De este modo la rentabilidad no es sólo económica sino política. Las empresas lavan su cara frente a la opinión pública de la mano de grupos de militantes sociales que recibirían alguna donación o beneficio para su centro educativo o cultural. Un clásico ejemplo de conciliación de clases, pero con nuevas modalidades.

El modelo empresarial de gestión institucional

Otro componente de la privatización endógena es el cambio de modelo de gobierno de la educación. Se tiende a hacer desaparecer su función política al dejar de hablar de gobierno de la educación o de conducciones de las escuelas, para pasar a emplear el concepto de gestión escolar. La expresión gestión escolar es relativamente nueva y supone un cambio organizacional. Los directores pasan a gestionar partidas de presupuesto escolar, a sus empleados, tanto en la contratación como en las retribuciones.
A su vez, las metas a alcanzar por el centro educativo están direccionadas por los planes centralizados por los Reformadores, ya sean ministerios de educación u organismos internacionales, ante quienes el gestor habrá de dar cuenta de resultados, dado que son ellos los que definen, finalmente, la distribución de los recursos. Los Planes de Mejoras, P.I.I.E., entre otros, que instrumenta el gobierno nacional, son una versión todavía tímida de la instrumentación de este diseño organizacional. Así vemos a directores corriendo a bancos a rendir cuentas, u otorgando suplementos salariales que instalan mecanismos de poder nuevos dentro de las escuelas.
La gestión escolar impone la lógica del resultado como prioritario, lo que en términos educativos es altamente nocivo, como podemos imaginar. Forma parte de un concepto más amplio de gestión pública que se ha ido imponiendo en los últimos 20 años como parte de la reforma política y cultural de los organismos de estado: descentralizar la administración presupuestaria haciendo responsables a los agentes directos de sus resultados, dividir las grandes organizaciones en unidades más pequeñas, con relativa autonomía, para que compitan entre sí. Estos mecanismos se van naturalizando. Hace más de 20 años era impensable y hasta sospechoso que una escuela recibiera del estado recursos diferentes a otra. Eran para todas o ninguna, como parte de una cultura del derecho público instalada. Hoy, muchos empezamos a competir, sin reflexionarlo, por obtener un pequeño fondo para comprar un recurso que necesitamos y para ello nos sentimos impelidos a mostrar algún resultado.
Todo este diseño conduce a hacer que la escuela funcione como una empresa, y el aula como una unidad de producción. Y de la mano, va la relación laboral: salarios diferenciados por desempeño, contrataciones por fuera de los concursos, cuya renovación depende de la voluntad del gestor, personal carente de título que realiza iguales funciones pero que recibe salarios inferiores, ruptura de los convenios colectivos de trabajo para instalar la discrecionalidad en las retribuciones.

