La culpa no es de Filmus

Daniel Filmus fue siempre claro, y no se le puede reprochar nada al respecto: “Estamos trabajando con grupos empresariales en distintas líneas en educación básica, superior, en la escuela técnica y en ciencia y tecnología”, confesaba en una entrevista al diario La Nación a fines de marzo del 2004.

Ese mismo año, en una asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el ex Ministro de Educación de la Nación, según recuerda el periodista Andrés Sarlengo, sintetizaba su pedagogía de la siguiente manera: “Me estoy entrevistando con una cantidad de empresarios increíble que piden discutir el tema educativo porque es uno de los cuellos de botellas más importantes para que la economía argentina siga creciendo al nivel que está”. Y enfatizaba: “Con el grupo Techint, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) estamos trabajando para encontrar núcleos de escuelas técnicas, a las que podamos actualizar tecnológicamente y con las que articulemos pasantías en las fábricas. Nuestro proyecto es que, fuera del horario de clase, las escuelas se conviertan en centros de formación profesional para los que quedaron marginados del sistema educativo”. O sea, mano de obra gratuita o a precio de remate según las conveniencias del grupo Techint –con el cual ahora, dicho sea de paso, el gobierno se ha vuelto a amigar– y toda gran empresa que se acerque al fogón y lo solicite.

Frente a tamaña transparencia que se repartan materiales propagandísticos y se repite por los medios de la comunicación masiva que “los docentes porteños estamos con la fórmula Filmus/Tomada” es por demás increíble. El fenómeno sólo se explica por el interés de los dirigentes de las gremiales docentes de la ciudad y su asociación con el Estado nacional. En este punto, pues, la culpa no es de Filmus.

El crecimiento de la educación privada en la provincia y la ciudad de Buenos Aires y algunas de sus razones

Siguiendo una línea de multiplicación asombrosa las últimas estadísticas dan cuenta de la implantación de la educación privada en la provincia de Buenos Aires. En medio de la escasez de oferta educativa debido al crecimiento de la población, las migraciones internas y los recortes presupuestarios por parte del gobierno provincial que impiden satisfacer la matrícula que se prevé para el 2008, las cifras cantan que un tercio del sistema educativo básico de aquella región está ya en la órbita de las escuelas y colegios privados.

En la ciudad de Buenos Aires el porcentaje es superior al cincuenta por ciento.

Como a esta altura resulta evidente hubiera sido imposible un desplazamiento de este tipo si no hubiera existido una política nacional más o menos explícita destinada a alimentar el proceso o, en todo caso, a acompañarlo sacando de su camino cualquier obstáculo. Que una buena porción del presupuesto se siga destinando a la subvención de los establecimientos de la educación privada, en particular a los religiosos católicos, es por demás indicativo.

Lo perverso es que tanto las discusiones acerca de la Ley Federal de Educación, allá a principios y mediados de los noventa, como las más cercanas que rodearon la flamante Ley Nacional de Educación insisten en describir un “sistema integrado”, concebido para que la población “sepulte los viejos esquemas que contraponen lo estatal y lo privado y comiencen a pensar esas dos esferas en su complementariedad y armonización”, y sostuvieron y sostienen que tienen como objetivo que se cumpla “la máxima que reza que todos los argentinos tienen derecho a una educación de nivel”. Por supuesto que las declamaciones se descubren ridículas cuando se las confronta con la realidad de las cifras gruesas que abren este breve escrito. Corolario de la obviedad obvia: ¿qué padres destinarían muchos de sus ingresos y ahorros –desde doscientos hasta miles de pesos por mes– en los espacios privados si pudieran obtener gratis la misma (según rezan los eslóganes oficiales) calidad educativa?

Doblemente perverso es el argumento con que se pretende extorsionar a los docentes organizados gremialmente, y que desde hace décadas se han convertido en uno de los motores principales que potencian la lucha sindical en la Argentina, aquel que segura que son sus huelgas (entendidas por los gobiernos nacional y provinciales y los medios de comunicación comerciales que parasitan la publicidad oficial como “pérdidas de días de clase”) las que debilitan el sistema de educación pública y obligan a los padres a mirar hacia afuera de él, cuando son los diversos funcionarios de esos mismos gobiernos los que están destruyendo a las escuelas del Estado a través de la asfixia presupuestaria, los bajos salarios, la negación en lo que respecta a invertir en infraestructura básica, etcétera.

Que el anterior ministro de Educación, Daniel Filmus, figura principalísima de aquellas leyes Federal y de Educación Superior y de esta Nacional, provenga de las filas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), una entidad privada que no ha parado de crecer en todos estos años, es el símbolo definitivo de una voluntad. Otro tanto se puede decir del ministro actual, Juan Carlos Tedesco, y de la mayor parte de los funcionarios que vagan diariamnte por los ministerios de Educación nacional y provinciales.