¡Ratas!

Justo antes de las vacaciones de invierno, en la segunda semana de julio, los estudiantes secundarios de la capital federal argentina volvieron a ocupar escuelas. Fueron cuatro, dos dependientes de la ciudad y dos de la Universidad de Buenos Aires. Los reclamos, claro, no eran nuevos. Los alumnos del Normal 1, por ejemplo, exigen la desinfección total del colegio, invadido por ratas y por larvas; un problema que tienen hace años y no ha hecho sino agravarse.

Muchos medios de comunicación –de los oficialistas y de los opositores– coincidieron en criticar por exagerada la medida de lucha e intentaron ridiculizar a sus impulsores. Pero una vez más quedó demostrado que una cosa es editorializar al aire con algunas imágenes descontextualizadas como fondo y muy otro confrontar en vivo y en directo con los protagonistas. Así le pasó al célebre periodista Eduardo Feinmann cuando, desde el piso del canal de cable C5N, apretó con sus ironías a Nicolás Cernadas, vicepresidente del centro de estudiantes del colegio en cuestión. Bastó que el muchacho le respondiera de frente: “¿Por qué? ¿Vos harías tu programa con ratas alrededor?”, para que el hombre de prensa bajara de inmediato el tono y después mandara la tanda.

Pachamama

Los estudiantes más grandes sacaron la idea sacada de una página de la internet y la maestra –con la venia de la directora– tomó la idea y la fogoneó. Incentivarlos a partir del interés inmediato, ponerlos en movimiento nada tiene de malo, claro, pero hasta la creatividad pedagógica debe reconocer límites, ¿no?

Porque una cosa es ofrecer clases grupales ilustrativas acompañadas por un escrito que comienza contando que “nuestro bien más preciado es el agua…”, de dónde proviene el término “Pachamama” y qué quiere decir, y otra cosa muy diferente ponerse a juzgar el negocio de la minería.

De modo que cuando los jóvenes sacaron sus folletos y se lanzaron a dar cuenta del porqué de la pueblada en Famatina y las movilizaciones en las provincias de media Argentina contra la minería a cielo abierto, el cianuro y el envenenamiento de la tierra, el uso indiscriminado de los recursos energéticos, fue la secretaria a quien mandaron a explicarles que eso no era una verdadera investigación, que era política, y dio por concluida la exposición.

La maestra que se negó a ponerle esos límites al tema, faltó los dos días siguientes. Los estudiantes están ansiosos esperando que vuelva a ver qué tiene para decir sobre la “clase especial”.

Entrevista a Laura Marrone, secretaria de Educación de la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (ADEMyS)

Poco después de haber hablado en medio de la movilización de los maestros que se hizo presente en la Legislatura porteña, Laura Marrone se acercó para charlar con el programa radiofónico Desde el aula el pasado lunes 31 de octubre. Nos contó algunos de los tramos más significativos de su extensa carrera como maestra en las aulas y en el gremialismo docente, desde sus inicios en Córdoba en el momento de fundación de la Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) hasta la actualidad de su participación en la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (ADEMyS) y la lucha por frenar la iniciativa del gobierno de Mauricio Mari por liquidar el Estatuto del Docente y las tradicionales Juntas de Clasificación y Disciplina. Reproducimos fragmentos de la conversación y borramos las preguntas como para no interrumpir los dichos de la invitada, que son los que verdaderamente interesan.