La elección de las familias de la educación privada

Pero si la intención de los empresarios es clara respecto a su interés por la educación, falta responder a la pregunta: ¿por qué muchas familias eligen la educación privada? Después de ocultar la privatización, el gobierno a través de su vocero presidencial, Jorge Capitanich, ha intentado explicar esta situación argumentando que es reflejo de la mejora en el nivel de vida de los trabajadores por un lado y de la existencia de paros docentes por otro.
El argumento de los paros docentes se cae por su talón de Aquiles: la Ciudad de Bs. As. es una de las que, por diferentes motivos registra menos paros en el país desde hace 20 años, y sin embargo su nivel de privatización es el más alto. Por otro lado, Neuquén una de las provincias que más paros ha realizado tiene uno de los porcentajes más bajos de privatización del país: 18%.
El otro argumento también es difícil de sostener ya que la privatización crece también en barrios de recursos modestos de zonas urbanas. A su vez, son las ciudades más populosas, donde existe mayor oferta pública, las que sin embargo presentan los más altos niveles de privatización registran.
Aquí estamos atrapados en dos problemas. Por un lado la escuela se ha masificando, incorporando a sectores que otrora quedaban afuera, sectores incluso hoy más marginales que algunas décadas atrás debido al empobrecimiento estructural de nuestra sociedad. En la actualidad, la escuela no solo forma para el trabajo y la ciudadanía, como en la etapa anterior del capitalismo. Ahora también responde a una tercera lógica que antes no existía: la de la contención social de los sectores estructuralmente excluidos del sistema económico.
Las clases dominantes no están dispuestas a incorporar a la producción a toda la masa de asalariados potenciales, repartiendo las horas de trabajo, con igual salario, en base a la mayor productividad a partir de la revolución tecnológica de las últimas décadas en la mayoría de las ramas de la producción. La desocupación se ha vuelto estructural y millones en el país y en el mundo no tienen ni tendrán trabajo por generaciones, a menos que se modifique la lógica de la ganancia en la organización económica de la sociedad. Por eso, la escuela es hoy un dique de contención al descontento, especialmente de la juventud que pasará años estacionada en centros educativos, aun cuando no aprenda o lo haga ocupando muchos más años que en décadas anteriores para lograr adquirir conocimientos similares. La educación pasa a integrar, entonces el paquete de políticas de inclusión que buscan paliar la gravedad de una economía excluyente.
Pero si en la escuela estarán todos los sectores, incluso los otrora escolarmente excluidos pero que tenía la potencialidad de obtener un trabajo a su egreso, ahora habrá que conceder a las capas medias o sectores de trabajadores no excluidos, el derecho a elegir que su hijo no comparta banco con la pobreza o la marginalidad. Para ellos habrá subsidios, discriminación de matrícula encubierta, mayores recursos por alumno, aunque no necesariamente mejores docentes. La masificación de la educación se acompaña, inexorablemente, de la estratificación de sus escuelas por sectores sociales, en verdaderos y cada vez más cerrados guetos que reproducen las diferencias del grupo social familiar de origen.
La batalla cultural de quienes luchamos por la escuela pública nos es, por ahora, desfavorable: un sector importante de las capas medias y populares hoy no la sostiene como espacio de todos, donde se construye una subjetividad democrática, de respeto al otro. Sin embargo, hay otro sector que sí, apuesta a sostenerla, desafiando los techos que se caen, los patios que se hunden o las paredes electrificadas, pero ha dejado de ser mayoritario.
Por otro lado vivimos una realidad perversa. Mientras los estados extienden los años de escolarización obligatoria a casi el doble que hace 50 años, no aumentan en proporción su inversión en educación. Esto ha conducido en las últimas décadas a que la docencia de la escuela pública se vea obligada a reclamar por el deterioro de sus condiciones laborales y los bajos presupuestos educativos. Sus luchas muchas veces afectan el normal dictado de clases. Pero sus logros luego reditúan en porcentuales iguales de aumentos de subsidios a las escuelas privadas, donde sus trabajadores, sin embargo, no acompañaron el reclamo con medidas de fuerza, en gran medida, por miedo a ser despedidos.

