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Otros tres días de huelga en la universidad argentina

marzo 29, 2017 at 4:54 am Deja un comentario

Las universidades privadas de España ya tienen un 13% de los alumnos que cursan una carrera y un 32% de los que estudian una maestría

(ElDiario. Madrid, domingo 26 de marzo de 2017)- La relación de fuerzas entre alumnos de la universidad pública y la privada está cambiando en España. En los últimos ocho años se está produciendo un trasvase de estudiantes de los centros públicos a los privados. La tendencia es evidente en los grados, donde la pública pierden alumnos cada año mientras la privada los ganan. Y notable en los máster, donde cada curso hay más estudiantes en ambos tipos de universidades, pero las privadas cada vez tienen un mayor trozo del pastel.

Desde el curso 2008-2009 hasta el pasado, a falta de las cifras oficiales del actual, las 51 universidades públicas han pasado de tener 1.232.290 alumnos de grado a 1.155.728. La caída es del 6,3%. Enfrente, en el mismo periodo, los 32 centros privados siguieron el camino contrario y pasaron de 147.336 estudiantes a 173.381, un aumento del 17,6%, según se observa en el gráfico de Statista.

El resultado de ambas tendencias es que el trozo de la tarta de los grados universitarios que corresponde a los centros privados ha pasado en este periodo del 11% al 13%. El cambio quizá no parezca muy llamativo, son dos puntos porcentuales, pero en unas cifras de estudiantes que superan el millón tiene cierto impacto.

En los máster, la tendencia es aún más evidente. Estos estudios, cada vez más necesarios en un mercado laboral especializado y que no ofrece facilidades como es el español ( y más con el 3+2, grados de tres años y dos de máster), cada vez cuentan con más estudiantes tanto en los centros públicos como privados. Pero estos últimos acaparan un mayor porcentaje de alumnos cada año que pasa.

Así, en el periodo entre los cursos 2008-09 y 2014-15, los estudiantes en los centros públicos han subido un 167% (de 42.753 alumnos a 114.198) y los de los privados se han disparado un 587% (de 7.668 estudiantes a 52.710). Traducido, esto quiere decir que las universidades privadas han pasado de tener un 15% de los alumnos que cursan máster a que un 32%, prácticamente uno de cada tres, lo hace en uno de sus centros.

El cambio de tendencia coincide en el tiempo con una doble medida del Gobierno que desde muchos sectores se vio como un ataque a la universidad pública y sus estudiantes. Por un lado, el Ministerio de Educación aprobó un decreto por el que se permitió a las comunidades autónomas subir el precio de las tasas universitarias públicas.

Por otro, se endurecieron los requisitos para pedir una beca y a la vez se bajó la cuantía de las mismas. No es que se pueda señalar directamente a estas dos razones como las únicas culpables , pero son las señaladas por expertos, sindicatos y asociaciones de estudiantes.

Respecto a la subida de las tasas, algunas regiones, como la Cataluña Artur Mas o Madrid con Esperanza Aguirre, abrazaron esta propuesta del Ministerio de Educación, que lideraba entonces José Ignacio Wert, y llegaron a duplicar el precio de estudiar un grado. La subida mínima estos años ha sido del 20%, llevando a la universidad española a estar entre las más caras de Europa.

Conclusión: la diferencia de coste con las privadas cayó, abriendo la puerta a que muchos alumnos optaran por estos centros. Un ejemplo de esto se ve en un informe que elaboró la Asociación Sectorial de Estudiantes de Ingeniería de Edificación. El estudio decía que estudiar la carrera en la Politécnica de Madrid costaba 15.967 euros (contando las segundas y terceras matrículas que se dan en las ingenierías) mientras que la Católica de San Antonio de Murcia, privada, alcanza los 16.560 euros. Prácticamente lo mismo.