Laura Marrone: –Pertenezco a la última generación de maestras normales que dio la Argentina y que todavía nos mantenemos en el sistema. Empecé a trabajar en Córdoba, en 1971. En ese momento yo estudiaba Arquitectura en la universidad y necesitaba trabajar, esa necesidad me hizo desempolvar mi título de maestra. Ya tenía una participación en la agitada vida estudiantil, así que llevada por ese mismo impulso fui por primera vez a una asamblea docente. A ver qué pasaba, qué decían las maestras frente a un conflicto que, si mal no recuerdo, tenía que ver con un reclamo salarial. Me quedé fascinada con el funcionamiento de la reunión. En las asambleas estudiantiles siempre hablaban los mismos, los activistas; en la asamblea docente no, hablaban todas las maestras, en respetuoso turno cada una se levantaba y decía un discurso, muy bien armado, muy bien fundamentado, convencidas de que tenían la verdad en sus manos. Fue una experiencia muy conmovedora, y entonces dije: acá me quedo. Colgué la universidad y me dediqué de lleno a enseñar. Participé en la vida sindical y política cordobesa hasta que al tiempo llegó la dictadura militar; fui detenida y estuve tres años presa, hasta que me dieron la opción de salir del país. Así se cortó mi carrera docente puesto que fui declarada “prescindible” cuando recién era una muchacha que se iniciaba. No podía quedarme en el país, de modo que me fui a España y después pasé a París, donde me gané la vida enseñando español en las escuelas francesas.

En aquella época fui parte del proceso de formación de la Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA); empecé en la docencia en el 71 y la CTERA se conformó en 1973; de modo que integro la primera camada de “trabajadores de la educación” en el nivel nacional. Recuerdo interminables discusiones acerca de si éramos “trabajadores” o “profesionales”; recuerdo con ternura que en aquella primera asamblea a la que concurrí una maestra comenzó su discurso dirigiéndose al resto como “colegas”, una forma muy diferente al “compañeros” que a poco andar se iba a imponer. En esos días había una verdadera fusión con el conjunto del movimiento obrero. Además de pelear por nuestras reivindicaciones, las maestras marchábamos encolumnadas a la puerta de la FIAT para impedir que la policía arremetiera contra los trabajadores que tenían tomada la fábrica; además la alianza obrero-estudiantil era una realidad, práctica, en las reuniones y en las calles… Se trataba de algo efectivo, vivo, que se respiraba en el aire y nos hacía diferentes.

La CTERA surgió como un sindicato bastante democrático. Se fundó el 1 de septiembre de 1973, y en su declaración de principios figura la defensa de la escuela pública y el rechazo de la escuela privada, era impensable entonces que se concibiera a las privadas como “parte de un sistema integrado”, único. También figuraba en su estatuto fundacional la proporcionalidad para constituir la conducción y el confederal, que era una instancia de decisión de medidas de lucha sobre los mandatos votados en las diversas provincias. Todo eso se perdió después de la gran huelga de 1988 –que yo integré e impulsé con responsabilidades, dado que estaba en la dirección de la UMP, por entonces era su vicepresidenta–, con la que intentamos frenar la aplicación del ajuste en la educación y la reducción presupuestaria que aceleraba el gobierno de Raúl Alfonsín. Cuando esa huelga es derrotada, la consecuencia no sólo fue el retroceso de un reclamo en particular, si no que también se hundió el perfil democrático y pluralista que tenía la CTERA, tanto en su conformación y funcionamiento interno como en su propuesta pedagógica. La llegada de la Lista Celeste, esa que hoy emblematizan Hugo Yasky y Stella Maldonado, reforma los estatutos de funcionamientos, sepultan el confederal, abandonan la idea de una conducción con representación proporcional e imponen la lista única y, más profundamente, se convierte en cómplice del daño sobre el sistema público de educación. Al docente que se desempañaba en el ámbito privado se lo defendía como trabajador, pero no a la escuela privada y mucho menos a fomentar los subsidios estatales hacia ella. Así llegamos hoy a una ciudad de Buenos Aires que subsidia el setenta por ciento de la educación privada, un muy jugoso negocio. Según las estadísticas de 2010 hay en la ciudad una matrícula de 734.000 estudiantes de los cuales 343.000 pertenecen al sistema privado y 318.000 al estado; los porcentajes se tergiversan un poco si se hace ingresar al cálculo los miles que siguen sus estudios en las modalidades de “Adultos”, un sector que, por supuesto, a las privadas no les interesa. Es decir que la educación privada ha superado en la ciudad de Buenos Aires a la pública, gracias al aporte de los subsidios estatales. Es claro que el abandono de la escuela pública nada tiene que ver con las huelgas docentes, como sugieren algunos analistas y funcionarios interesados. Las conducciones de los sindicatos durante las gestiones de Aníbal Ibarra y Jorge Telerman, e incluso antes de ellos, se posicionaron a favor de las “transformaciones” oficiales en el campo educativo, o sea que garantizaron una “paz” que posibilitó que se llevaran a cabo. Hubo “paz” y crecieron geométricamente las privadas, la conclusión es que ese desplazamiento nada tiene que ver con las huelgas y los reclamos.