La batalla cultural y política por recuperar lo público

Lo público es lo de todos, el espacio desde donde es posible reconocer al otro no como una realidad virtual, sino real, en su humanidad más cotidiana. En fin, el espacio que corroe el silencio de la injusticia de una sociedad excluyente porque la hace presente. Donde la hipocresía de las políticas de inclusión o de caridad quedan cuestionadas y la necesidad de defender el derecho de todos, ya no es solo desde la norma, sino desde la realidad de la vida.
Por eso el espacio público ofrece el basamento, y solo eso, desde el cual construir conciencia colectiva, crítica, del mundo que vivimos, para formar sujetos que se piensen a sí mismos como parte de un proyecto de lucha por otra sociedad, sin explotación ni opresión entre los seres humanos.
La escuela pública ofrece la potencialidad de ser un punto de partida para prefigurar nuevas relaciones humanas, no competitivas, solidarias, apenas un punto, pero fundamental, básico. Un espacio desde el cual se pueda al menos imaginar otro mundo, organizado en función de las necesidades sociales y no de la ganancia privada. Su pérdida significa un gran retroceso en esa perspectiva. No naturalicemos el avance de lo privado. Seamos celosos defensores de lo público, y aunemos esfuerzos para derrotar a cada una de las formas encubiertas o explícitas de meter la lógica del mercado y del individualismo en el ámbito educativo.
Recuperemos las históricas banderas de la Declaración de Principios de Huerta Grande de CTERA de 1973, que delimitó claramente su defensa de la escuela pública y su oposición a la educación privada. Un primer e inevitable paso en esa dirección es defender el régimen de concurso público con jurados docentes electivos de designación de sus docentes contenidos en el Estatuto del Docente original, para favorecer el desarrollo del conocimiento público y evitar el clientelismo político o la privatización empresarial de la formación de las jóvenes generaciones. Recomponer el presupuesto educativo para que vuelva a ser responsabilidad del gobierno nacional, de modo de garantizar una inversión igualitaria por alumna/o en todo el país, y garantizar su aumento a 25% del Gasto Consolidado Nacional como planteaba la UNESCO en los años 60. Suprimir los subsidios a la educación privada de las empresas privadas, las iglesias y contra todo intento de cooperativizar la educación. Democratizar el gobierno de la educación extendiendo los modelos de gobierno universitario a los diferentes niveles con formas electivas de sus equipos de coordinación a nivel escolar y distritales. Estas medidas, deben ser consideradas como paso inicial hacia un proceso de reorganización del sistema educativo de carácter público único y nacional.
Abramos el debate. Y de él propongámonos marchar hacia el logro de una nueva ley de educación.
-Laura Marrone es Licenciada en Ciencias de la Educación (UBA). Es Docente en Institutos de Formación Superior. Fue Secretaria de Asuntos Pedagógicos de Ademys (Asociación Docente). Integra el Bloque de la Legislatura del FIT por Izquierda Socialista en la Ciudad de Bs. As.
-El presente trabajo se presentó en el 3er Congreso Nacional de Educación convocado por entidades sindicales docentes, que se realizó en la Escuela Normal Nº 2 Mariano Acosta de la Ciudad de Bs As. en noviembre de 2014.

Notas bibliográficas

1)-Ver http://lauraendamarrone.blogspot.com.ar/2014/10/presupuesto-nacional-de-educacion-2015.html
2)-Ball, Stephen y Youdell, Devorah. (2007), La privatización encubierta en la educación pública. Informe preliminar. Universidad de Londres.
3)-Vior, Susana y Rodríguez, Laura. (2012), La privatización de la educación: un largo proceso de expansión y naturalización. Universidad de Campiñas.
4)-DINIIECE. Anuario estadístico 2005.
5)-DINIIECE. Ministerio de Educación Nacional. Anuario estadístico educativo 2013. http://portales.educacion.gov.ar/diniece/2014/05/24/anuarios-estadisticos/.
6)-Ibid, Anuario estadístico 2013.
7)-Ibid, Anuario estadístico 2013.
8)-Ibid, Anuario estadístico 2013.
9)-Ibid, Anuario estadístico 2013.
10)-Instituto de Capacitación e investigación de la provincia de Córdoba. U.E.P.C.,
El derecho social a la educación en la provincia de Córdoba (2003-2013).
11)-CIPPEC (2007). Monitoreo de la Ley de Financiamiento. La transferencia de recursos del estado a la educación privada. Presentación 6.
12)-Vior, Susana, Ibid.
13)-Ademys-CTA. Presupuesto 2015 para educación.
14)-Ver más en http://es.scribd.com/doc/243317372/La-gestion-social-destruye-lo-publico-docx#scribd.
15)-PREAL, n. 64, pág. 7
16)-PREAL, n. 64, pág. 6.

marzo 1, 2015 at 4:10 am Deja un comentario

La Universidad de Buenos Aires no esperó a que empezaran las clases para intentar avanzar sobre derechos docentes: ¡basta de precarización laboral! ¡Reapertura de la negociación salarial!