El endurecimiento de los requisitos para pedir una beca, principalmente por la parte académica,  junto a la caída en la cuantía de las mismas un 27% de media, ha tenido efectos también en este trasvase de estudiantes, aunque de manera indirecta. Nadie se ha ido a una universidad privada porque hubiera perdido su beca, claro, pero muchos alumnos han tenido que dejar el grado porque la perdieron, según relatan las asociaciones de estudiantes. Menos alumnos en la pública significa que los de la privada suben su representación sobre el total.

Otro elemento que sobrevuela esta tendencia es el 3+2, que previsiblemente provocará que las privadas sigan ganando terreno. Aunque todavía no está oficialmente instalado este formato porque los rectores se dieron una moratoria, en algunas universidades privadas ya ofrecen grados de tres años de duración que se complementan con másteres de dos opcionales.

Este formato, en el que la parte del grado es más corta y por tanto más genérica, empuja prácticamente a los alumnos a estudiar un máster si quieren tener opciones laborales. Esta situación, en teoría, afectará igual a universidades privadas y públicas. Pero en la práctica los alumnos de las privadas tienden más a estudiar másteres (también cuentan con una situación económica más desahogada) que sus compañeros de la pública. Si se mantiene la progresión de los últimos años, en poco tiempo habrá tantos alumnos de máster en las universidades privadas como en las públicas.

marzo 28, 2017 at 4:05 am Deja un comentario

Presentación contra los descuentos por paro y la convocatoria a la mesa salarial docente en la Capital Federal

Ademys -Asociación Docente de la Enseñanza Media y Superior- presentó un recurso administrativo contra los descuentos por día de paro.

En el transcurso de la semana se presentará una medida cautelar en la Justicia.

Difundimos la copia del recurso (ver aquí) y de la carta firmada por varios sindicatos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando el llamado a mesa salarial docente.

marzo 27, 2017 at 11:28 am Deja un comentario

Huelga de tres días de los profesores de todas las universidades argentinas

marzo 27, 2017 at 3:49 am Deja un comentario

Carta abierta a los profesores y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires

Los días 21 y 22 de marzo la docencia de todo el país se encontrará de paro. La enorme lucha de los docentes universitarios el año pasado logró quebrar la paritaria a 16 meses que firmó la burocracia sindical, y por primera vez en muchos años, todos los niveles educativos nos encontramos discutiendo la paritaria al mismo tiempo.

Este año, la lucha docente tiene como particularidad un ataque brutal por parte del gobierno de Mauricio Macri, que ha decidido imponernos a los docentes un techo salarial del 18% en cuotas, muy por detrás de la inflación proyectada, desconociendo además la pérdida del poder adquisitivo que significó la inflación del año pasado. La lucha no sólo es por el salario, sino por la defensa de la educación pública y gratuita. El ataque a los docentes es un ataque al conjunto de los trabajadores del país, ya que el techo salarial que nos impongan servirá de referencia para el resto de las paritarias, profundizando el ajuste sobre las espaldas de los trabajadores. Por esta razón es tan intenso el apriete y el chantaje a los docentes y sus organizaciones por parte del ministro Jorge Triaca, el ministro Esteban Bullrich y en particular la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y otros gobernadores hacia el conjunto de la docencia.

En el caso de la universidad, el gobierno ni siquiera cumplió con el acta suscrita el año pasado (que arrancamos con 22 días de paro, cientos de clases públicas actos y la movilización del 12 de mayo a la Plaza) y los rectores votaron presupuestos que no contemplan ni siquiera un punto de aumento salarial, dejándonos congelado el salario. El salario inicial de un ayudante de primera es hoy de 4.250 pesos por cada cargo “simple”. $8500 es el salario del cargo testigo, un 40% debajo de la línea de pobreza calculada por el gobierno de la Ciudad. Macri, Esteban Bullrich y los rectores nos quieren condenar a ser pobres.

Como siempre, a esta situación de miseria salarial, se suma la permanente falta de presupuesto para los edificios, becas y boleto educativo, reclamos que aúnan a docentes y estudiantes, y que han sido disparadores de una gran cantidad de movilizaciones.