(…) Cuando cae la dictadura y se levanta el estado de sitio pude regresar y me instalé en Buenos Aires. Conseguí un cargo como maestra en la escuela número 17 de Villa Soldati en 1985, y allí estuve casi treinta años, hasta hace dos en que me trasladé a otra zona.  En los setenta yo formaba parte del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y me integré en los ochenta a su continuación organizativa en el MAS (Movimiento al Socialismo), volví a la vida como militante política y sindical. Empecé a trabajar en la Unión de Maestros Primarios, fui parte de las renovadas discusiones sobre el Estatuto del Docente que en estos días ha vuelto a ser puesto en debate. Creamos un pequeño sindicato docente, aquí en la Capital Federal, que decidimos disolver para integrar en la Unión de Maestros Primarios con el objetivo sano y abierto de avanzar en la unificación sindical, de crecer. Digo esto en relación a la cantidad de sindicatos docentes porteños que existen y la discusión al respecto. En el sistema hay unos 43.000 docentes en escuelas públicas y, más o menos, otros 30 y pico de mil en las privadas (son menos puesto que se los superexplota en sus tareas), es decir que se pueden redondear unos 80.000, y unos 17 sindicatos docentes, al menos en sus presentaciones. El fenómeno, creo, deberíamos considerarlo no desde el punto de vista de la unificación propugnada por el Estado sino desde el derecho de los trabajadores a agruparse como quieran o juzguen más adecuado hacerlo, ¿no? Hay que cambiar las cabezas en relación a este principio básico. En la historia criolla, a partir de la Ley de Asociaciones Profesionales e iniciativas oficiales por el estilo, las unificaciones se imponen desde arriba, así como también, en algunos casos, las divisiones. Es un viejo tema el de la cantidad de asociaciones docentes que hay en la ciudad; todos ellas tienen perfiles diferentes, todos ellas tienen proyectos políticos y de construcción diversos, algunos legítimos y otros no, puesto que han sido inventados por el Estado para dividir, confundir y reinar. No hay en realidad 17 sindicatos, si no 6 ó 7, que tienen expresión, vida y expresan corrientes reales. Yo estoy a favor de la unificación gremial, pero como resultado de una convergencia genuina y democrática. Si logramos estatutos parecidos a los que tenía la CTERA en sus inicios, con proporcionalidad en la conducción, con la vuelta al trabajo de los dirigentes después de un período… Vengo del trotskismo y para mí el problema de la democracia obrera es central. La mejor forma para evitar a los carreristas y burócratas es impedir el “despegue” de las conducciones de los trabajadores de quienes representan. No debería existir la “carrera” sindical, la “carrera” política; las personas que se destacan en el ámbito sindical o político en definitiva lo hacen por pertenecer a un cierto ámbito de trabajo al que deben volver y rendir cuentas. En nuestro caso nadie debería estar dos períodos alejado de las aulas, tiene que volver a trabajar. Si logramos una unificación democrática, desde abajo, no existiría ningún problema en que existiera un sindicato único que contuviera a las diversas corrientes sindicales y políticas, una integración común donde se expresara a la vez la diversidad.  Algo que está lejos de la realidad de hoy. Salvo ADEMyS que sí está empeñada en un proceso de construcción diferente. Nada de sindicalistas que están hace veinte años en sus cargos, algo que ni siquiera es posible en una legislatura o el parlamento nacional. Quienes ocupan los puestos de conducción ADEMyS después de un período deben volver a trabajar. Todos los miembros de la comisión directiva deben conservar al menos un cargo. Por ejemplo, nuestros miembros de Junta deben volver a trabajar después de un período de cuatro años antes de postularse de nuevo. Hay algunos muy reconocidos, que seguramente ganarían el voto necesario para continuar en el cargo, pero no, deben abandonarlo y volver al aula. En las últimas elecciones de ADEMyS hubo cuatro listas y las cuatro están representadas proporcionalmente en su conducción. Y eso, además, hace a las reuniones más divertidas… Si bien es difícil “medir” dado que hay gremios que se ocupan principalmente de brindar curso de capacitación, que les reconoce el gobierno, y establecen un funcionamiento casi de mutual, cuando se miran las cifras de las elecciones de Juntas como indicador de la actividad y la vida sindical real, se observa y puede concluir que hoy ADEMyS es el segundo sindicato en importancia en la ciudad de Buenos Aires, después de la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA).