Agd-UbaCon el intento de cesantear a Guillermo Gigliani, no sólo mostraron la intención de golpear a la organización sindical de los trabajadores sino que además quedó al desnudo que este 2015 buscarán avanzar en las cesantías a los 65 años. No olvidemos que, si bien por el trabajo permanente de la Comisión de No al cese se han logrado en estos años defender a cientos de compañeros, la Universidad de Buenos Aires (UBA) SIGUE SIN CUMPLIR LA LEY NACIONAL DE JUBILACIONES, Y NADIE DEL ESTADO HACE NADA PARA QUE LA CUMPLA.
En la Facultad de Medicina, el 22 de diciembre avisaron, verbalmente, a docentes de la carrera de enfermería que quedaban cesantes. Todos con muchos años de servicio, algunos con concursos ganados, dos en licencia médica. A pesar de que argumentaron malas evaluaciones, por cierto desconocidas e inexistentes, la realidad de los despidos es que necesitan esos puestos para acomodar a su gente. Lo mismo que hacen cuando manipulan concursos, como los del profesor Fucci en Económicas del Ciclo Básico Común (CBC) el año pasado. En otras facultades, a cuentagotas, también se van cayendo designaciones que no son más que nuevos docentes sin trabajo.
En el CBC, donde el 99, 80 % de la planta de auxiliares es interina desde su creación, siguen reinando los rumores de modificaciones académicas y cambios de cátedras mientras aún no tenemos los nombramientos del 2015.
Los despidos de Enfermería como la inestabilidad del CBC tienen el mismo fundamento: LA AUSENCIA DE CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO. El Rectorado de la UBA se niega a aplicarlo, el Ministerio de Trabajo y de Educación se niegan a homologarlo. Así la universidad más grande del país es la que más trabajadores precarizados tiene.
Los becarios UBA, que culminaron el 2014 con un triunfo, ya hoy están peleando de nuevo por la gratuidad de los posgrados y por el incremento salarial automático, tal como fue prometido por el propio Rector.
En el Carlos Pellegrini, se impuso de la mano del rector Alberto Barbieri, un rector contra la posición de graduados estudiantes y de las asambleas docentes de la Asociación Gremial Docente (AGD).
En cuanto al salario, cuestión que será el centro del debate en el próximo Plenario de Conadu Histórica, no estamos mucho mejor. Al congelamiento a junio 2015 al que nos sometieron las burocracias de Feduba, Ctera y Aduba al aceptar la propuesta paritaria, en la UBA se nos agrega el descuento compulsivo de la caja complementaria, un verdadero robo que nos confisca 4.5 % más que en el resto de las universidades gracias a un convenio firmado por un interventor de la UBA en tiempos de la dictadura militar. Y en los casos de compañeros de dedicaciones exclusivas se suma el recorte fenomenal del impuesto de ganancias a los salarios.
Todas estas medidas no son decisiones de un funcionario sino que están sostenidas por el Consejo Superior, órgano máximo de gobierno antidemocrático que dirige la UBA, con estatutos que jamás se modifican. Donde ningún docente del CBC ni de los colegios preuniversitarios tiene soberanía, donde los docentes auxiliares están subrepresentados en el claustro de graduados, donde los no docentes no tienen voto, donde tiene mayoría de representantes la minoría de la población académica. Luego de intentar poner de rector a Alterini, este cogobierno antipopular de radicales pro y K ha sentado en el sillón de vicerrector a Richarte, un miembro de la Side de los Stiuso.
Tenemos que terminar con este atropello sobre nuestros derechos. Este miércoles 25 se reunirá la Mesa Ejecutiva de AGD junto a los secretarios generales de las distintas gremiales para discutir iniciativas concretas en la UBA y hacia el movimiento nacional de los docentes universitarios a desarrollar en el mes de marzo y para convocar a una asamblea general antes del inicio. Terminemos con la precarización laboral, abramos la paritaria nacional.