Por esta razón, el último congreso de la CONADU Histórica resolvió profundizar el plan de lucha de la docencia universitaria y preuniversitaria en el marco del reclamo de un aumento salarial del 35% y el cumplimiento del acta suscrita en mayo de 2016, demanda a la que el Ministerio de Educación viene haciendo oídos sordos, a pesar de adeudarnos:

-El desfasaje salarial de 2016 que se comprometió por acta a abona

-La garantía salarial desde septiembre de 201

-La renta a los ad-honore

-Terminar con la contratación precaria de docente

-El pago a la exclusiva dedicación a la Universidad

-El pase a planta de todos los docentes como ordena el artículo 73 del CCT (Convenio Colectivo de Trabajo) que el rector Alberto Barbieri se niega a cumplir en la UBA.

El paro de 48 horas será el contexto en el que se desarrollará una gran marcha nacional educativa con los docentes de todos los niveles de la Educación, que culminará el 22 en la Plaza de Mayo, con una gran columna de docentes universitarios que partirá desde el Obelisco hacia Plaza de Mayo ese mismo día a las 12 horas. El plan de lucha continuará con un paro nacional de 72 horas para los días 28, 29 y 30 de marzo. Además se aprobó confluir el 6 de abril en el paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Por todas estas razones, llamamos a los docentes y estudiantes a sumarse al plan de lucha. Como lo hicimos el año pasado, desarrollemos la unidad docente estudiantil para ganar. Los convocamos a sumarse a las movilizaciones, clases públicas y a expresarse en las redes sociales con todos los recursos que tengan en defensa de la universidad pública y gratuita.

¡Si ganamos los docentes, ganamos todos!

AGD-UBA (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires)

marzo 26, 2017 at 4:51 am Deja un comentario

Un fallo judicial y la situación de los comedores escolares bonaerenses

(Por Fabián Debesa. Clarín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, viernes 24 de marzo de 2017)- El juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Arias, frenó otra decisión de María Eugenia Vidal. A través de una medida cautelar suspendió la municipalización del Servicio Alimentario Escolar (SAE) que había dispuesto el gobierno bonaerense por considerarlo “inconstitucional” y ordenó que el sistema continúe gestionado por los Consejos Escolares.

El magistrado dispuso revertir un decreto de noviembre de 2016 “hasta que se resuelva la cuestión de fondo”. Allí Vidal establecía un esquema para que los intendentes manejaran los fondos que se destinan a financiar los programas de ayuda alimentaria en las escuelas donde asisten alumnos con problemas sociales. “Había severas irregularidades en la administración de ese dinero. El servicio era deficiente y además, encontramos un atraso de 800 millones de pesos en deudas con proveedores”, dijeron ayer en el gobierno.

La decisión de modificar el sistema se tomó en base a un estudio realizado en más de mil escuelas por equipos técnicos de la Universidad Nacional San Martín, la Universidad de La Plata, el Centro de Estudio sobre Nutrición Infantil (CESNI) y el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA).

Algunas de sus conclusiones fueron que sólo el 31 por ciento de los desayunos contaban con presencia de leche, que el 98 por ciento no cumplía con un programa de capacitación para el personal de cocina y que el 61 por ciento de los establecimientos carecía de los utensilios necesarios.

En enero de este año, comenzó el traspaso. Sin embargo, ahora Arias resolvió que aquellos municipios que habían comenzado a aplicar la medida como prueba piloto (Hurlingham, Lanús, Morón, Junín, San Isidro, Pinamar, Vicente López, Tres de Febrero, Escobar, Pilar, Ezeiza y Almirante Brown) tendrán 30 días para volver al anterior sistema.