(…) Para que se entienda la actual pelea en curso en la ciudad de Buenos Aires, deberíamos decir que nosotros venimos demorando un proyecto que desde los años noventa se quiere aplicar en nuestro país, y en particular en la ciudad de Buenos Aires, que tiene a Esteban Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta como actores principales desde aquel tiempo. El proyecto tiene un añejamiento de dos décadas. Desde cuando empieza aplicarse la reforma educativa, la fragmentación del sistema que deja de ser nacional, la transferencia de escuelas, una realidad que la última Ley Nacional de Educación no modifica, sino que maquilla un poco; la situación que quedó instalada es la de 23 subsistemas educativos rodeados de medidas paliativas para que parezca que no es tan así. Son las provincias y jurisdicciones las que tienen en sus presupuestos la responsabilidad de hacer que la educación funcione. Un ejemplo claro, la provincia de Buenos Aires destina el 38 por ciento de su presupuesto a educación y la Nación el 5,4. Se cambió el mapa de lo que significa el rol del Estado nacional en la educación; esta situación ya cumplió los veinte años y la última ley no la modificó en nada. Con todo lo que trajo consigo la reforma, lo único que no logró cambiar fue la carrera docente. Un motivo recurrente de los papers de todos los organismos internacionales cuando se refieren a la cuestión educativa es éste, el “problema” de la carrera docente. Los estatutos del docente son, desde su perspectiva, un obstáculo grave; mientras que los maestros y profesores los consideramos una conquista histórica que se logró después de una lucha y una larga huelga en 1958. La forma de este estatuto ha sido tomado por diversos foros internacionales y otras entidades gremiales extranjeras; incluso organismos internacionales han recomendado el Estatuto del Docente argentino como modelo a seguir. La noción básica es que los maestros no son empleados públicos, en el sentido de funcionarios de un gobierno de turno, y por esa razón deben tener estabilidad en sus cargos a través de carreras independientes del gobierno; de modo que su ingreso al sistema y promoción dentro del mismo se hace por concurso público. Antes venía el gobierno de Juan Perón y echaba a los maestros que no le “respondían”, después venía la Libertadora y echaba a los peronistas, y así siguiendo, las escuelas no pueden funcionar de esa manera. Con la huelga del 58 se instaura el concurso público, y esa realidad sólo se corta en la época de la dictadura, y ni siquiera, hasta los militares de alguna manera respetaron el mecanismo y mantuvieron los listados aunque los acompañaron con medidas de prescindibilidad y las célebres y nefastas listas negras. En 1984 con el gobierno constitucional se abre un período de debate para reinstalar las juntas de clasificación electivas por parte de los docentes y el funcionamiento íntegro del Estatuto, aggiornado a los nuevos tiempos. El ministro Correa abre la discusión que se da escuela por escuela, y el formato fue que cada escuela discutía, se pasaban los mandatos a delegados que discutían en asambleas distritales que más tarde lo llevaban a una asamblea de toda la Capital Federal… Un mecanismo increíble que dio vida a un proyecto que finalmente fue sancionado en sus lineamientos generales, hay algunos matices que se perdieron. El resultado fue sumamente democrático, que permite por ejemplo que haya Juntas de Clasificación elegidas por los docentes, que cada dos años se renuevan parcialmente, y que son cuerpos colegiados donde el gobierno tiene un tercio y dos tercios las listas docentes que los maestros votan. Estas listas no necesariamente tienen que ser necesariamente de las asociaciones sindicales; un grupo de docentes puede presentarse libremente y ser votado por su pares, como de hecho a ha ocurrido con varias listas. Este proceso también se expresa en las Juntas de Disciplina. Para el caso en que exista un sumario docente, si alguien acusa a un docente de alguna falta, aunque luego puede derivar en una instancia judicial se inicia siendo un trámite administrativo, pues bien, en la Junta de Disciplina que lo considera también hay una participación docente. Se trata de representantes electivos, rotativos, en un cuerpo colegiado que no es resolutivo sino que produce dictámenes indicativos, que el Ejecutivo puede tomar o no. Pero hay una instancia democratizadora, eso es innegable, incluso en la parte de la evaluación. Nosotros tenemos instancias evaluativas anuales, que pesan en nuestros puntajes con los que se nos califica todos los años. Esos puntajes dependen de los títulos y los cursos realizados, entre otros ítems. Vale la pena señalar que los cursos de capacitación y actualización que los docentes realizamos los hacemos en nuestro tiempo libre, el Estado no da cursos de formación en el horario de trabajo. Somos un sector bien precarizado en este sentido. En un noventa por ciento la capacitación se come el tiempo libre del docente. En la Argentina existe un sistema de crédito fiscal por el cual las empresas pueden descontar de los impuestos que deben pagar anualmente todos aquellos gastos que se imputan a capacitación del personal: los materiales usados, los sueldos de los capacitadores, los salarios de los trabajadores que toman el curso. Nada de esto se aplica en la docencia, siendo que los docentes somos un tipo de trabajador donde el esfuerzo de la capacitación es una necesidad mayor y constante, por su tipo de herramienta de trabajo, que es el conocimiento.

(…) El macrismo, fortalecido por las últimas cifras electorales, intenta ahora ir por lo que antes no pudo y presenta un proyecto que quiere aprobar en cuatro semanas, y que supone un verdadero cambio de paradigma. Sucede que si desaparecen las Juntas no hay mecanismo de fiscalización de las decisiones. Ellos dicen que esto permitiría modernizar informáticamente, etcétera; nosotros les hemos contestado que hace años que venimos reclamando computadoras nuevas en vano. En este momento yo me estoy desempeñando como colaboradora de ADEMyS en la junta de Primaria y tengo un Windows 97 que me impide acceder a la base de datos del ministerio y bajar las actualizaciones, no puedo entrar a la página web del ministerio porque la máquina no lo soporta… ¡Yo, miembro de Junta, no puedo entrar a la página web del ministerio! Por eso me compré una netbook, de mi bolsillo, para ver si podía bajar de las páginas del ministerio las tablas de clasificación pero carecemos de wi-fi… Queda claro que es una mera excusa lo de la “actualización informática”; se trata de una necesidad de los gobiernos de erradicar un resorte democrático que sobrevive dándole un carácter público a nuestro sistema educativo. Hoy me tocó hablar en la comisión de legislación de la Legislatura y argumenté lo siguiente. Nuestro sistema educativo está determinado, en primer lugar, por su gratuidad, y en segundo por su composición de matrícula plural y heterogénea; esto lo estamos perdiendo puesto que el sistema de reforma y privatización ha hecho que se potencie la segregación social, lo que resulta en que hoy queden en el circuito estatal los sectores más carenciados mientras que la clase media se pasa mayoritariamente al privado, no porque el docente de la escuela pública no sea bueno, sino porque se evidencia una forma de segregación social en un país con tanta miseria como el que tenemos. El tercer elemento que hace a un sistema público y todavía permanece intacto es el carácter de sus docentes electos en concurso públicos, sin discriminación política o de algún tipo. Esto es lo que está siendo atacado, a través de suprimir las juntas de clasificación electivas y transformar los concursos en una formalidad vacía. En el gobierno de la ciudad existen por Ley 471 concursos públicos para todos los cargos, no los docentes, todos, ¿me  querés decir cuándo alguien se entera de la realización de alguno de ellos? Son oscuros, secretos, amañados, ¿cuándo nos enteramos de su sustanciación? Al no existir las juntas de los trabajadores docentes las vacantes no se van a conocer, tampoco los concursos… Nosotros somos rigurosos. Tenemos 43.000 cargos y se concursa anualmente casi el veinte por ciento, por jubilación renuncia o ascenso, entre otros motivos. Hoy en la Legislatura comentaban las docentes de Técnica que ellas inscriben 50.000 personas por año, porque independientemente de los cargos la gente se inscribe. Eso se clasifica, se ordena, se dispone en un listado, a través de un mecanismo transparente y público, donde yo puedo apelar si considero que he sido mal clasificado, donde puedo también constatar las vacantes, puedo impugnar un concurso si creo que mis derechos no han sido respetados. Se busca anular todo eso y reemplazarlo por la voluntad del gobierno de turno.

(…) El 10 de noviembre tiene tratamiento prioritario en el recinto el proyecto de gobierno que prevé la caída de las juntas y una semana antes vamos a llevar a cabo la elección para los miembros que integran por los sindicatos esas juntas, vaya ironía. Vamos a votar con pasión y fuerza, y convocamos a todos los docentes porteños para que vayan a hacerlo, necesitamos que el número de votantes sea verdaderamente importante, una gran proclama de respaldo a las Juntas, pero puede suceder que si la semana que viene se vota la iniciativa de Bullrich-Macri esa votación quede en la nada, dado que hay una cláusula transitoria que las anularía. Es parte de la improvisación de este gobierno. Hace quince días hizo imprimir el Estatuto, miles de ejemplares que se enviaron gratuitamente a las escuelas, con un prólogo del ministro Esteban Bullrich alabándolo e instando a su defensa…

Hoy hicimos una asamblea en la puerta de la Legislatura y decidimos volver a exigir que el proyecto sea retirado, que cualquier modificación que se crea necesario impulsar necesariamente debe ser debatida y votada por los docentes: se hará una jornada de reflexión, todo un día en cada escuela de la capital, se debatirá si debe realizar alguna modificación que haga al mejor funcionamiento global del sistema y se vota. Porque, entre otras cosas, el gobierno no tiene ni idea de todas las cosas que las Juntas le solucionan. Realmente se pone mucho esfuerzo en ese trabajo y se resuelven miles de inconvenientes, grandes y pequeños, que hacen al funcionamiento del sistema educativo. Los problemas que no se solucionan tienen que ver con los bajos salarios y con el no pago en término de los sueldos. Los que realizan suplencias o interinatos que se producen a mitad de año pueden llegar a estar seis meses sin cobrar. Por otra parte, hoy estamos ganando menos que en la provincia de Buenos Aires, así que muchos docentes prefieren viajar y trabajar allí. Bueno, la asamblea votó también un paro para el viernes 4 y una vigilia para cuando –el 10– se pretenda tratar la propuesta gubernamental en la Legislatura. Ese mismo viernes se realizarían asambleas para decidir nuevas acciones; el problema que intentamos resolver es que estas iniciativas sean tomadas por el resto de los sindicatos para que tengan verdadera fuerza. ADEMyS recogió esa propuesta de la asamblea que esperamos que el resto de las asociaciones sindicales también tome. ¿Por qué es urgente? Porque este viernes la iniciativa se aprueba o rechaza en la comisión de educación de la Legislatura, y si se aprueba una vez que pasa al recinto allí opera una suerte de “mano robótica” que los legisladores ponen en funcionamiento sin ninguna discusión o matiz y listo. Estamos trabajando contra reloj y tratando de resolver toda acción en la asamblea unitaria docente con mandato de escuela, en la que suman afiliados y no afiliados; nos parece que es el mecanismo más democrático que existe, aquel que nosotros impulsamos y cuyas iniciativas recogemos.

Leer artículo de Laura Marrone ¿Por qué creció la educación privada en la Argentina?

Paredes

Las calles de Santiago.

Y va a caer / ya va a caer / la educación de Pinochet

El título de este post reproduce el canto callejero más popular que gritan estudiantes, docentes y manifestantes en las marchas que claman por una educación estatal, gratuita y de calidad para todos los chilenos. Después de cantar con ellos y aplaudirlos la pregunta que se impone, dado que la dictadura militar hace algunos años que quedó atrás y Augusto Pinochet está muerto y enterrado, es cómo puede ser que sus leyes sigan vigentes. ¿Qué se dedicaron a hacer todo este tiempo los “concertacionistas”, socialistas, demócrata-cristianos, comunistas, liberales y demás representantes del establishment político local que han engordado y engordan el parlamento y cubren las principales funciones de gobierno en Chile?

Ochenta mil estudiantes secundarios tomaron sus colegios y paralizaron las clases en defensa de la educación pública en Honduras

El levantamiento de los estudiantes secundarios y universitarios chilenos golpeó al gobierno de Sebastián Piñera y lo obligó a cambiar su gabinete y echar por la borda al encargado de la educación nacional, Joaquín Lavín. Una rueda similar parece estar rodando en Honduras.

El ministro de educaciones llama en este caso Alejandro Ventura, un personaje que no titubeó en apropiarse del cargo no bien le fue ofrecido por el presidente Porfirio Lobo, como premio al buen desempeño desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Durante la gestión de Manuel Zelaya por lo menos se había logrado preservar el Estatuto del Docente y conseguir algún aumento de sueldo para los maestros; por el contrario, el publicitado como Plan Estratégico del régimen de Lobo calcula la privatización completa de la educación pública. Por todo esto Ventura es una de las figuras más odiadas por estudiantes y docentes, quienes exigen su renuncia hoy en las calles y aulas de Tegucigalpa y otras ciudades hondureñas.

Los estudiantes secundarios llevan ya quince días de toma de sus colegios en defensa de la educación pública. Han declarado que: “¡Vamos a resistir hasta la muerte y si es necesario, con nuestra sangre vamos a pagar!”.
El Frente de Acción Revolucionaria de la Secundaria de Honduras -FARSH- es la organización que encabeza la lucha estudiantil.
Las tomas y movilizaciones con el correr de las semanas han comenzado a desarrollarse en forma coordinada con Padres y Madres de Familia y de los sindicatos magisteriales.

Se calcula que son 80 mil los secundarios que desde hace dos semanas han tomado sus colegios y paralizado las clases.

Las condiciones económicas, sociales y políticas empujan los reclamos de la juventud latinoamericana y su repudio contra la política de ajuste que busca privatizar la educación sea como sea. Lo que queda claro es que ni Honduras ni en Chile o cualquier país del mundo le va resultar fácil a las clases gobernantes imponer tamaña “solución”.

La respuesta del pueblo de Chile a las acusaciones del Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y a la pretensión del gobierno que “quiere seguir potenciando el negocio y no accede a uno de los principales reclamos que es terminar con el endeudamiento de nuestras familias”, en palabras de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (FEC)

La Federación Universitaria de Buenos Aires marcha en apoyo a los estudiantes chilenos

El viernes 5 de agosto a las 17 horas, la FUBA y otras organizaciones marchan en apoyo a los estudiantes chilenos desde el Obelisco hasta el consulado de Chile.

El presidente de la FUBA, Alejandro Lipcovich, informó esa mañana que «hoy se desarrollará una movilización para repudiar la brutal represión que ejecutó el gobierno de Piñera durante el día de ayer. La FUBA y los Centros marcharemos junto a estudiantes chilenos que radican en la Argentina”.

«La represión salvaje del día de ayer, para prohibir que los estudiantes se movilicen por La Alameda, no impidió que decenas de miles de estudiantes se movilicen en todo el país, y que del mismo modo, exploten cacerolazos populares en su apoyo y en denuncia de la represión en los más diversos barrios y pueblos de nuestro hermano país» agregó Lipcovich.

«Ha quedado de manifiesto que el ‘modelo chileno’ es una mentira, y que no es otra cosa que un régimen de agravios a la población trabajadora y a la juventud. En el plano educativo, Chile es el ejemplo extremo de una orientación privatizadora que los estudiantes argentinos conocemos bien, y que venimos enfrentando. El ‘derechista’ Piñera no ha encontrado el más mínimo reproche de parte de los gobiernos de la región. Por estos motivos, nos sentimos hermanados con los reclamos de la juventud chilena, y hoy marchamos para exigir la inmediata liberación de los centenares de estudiantes detenidos, el cese inmediato de la represión y el cumplimiento inmediato de todos los reclamos de los estudiantes movilizados», concluyó Lipcovich.

La culpa no es de Filmus

Daniel Filmus fue siempre claro, y no se le puede reprochar nada al respecto: “Estamos trabajando con grupos empresariales en distintas líneas en educación básica, superior, en la escuela técnica y en ciencia y tecnología”, confesaba en una entrevista al diario La Nación a fines de marzo del 2004.

Ese mismo año, en una asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el ex Ministro de Educación de la Nación, según recuerda el periodista Andrés Sarlengo, sintetizaba su pedagogía de la siguiente manera: “Me estoy entrevistando con una cantidad de empresarios increíble que piden discutir el tema educativo porque es uno de los cuellos de botellas más importantes para que la economía argentina siga creciendo al nivel que está”. Y enfatizaba: “Con el grupo Techint, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) estamos trabajando para encontrar núcleos de escuelas técnicas, a las que podamos actualizar tecnológicamente y con las que articulemos pasantías en las fábricas. Nuestro proyecto es que, fuera del horario de clase, las escuelas se conviertan en centros de formación profesional para los que quedaron marginados del sistema educativo”. O sea, mano de obra gratuita o a precio de remate según las conveniencias del grupo Techint –con el cual ahora, dicho sea de paso, el gobierno se ha vuelto a amigar– y toda gran empresa que se acerque al fogón y lo solicite.

Frente a tamaña transparencia que se repartan materiales propagandísticos y se repite por los medios de la comunicación masiva que “los docentes porteños estamos con la fórmula Filmus/Tomada” es por demás increíble. El fenómeno sólo se explica por el interés de los dirigentes de las gremiales docentes de la ciudad y su asociación con el Estado nacional. En este punto, pues, la culpa no es de Filmus.

Si sos rico y vivís en Madrid, los pobres te pagan la escuela privada

El consejero de Economía y Hacienda de la comunidad Autónoma de Madrid, señor Beteta, ha declarado que quienes lleven a sus hijos a colegios privados podrán ahorrarse un 15% en la escolaridad, un 10% de actividades complementarias, como las clases extra de inglés, y un 5% en uniformes, hasta alcanzar un tope de 900 euros por hijo, y después hablamos. La justificación que ha dado el consejero es que esa ayuda destinada a los que más tienen compensa a las familias que, además de pagar por la enseñanza privada, también sufragan un sistema escolar público que no utilizan.

El funcionario en cuestión parece no estimar con igual vara el hecho de que los impuestos de todos también funcionan para subvencionar las llamadas “escuelas privadas concertadas”, además de los usos habituales de la caja del Estado para financiar tantas cosas que no todas las que las solventan con sus impuestos utilizan.

Está bien claro que las autoridades españolas antes que escuchar los gritos de los indignados, que tan fuerte suenan en particular alrededor de temas como la educación, prefieren abonar una nueva adaptación de la  clásica receta de los gobiernos estadounidenses que indica que lo primero es beneficiar a los ricos y que el resto espere el bendito derrame.