febrero 28, 2015 at 3:06 am Deja un comentario

España: el Sindicato de Estudiantes califica de “masivo” el apoyo a la huelga

El Sindicato de Estudiantes califica de masivo el apoyo a la huelgaLa secretaria general del Sindicato de Estudiantes (SE), Ana García, ha valorado el seguimiento de la primera jornada de la huelga de 48 horas contra la flexibilización de grados universitarios como “brutalmente masivo” a falta de conocer “datos generales”, tanto en institutos como en universidades, y ha afirmado que se espera “la mayor movilización en 20 años”.

“Ha sido un éxito arrollador. Hoy las facultades han amanecido desiertas y las aulas de los institutos vacías –ha asegurado García– Nuestros compañeros han ido a la facultas de psicología de la Universidad de Valencia a hacer un pasaclases pero no han podido porque no entraba ni una sola persona y en las universidades Pablo de Olavide y la de Sevilla apenas había dos clases medio vacías”.
Asímismo, ha cifrado el seguimiento en la Universidad de Oviedo en un 70 por ciento en el Campus de Milan y en un 85% en el Campus de Llamaquique. En la Universidad Complutense de Madrid, asegura que “la stiuación era excatamente la misma” en las facultades de Psicología, Biología, Ciencias de la Información y Enseñanza. “No  hemos podido hacer piquetes informativos porque no había nadie”, ha asegurado.

En el caso de los institutos, asegura que “no se han quedado atrás y han secundado la huelga de forma brutal”, tanto en centros de la provincia de Barcelona como en Madrid y en otras regiones, a falta de datos definitivos.

Por ello, García ha pedido la dimisión de los “dos fanáticos que están al frente del ministerio”, en referencia al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, y a la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio. “Tienen como único objetivo la destrucción de la educación pública y de nuestro derecho al estudio”, ha denunciado García.

La portavoz del SE ha acusado a los responsables de Educación de mentir cuando afirman que los grados de tres años supondrán un ahorro para las familias y ha asegurado que, por el contrario, supondrán que estas tendrán que pagar entre 18.000 y 20.000 euros por su educación universitaria.

De hecho, ha pedido al Gobierno que si quiere converger con otros países lo haga con países como Francia, donde “la educación es gratuita o supone únicamente el pago de tasas administrativas”. “No queremos un modelo anglosajón como el británico o el estadounidense –ha asegurado– donde las familias tienen que ahorrar toda la vida e hipotecarse para poder estudiar o cuando salen de la universidad lo hacen con el título bajo un brazo y una deuda de 65.000 euros bajo el otro”.

García ha hecho estas declaraciones a los medios en la concentración frente al Ministerio de Educación con motivo del paro de 48 horas convocado en el sector contra el decreto 3+2 y que culminará este jueves con cerca de 40 manifestaciones por toda España. Al encuentro han acudido también el secretario de la Federación de Enseñanza de CC.OO., Francisco García, así como representantes del colectivo ‘Presos del Franquismo. La comuna’, del círculo de Educación de Podemos Madrid y de los trabajadores despedidos de la fábrica de Coca-cola de Fuenlabrada.

El representante del sindicato ha mostrado su apoyo a la movilización estudiantil contra el Decreto que premitirá crear grados de tres años, que ha situado en la línea de otras medidas llevadas a cabo por el Gobierno dirigidas a “atacar la universidad” y “recortar las becas”.

 “Va a suponer nuevos recortes, generalizar los grados de tres años y que las universidades públicas pierdan miles de euros. Los grados de tres años favorecen claramente a las universidades privadas y, para favorecerlas aún más, está preparando un nuevo decreto para que puedan acceder a una parte mayor del pastel de la educación”,  ha asegurado.