“Esto provoca un severo perjuicio al municipio. Habíamos licitado el servicio. El juez debería evaluar cómo y en qué condiciones se garantiza la comida para los chicos. Siempre detrás de toda decision judicial, necesitamos resguardar el derecho impostergable de los niños a recibir su comida e cantidad y calidad”, dijo el intendente de Vicente López, Jorge Macri (Cambiemos).

También fue bienvenida la medida en municipios de otro color político. “Celebramos la decisión del gobierno. Tenemos elementos para administrar en forma eficiente esos recursos y lo estamos haciendo desde fines de enero”, comentó el jefe comunal de Escobar, Ariel Sujarchuk.

Por eso, cayó como una piedra el dictamen en la Gobernación. Arias es el juez que prohibió a la provincia dictar la conciliación obligatoria en el conflicto con los docentes. También rechazó la aplicación de descuentos por los días de paro a los docentes. Aunque en ambos casos, sus fallos fueron revocados en la Cámara de Apelaciones. Las autoridades consideran a Arias como “un ariete del kirchnerismo en la Justicia”.

El planteo judicial había sido realizado por un grupo de consejeros escolares de la Provincia, que se oponían a que el SAE pase a ser controlado por los municipios.

En su fallo, Arias consideró que la medida resulta “contraria a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, que expresamente disponen que los servicios educativos, con exclusión de los aspectos técnico-pedagógicos, estarán a cargo de los consejos escolares”.

El Ministerio de Desarrollo Social, a cargo del Servicio Alimentario Escolar, dispuso los cambios con el Decreto 2077/16 para mejorar la alimentación de los 1.600.000 alumnos que todos los días comen en las escuelas bonaerenses. También resolvió pasar de 12,6 a 16,4 pesos por chico el monto destinado al almuerzo y 10,4 el desayuno.

“La carne volvió a los comedores escolares cuando modificamos el esquema”, dijo el ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano. “El argumento jurídico es muy débil. El decreto es totalmente legal”, agregó el funcionario. En Buenos Aires funcionan 7.450 escuelas con comedores, que alcanzan a ese 1,6 millón de alumnos. La prueba piloto abarca al 20% de esa población. En cada uno de los 135 municipios funciona un Consejo Escolar integrado por 4 a 24 consejeros.

marzo 25, 2017 at 4:21 am Deja un comentario

El congreso extraordinario de la Conadu Histórica, con la presencia de más de 80 delegados y delegadas de 24 asociaciones de base, votó profundizar las medidas de fuerza ante la falta de respuestas por parte del gobierno a los reclamos de un aumento salarial del 35 por ciento

El 21 y 22 de marzo se desarrolló un paro de 48 horas y la semana subsiguiente (28, 29 y 30) se viene un paro de 72 horas. Al mismo tiempo, los docentes universitarios se plegaron a la Marcha Federal educativa a Plaza de Mayo del próximo 22.

La Conadu Histórica ya había parado el 15 y 16 de marzo pasados.

En 2016, la inflación le ganó ampliamente a los salarios. A la vez, los 8.500 pesos del cargo testigo está un 40 por ciento debajo de la línea de pobreza y es el sueldo más bajo de toda la docencia. El ajuste en la ciencia y la educación recorta el 50 por ciento de las becas, así como los ingresos al Conicet. Se trata de una política de ataque a los trabajadores y a todo el movimiento popular, una política que sólo pudo pasar por la complicidad de los rectores de todos los colores y el directorio del Conicet.

De acuerdo al comunicado que lleva las firmas de Luis Tiscornia y Antonio Rosselló, secretario general y adjunto -respectivamente- de la federación nacional, en el congreso “fue unánime el apoyo incondicional a la lucha que vienen llevando adelante los docentes de los otros niveles de la educación por su salario y en defensa de la escuela pública”.

El congreso de Conadu Histórica también resolvió convocar al plenario de secretarios y secretarias generales el próximo 31 de marzo para analizar la evolución de la discusión paritaria y los pasos a seguir.

marzo 23, 2017 at 4:06 am Deja un comentario

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