Por ello, ha asegurado que “en los próximos días” CC.OO. hará pública una convocatoria de movilizaciones contra las reformas que “el Gobierno está llevando a cabo por la puerta de atrás” para realizar “cambios estructurales” en la Universidad y “ampliar los recortes”.

febrero 27, 2015 at 10:36 am Deja un comentario

México: la represión contra los profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) dejó como trágico saldo la muerte del profesor jubilado Claudio Castillo Peña

Falleció un profesor a consecuencia de la represión policial en Acapulco, GuerreroLuego de la brutal represión en contra de profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), la tarde y noche del pasado 24 de febrero de 2015, por parte de la Policía Federal, se confirmó el fallecimiento del profesor jubilado Claudio Castillo Peña, quien presentó traumatismo cráneo encefálico por los golpes que recibió de la policía.

Aunque desde la tarde del 24  la CETEG ya había anunciado el fallecimiento del profesor, fue hasta la mañana de este 25 que el secretario de Protección Civil de Guerrero, Raúl Miliani Sabido,  confirmó la terrible noticia.

De acuerdo con la información que se ha difundido, el profesor Claudio tenía 65 años de edad y padecía un problema en las piernas por lo que siempre usaba bastón para desplazarse y en las manifestaciones iba dentro vehículos lanzando consignas y discursos por lo que ya era una figura emblemática en las movilizaciones.

El profesor era egresado de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, pertenecía al Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) y falleció en el hospital en el hospital del ISSSTE de Acapulco, Guerrero. Al momento de que fue agredido por policías se encontraba a bordo de una camioneta y por el problema de sus piernas le fue imposible defenderse o escapar.

Después de que se dio a conocer la noticia del fallecimiento, autoridades de Guerrero liberaron a 99 de las 112 personas que estaban detenidas.

Ante estos hechos integrantes del magisterio han comenzado a reunirse en Chilpancingo, capital de Guerrero, para definir las acciones que se llevarán a cabo, entre las que ya se está realizando una marcha silenciosa en memoria del compañero fallecido.

febrero 27, 2015 at 10:33 am Deja un comentario

En los últimos tres años creció en 2 millones el número de pobres en la Argentina

En los últimos tres años se sumaron 2 millones de pobres(Por Guido Braslavsky. Clarín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, martes 24 de febrero de 2015)- Si las personas en situación de pobreza en la Argentina se pusieran en fila una detrás de otra, cubrirían 3 mil kilómetros, la distancia entre la ciudad de Buenos Aires y Ushuaia. Y en esa fila imaginaria los primeros 500 kilómetros estarían ocupados por indigentes, argentinos -hombres, mujeres, niños- que no logran alimentarse correctamente todos los días. Dicho de manera más directa: que padecen hambre.

En la Argentina el índice de pobreza sigue creciendo y ya alcanza al 28,9 por ciento, lo que implica unas 12 millones de personas que no logran cubrir la canasta básica mensual de $ 2.675. Si en el país ya pueden proyectarse unos 41 millones de habitantes, cerca de un tercio está en la pobreza.

Las cifras, cerradas a enero de este año, están contenidas en el informe “La pobreza y el aniquilamiento del futuro”, del Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT que conduce el camionero Hugo Moyano. Allí se señala que para no ser pobre, una familia de 4 personas con niños menores de 15 años necesita un ingreso diario de 272 pesos, unos $ 8.200 mensuales. La misma familia para no ser indigente, requiere al menos de un ingreso de $ 3.610 mensuales. Son dos millones de personas que están en situación de indigencia. La fila imaginaria de los que pasan hambre llegaría desde Buenos Aires hasta Santa Fe.

Estos datos están años luz del relato presidencial sobre la situación social en la Argentina, y de sus estadísticas oficiales. Según el Observatorio, en el bienio 2012/2014 la pobreza “se ha consolidado en sus núcleos duros” y ha crecido un 25% respecto de 2011. Es decir, desde que la presidenta Cristina Kirchner asumió su segundo mandato, hay dos millones de pobres más en la Argentina. El estudio señala que aunque gran parte de la población más pobre es asistida con algún programa social y tiene un ingreso mínimo, eso no mejora su situación de pobreza ni su potencialidad para salir de la pobreza estructural.

El año pasado por orden del Gobierno directamente se canceló la difusión de los datos de pobreza e indigencia por parte del INDEC, y se dejó de informar los valores de las canastas básicas que se usaban para el cálculo y que habían levantado polémica cuando el organismo afirmó que una persona podía hacer las cuatro comidas diarias con 6 pesos. Según los datos del Gobierno la pobreza se ubicaba en torno al 5 por ciento y la indigencia en menos de 2 por ciento; serían logros gigantescos pero, probablemente por su nula credibilidad, la presidenta Cristina Kirchner nunca defendió esas cifras en público.

El Observatorio cegetista tiene dos años de existencia y es coordinado por Jorge Sola, dirigente del Seguro, que además es abogado con posgrado de Ciencias Políticas en Flacso. Aunque contradigan el relato oficial, las cifras del Observatorio de la CGT opositora no dejan de ser moderados respecto de otros estudios. Ex técnicos del INDEC han calculado que los pobres en la Argentina son más de 15 millones, más del 36 por ciento de la población.

El estudio señala que la inflación (que sitúa, también con moderación, en torno al 25%) ha tenido un papel en haber fortalecido el núcleo duro de la pobreza. Por la alta inflación han caído los salarios reales, sobre todo en el sector de empleo informal, más vulnerable y de menor capacidad de negociación, y así “resulta muy difícil, cuando no imposible, para los hogares del cuartil inferior salir de la situación de pobreza”.

febrero 27, 2015 at 4:08 am Deja un comentario

La Rioja: la Asociación de Maestros y Profesores (AMP) ratificó que no iniciará el ciclo lectivo 2015 y además confirmó que hará un paro general que -si bien aún no tiene fecha confirmada- se concretaría el primer día de clases, es decir, el 2 de marzo

Asociación de Maestros y Profesores (AMP)(Nueva Rioja. La Rioja, martes 24 de febrero de 2015)- Así lo aseguró el secretario general de AMP, Rogelio De Leonardi luego de participar días atrás en la movilización que APROSLAR hizo a Plaza 25 de Mayo (paro médico) y que respaldó el gremio docente.
AMP anunció a a fines de noviembre pasado que no iniciará el ciclo lectivo 2015 y lo ratificó días atrás en la marcha de la gremial médica.
La decisión de AMP de disponer esta dura medida de fuerza es ante la falta de respuestas del gobierno de Beder Herrera a una serie de reclamos que impulsa ese gremio docente en el que se destaca el pedido de incorporación al básico de 984 pesos correspondientes a los aumentos nacionales 2014 y que a partir de este año deben ser absorbidos por la Provincia.
Además AMP también exige un bono de 3.000 pesos para paliar los efectos de la inflación.
Por otra parte, se reclama el pago de 1.000 pesos por cargo y que -según dijo el gremio- el Gobierno se había comprometido a abonar en el marco de las paritarias que se llevaron a cabo durante el primer semestre del año y en la que sólo participaba AMP.
Fuera de las cuestiones salariales, otro de los reclamos fuertes del gremio docente está vinculado con la situación edilicia de las escuelas tanto de Capital como de la zona rural y de otras localidades de la provincia. Según AMP, esas condiciones de infraestructura escolar son deplorables y están lejos de ajustarse a las normas establecidas por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
Pero el punto que terminó de quebrar la buena relación que AMP tenía con el Gobierno fue la decisión de la Provincia de ampliar la paritaria docente e incluir en ella a los sindicatos SELaR, UDA y SADOP, algo a lo que sistemáticamente se opuso el gremio que conduce De Leonardi.
Sostiene AMP que solo un sindicato con personería gremial propia puede participar en una mesa paritaria y esgrime para ello la Ley de Asociaciones Sindicales. AMP argumenta ser el único gremio que reúne esa condición y por eso rechaza la presencia de los demás sindicatos en la mesa de negociaciones.
En ese marco, De Leonardi se refirió a los reclamos de AMP y a la falta de respuestas del Gobierno. “Estas manifestaciones son una continuidad al reclamo de la AMP durante todo el año por la incorporación de los 984 pesos al básico, situación que la pseudo paritaria no logró conseguir y que a nosotros nos costó años de lucha. Por eso no iniciaremos el próximo ciclo lectivo, más aún con la provocación que significa el vergonzoso aumento de sueldo del ministro de Educación Walter Flores y de su gabinete, a través de un decreto que hemos conocido recientemente. Y ese aumento nos parece un despropósito en este fin de año donde los trabajadores del Estado se quedaron sin su bono y sin los aumentos requeridos”, dijo el gremialista durante la protesta realizada el pasado martes.
En este mismo sentido, el titular de AMP se mostró satisfecho “por que se ha podido realizar un reclamo en unidad con los diferentes sectores y de ese modo apropiarnos del hospital público, que es de los trabajadores y del pueblo y eso lo tiene que entender el Gobierno”. “Con los trabajadores unidos se avizoran nuevas luchas, por eso acompañamos en todas las vigilias de los trabajadores de la salud, a los empleados Pil de Chilecito, y porque la cuestión salarial y las condiciones de trabajo que se reclaman debe ser preocupación de todo el arco sindical”, concluyó.

febrero 26, 2015 at 4:06 am Deja un comentario

Cuando se esperaba el comienzo del curso escolar 2015, las escuelas públicas del Distrito Federal de Brasilia permanecieron cerradas debido a un paro de profesores en demanda del pago atrasado de sus sueldos

(Prensa Latina. Brasilia, martes 24 de febrero de 2014)- Los educadores respondieron a un llamado de su gremio (Sinpro) y se concentraron en las afueras del Palacio de Buriti (sede del gobierno de Brasilia) en espera de una respuesta a su reclamo.
Tras bloquear la vía Exo Monumental, Rosilene Correia, directora Sinpro, afirmó que las autoridades no presentaron una fecha precisa de pago, por lo cual dijo que la paralización continuará hasta al menos el viernes próximo.
Habrá una reunión con los secretarios del gobierno del Distrito Federal el día 27 para conocer la respuesta de la administración y se decidirá entonces si se extiende la huelga, aseveró.
Correia subrayó que unas seis mil personas participaron en la protesta frente al Palacio de Buriti.
El gremio pide la liquidación de una vez del sueldo correspondiente a diciembre y otros beneficios, que totalizan 120 millones de reales (unos 42 millones de dólares), mientras el gobierno de Brasilia ofrece saldar la deuda de manera parcelada.

Las escuelas públicas del Distrito Federal de Brasilia permanecieron cerradas
El curso escolar debió comenzar el 9 de febrero, pero fue pospuesto con miras a realizar reformas y reparaciones en las escuelas, lo cual -según el Sinpro- no fue tampoco cumplido.
La paralización afecta a medio millón de estudiantes y motivará asimismo una prorrogación en la conclusión del curso escolar, así como menos días descanso en julio para los alumnos.
Este problema fue causado por el gobierno anterior, el cual gastó más de lo que debía y dejó las arcas sin fondos para cumplir con los trabajadores de los sectores de educación y salud.

febrero 25, 2015 at 4:54 am Deja un comentario

Entradas antiguas



Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

A %d blogueros les gusta esto: