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Los sponsors de la Facultad de la Agronomía de la Universidad de Buenos Aires

(Por Darío Aranda. Lavaca.org, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miércoles 18 de abril de 2018)- Después de develar los convenios con empresas transgénicas, Darío Aranda revela en esta nota nuevos vínculos entre la Facultad de Agronomía y Bayer, Monsanto, Syngenta y los empresarios de Aapresid. Un sponsoreo que incluye lavado de imagen para los agrotóxicos, un posgrado en “agronegocios”, académicos socios de compañías y un modelo de universidad cómplice del modelo transgénico.

“Agronegocio” es una palabra nueva, y una forma de entender el campo. Resume una definición (el agro como un negocio), conlleva una acción (producir commodities) y tiene un objetivo claro: mayor rentabilidad. “Agronegocio” es el término acuñado por las multinacionales del sector, promovido por grandes medios de comunicación e impulsado por lobbistas en los ámbitos más inesperados y es el término que eligió la Universidad de Buenos Aires para bautizar un posgrado, una maestría, una cátedra y hasta un edificio con aulas. El paquete transgénico se dicta en la Facultad de Agronomía y cuenta con complicidad (publicitada) de Bayer, Monsanto, Syngenta, Dow, Basf (entre otras empresas), y con las cámaras empresarias productoras de agrotóxicos.

Prontuarios cruzados

La Facultad de la Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba) cuenta con el “Programa de Agronegocio”, a cargo de Fernando Vilella. Está dividido en el “departamento de Bioeconomía, Políticas Públicas y Prospectiva” y el departamento de “Instituciones, Organizaciones y Estrategia”, a cargo de Sebastián Senesi, que también es director de la maestría en agronegocios.

En la página de internet del área de agronegocios de la facultad pública se destaca “empresas y organismos que han confiado en nuestro equipo”. Figura un subtítulo “red empresarial” y aparece un listado de 66 empresas. Entre ellas: Bayer, Basf, Bioceres, Biogénesis, Cargill, Centro de Exportadores de Cereales, Don Mario, Dow, IRSA, Los Grobo, Louis Dreyfus, Monsanto, Nidera, Syngenta, Techint. En la “red institucional” (que también son empresas o cámaras que nuclean a compañías): Aacrea (Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa), Acsoja (empresarios del cultivo), ASA (Asociación de Semilleros), Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de Comercio de Rosario, Carbio (compañías de biocombustibles), Casafe (empresas de agrotóxicos), Ciara (grandes compañías de exportadores y aceiteros), Expoagro (feria del agronegocio de Clarín y La Nación).

El área de agronegocios tiene entre sus ejes de enseñanza: plan de negocios y análisis de competitividad, desarrollo y promoción de productos, marketing y comunicación estratégica, negocios agroalimentarios, teoría del lobby.

Vilella (a cargo del Programa de Agronegocio) tiene 63 años, es ingeniero agrónomo y fue decano de la Fauba entre 1998 y 2006. Se presenta formalmente como “director del departamento de bioeconomía, políticas públicas y prospectiva” y profesor titular de la cátedra de agronegocios. Férreo defensor del agronegocio, no encuentra contradicción en que la universidad pública trabaje con o para el sector privado. Fue subsecretario de Asuntos Agrarios en Buenos Aires (2007-2008, gestión Daniel Scioli).

El agronegocio no diferencia partidos políticos. Vilella se sumó a Cambiemos en Buenos Aires junto al ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís (ex gerente de Monsanto), para crear el “observatorio de bioeconomía y datos estratégicos”. En la Fauba amplía que es “asesor” de la gobernadora María Eugenia Vidal.

Es miembro de la comisión directiva de Maizar (Asociación Maíz y Sorgo Argentino), donde confluyen todas las grandes empresas del agronegocio: Monsanto, Basf, Dow, Nidera, Bayer, Syngenta, Casafe, Aapresid.

Entre sus últimas iniciativas, desde 2014, está la realización de “simposios internacionales”, en el marco y con el sello de la Fauba. En abril de 2017 realizó el encuentro Del sur al mundo en 2030, pensando en forma global. Agro y bionegocios sustentables, auspiciado por Nidera, Biogénesis Bagó, Aapresid, Acsoja (todas las grandes empresas transgénicas), Maizar y Bolsa de Cereales, entre otras.

Su discurso recurrente es el mismo que publicitan las empresas: que se necesita más producción (con transgénicos y agroquímicos) para calmar el hambre del mundo. Mito desmentido incluso por la FAO (organismo de Naciones Unidas para la alimentación, que no suele ser crítico al agronegocio).

Sebastián Senesi (del Departamento de Instituciones, Organizaciones y Estrategia) tiene 45 años. Su escuela primaria fue en el selecto Saint Brendan’s College (de origen irlandés); luego concurrió al también exclusivo Nacional Buenos Aires y se recibió de agrónomo en la Fauba. Suele contar, aún en entrevistas, que los confunden con el actor Vin Diesel… Es coautor del libro Campo: El sueño de una Argentina verde y competitiva, publicitado por los medios de comunicación y empresas del agronegocio. Negador de las consecuencias del modelo transgénico, su curriculum vitaea exhibe vínculos con Monsanto, Rizobacter, Los Grobo, Bioceres, Agrofina y Aapresid, entre otros.

Giro empresario

El Departamento de Senesi tiene una decena de convenios con empresas transgénicas. Son “confidenciales”. En MU 117 (noviembre 2017) se publicaron dos. El expediente número 20694/2015 es entre la Fauba y la multinacional Bayer (en la actualidad, en proceso de fusión con Monsanto). Es por “capacitación”, y está a cargo del propio Senesi. La división agro de Bayer (Cropscience) pagó 530.000 pesos por temas de “alta dirección en agronegocios y alimentos”, destinado a “empleados, técnicos y empresarios”. Se trató de ocho módulos de diez horas de clase cada uno, que se dictaron en la sede de Bayer.

Los temas tratados fueron “economía y estrategia en los agronegocios”, “producción, sustentabilidad y negocios”, “marketing y comunicación”, “evaluación de proyectos y riesgo empresario”, “negocios de commodities”, entre otros.

La cláusula quinta del convenio señala que los empleados de Bayer acceden “al certificado de postgrado en alta dirección en agronegocios y alimentos, emitidos por la Fauba”.

El contrato precisa una duración de doce meses. El punto 11 del convenio explicita el perfil más mercantil de la universidad pública: “La Facultad tendrá en todo momento la plena y exclusiva responsabilidad por la conducción de su negocio, actuando como empresa independiente, por su cuenta y riesgo. La Facultad deja expresamente establecido que la actividad que desarrollará constituye una de las actividades normales y específicas de su giro empresario y que es dador y responsable del trabajo a realizar por los empleados”.

Sebastián Senesi estuvo a cargo de otro convenio con Bayer (número 21103/2014), por 400.000 pesos para “realizar un programa de capacitación ejecutiva en alta dirección en el área de agronegocios y alimentos”. La duración fue de doce meses y los honorarios fueron por 100 horas de clase, viáticos de profesores y la coordinación del programa de agronegocios.

En dos convenios en los que Senesi aparece como responsable, Bayer pagó 930 pesos.

Lavado de cara

“Producción agropecuaria, salud y ambiente”, fue el nombre de la jornada que organizó la Fauba el 5 de diciembre de 2017. La única mirada crítica de los disertantes provino de Lilian Corra, directora de la carrera de Médico Especialista en Salud y Ambiente de la Facultad de Medicina de la UBA. “La exposición a plaguicidas puede afectar negativamente el desarrollo de los seres humanos: si es grave, puede terminar con un embarazo o llevar a un desarrollo inviable a semanas de la concepción o afectar el desarrollo de órganos fundamentales para la vida como el cerebro. A los médicos nos preocupan en particular los efectos negativos sobre la fertilidad y sobre el coeficiente y las funciones intelectuales como la memoria, el aprendizaje y la conducta. Obviamente, también influyen en el desarrollo de enfermedades como cáncer y, en las personas jóvenes, enfermedades endócrinas como diabetes e hipotiroidismo”, alertó.

Aunque en la Facultad de Agronomía existen docentes de larga trayectoria en el estudio de las consecuencias de los agrotóxicos, y que además trabajan junto a comunidades afectadas, las autoridades de la Facultad eligieron otro perfil de disertantes.

“La agricultura extensiva argentina y sus desafíos”, fue el título de la ponencia de Emilio Satorre, profesor de la Cátedra de Cerealicultura de la Fauba. “Estamos en el final de la segunda revolución de las pampas y en la construcción de una tercera etapa. Van a convivir muchos modelos. Habrá que incluir a la sociedad en las decisiones y aplicar los principios ecológicos para hacer una agricultura entendiendo la naturaleza”, propuso.

En el auditorio sonreían los estudiantes críticos (y más de un docente). Luego de veinte años de modelo transgénico y con uso masivo de agrotóxicos, desalojos masivos y cientos de pueblos fumigados organizados, desde la academia anuncian que “habrá que incluir a la sociedad”.

Satorre es también coordinador académico de “investigación y desarrollo” de Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), entidad de productores y empresarios que impulsan el modelo de agronegocio.

“Muchos productores nos dicen que sólo quieren usar insumos de banda verde, es decir, con bajos niveles de toxicidad. Es una actitud que hay que felicitar”, festejó Satorre. Prometió que en los próximos años bajaría la cantidad de “fitosanitarios” y los vinculó a una agricultura en base a “sensores, robótica y satélites”.

Roberto Fernández Aldúncin es profesor de la Cátedra de Ecología de la Fauba y es investigador del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas vinculadas a la Agricultura (Ifeva), reconocido espacio de la Facultad por sus vinculaciones con las empresas del agronegocio. Evaluó que existen motivos “racionales” y “emotivos” al momento de referirse a los agroquímicos. Contó una experiencia de “investigación participativa” en Entre Ríos donde se estimaron concentraciones de glifosato en agua y se acordaron prácticas de “bajo impacto ambiental”.

“Los que pensaban que no había ningún problema, vieron que eso no era así. Los que pensaban que el problema era terrible, vieron que no era para tanto”, argumentó.

La soja transgénica se aprobó en 1996. Previamente ya se utilizaban agrotóxicos. Pero el uso del glifosato, pilar del modelo sojero, aumentó de forma geométrica: casi 200 millones de litros por año. Nacieron organizaciones y asambleas de pueblos fumigados, cientos de denuncias, decenas de fallos judiciales, un centenar de publicaciones científicas de universidades públicas (UBA, Litoral, Río Cuarto, La Plata, entre otras). Pero en la jornada de la Fauba sobre “salud y ambiente” no se cuestionó el modelo agropecuario reinante.

Aldúncin asumió en marzo como “secretario de investigación y posgrado” en la nueva gestión de la Facultad.

La agrupación estudiantil Abriendo Caminos presenció e incluso grabó parte de las exposiciones. Resumieron: “La jornada apareció luego de muchos cuestionamientos que pusieron el foco sobre los lazos de la Facultad, y decidieron abrir el paraguas, sin colocarse en alguno de los dos lados de la vereda, aunque eso es exactamente lo que las autoridades hacen al impulsar los convenios con las empresas de agroquímicos y con los grandes productores. De un lado quedaron los defensores del modelo y por el otro lado fue contundente la participación de la doctora Corra, que con mucho rigor científico abordó el problema de la exposición crónica a bajas concentraciones, la exposición desde la concepción, la realidad de los trabajadores rurales y de las escuelas agrotécnicas”.

Durante la jornada las preguntas sólo podían ser por escrito (con el consiguiente filtrado de posibles posturas incómodas) y no se permitió el debate e intercambio con los asistentes.

Doble agente

De la charla en la Facultad de Agronomía también participó Edda Villaamil Lepori, de la Cátedra de Toxicología y Química Legal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Su disertación se tituló “Fitosanitarios en cultivos transgénicos en Buenos Aires y exposición humana”. Presentó datos de un trabajo (realizado junto a la Fauba) en Pergamino.

La Asamblea por la Protección de la Vida, la Salud y el Ambiente de Pergamino denunció en 2016 a Villaamil por manipular información y mentirle a los vecinos en un “estudio” que realizó junto al Municipio de Pergamino, y con el director ejecutivo del Instituto de Ética Legal de la Facultad de Agronomía, Jorge Elustondo, quién además había anunciado que contaban específicamente con el apoyo del ministro de ciencia, Lino Barañao, y de las autoridades del Ministerio de Agricultura de Nación. Explicaron que tomarían muestras de suelo, agua, y analizarían sangre y orina de la población.

Villaamil Lepori que se encontraron con mayor frecuencia los agroquímicos DDT, endosulfán y y metilclorpirifós. Todos químicos usados décadas pasadas, persistentes y con numerosa bibliografía que da cuenta de esa presencia en las zonas agrícolas. Por lo cual, dentro del ámbito académico, no es novedad su aparición en estudios. “Confirmamos la hipótesis de que hay una exposición a insecticidas no relacionados con la actividad agropecuaria y posiblemente al uso doméstico. Son niveles bajos y no significa intoxicación”, afirmó. Resaltó la presencia de DDT y, respecto al agua, sostuvo que existen “niveles bajos de plaguicidas (…) y no se han encontrado niveles elevados de glifosato”.

Nunca se entregaron los estudios completos a la población y tampoco explicaron que el análisis presentados eran por intoxicaciones agudas (que se producen en el momento de la manipulación) y no para afectaciones crónicas (prolongadas en el tiempo), para lo cual debieran hacerse pruebas genéticas. Nunca se entregaron los estudios de orina, donde es más factible encontrar glifosato.

El principal referente en la firma del convenio fue Eduardo Pagano, que figuraba como “investigador responsable”. Es uno de los referente del agronegocio de la UBA, ex vicedecano de la Facultad de Agronomía y desde su cátedra en la universidad trabajó junto a la semillera Don Mario. Integró también la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio responsable de la aprobación de los transgénicos en el país (en base a estudios de las propias empresas y con expedientes confidenciales).

Villaamil Lepori también tiene relación con el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida (ILSI), que cuenta entre sus socios directos a las multinacionales de agroquímicos y transgénicos Bayer, Dow Agro Sciences, Syngenta y Monsanto. Villaamil Lepori es integrante de la Subcomisión de Fitosanitarios de ILSI.

Sobre el “estudio” en Pergamino reconoció (un año después de presentarlo) que en las muestras de sangre no buscaron glifosato, atrazina ni 2-4-D (los químicos más utilizados en la actualidad) y confesó que no hicieron los análisis en orina que habían prometido a la población.

No se puede encontrar lo que no se busca.

El estudio en Pergamino no buscó los químicos más utilizados en el agro actual. Pero su referente, Edda Villaamil Lepori, lo utiliza como referencia para minimizar el impacto de los agroquímicos. Y lo hace en la misma Facultad de Agronomía que tiene convenios confidenciales con las empresas que producen y venden esos químicos.

Una mancha más

La Fauba también cuenta con la “Fundación Facultad de Agronomía”, que tiene entre sus objetivos “coadyuvar económicamente para que la misión de la Facultad pueda ser cumplida con el mayor grado de calidad y eficiencia, promoviendo y difundiendo la enseñanza, investigación y extensión de las ciencias agrarias”. Entre los financiadores figuran Monsanto, Grupo Los Grobo, Dow AgroSciences, Syngenta, Don Mario y Adecoagro, entre otros.

En marzo pasado asumieron nuevas autoridades. La noticia fue que “por primera vez dos mujeres estarán al frente” de la Fauba. Son Marcela Edith Gally (decana, que era segunda de la gestión saliente, de Rodolfo Golluscio, que sigue en el Consejo Directivo de la Fauba) y Adriana Kantolic (vicedecana).

El currículum de Kantolic exhibe publicaciones y congresos junto a las empresas de agronegocio Bayer, DuPnt, Dow AgroSciences, Nidera, Syngenta, Aacrea, Aapresid.

Ante el contexto proagronegocio de la Fauba, un grupo de docentes autoconvocados solicitó anular el convenio con la multinacional Benetton (investigadores de la Facultad trabajan junto a la empresa en el mismo predio donde fue reprimida la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen y donde desapareció y murió Santiago Maldonado). El pedido lo debe tratar el Consejo Directivo, que se muestra reacio a dejar de trabajar con Benetton.

El mismo grupo de docentes organizó una charla para debatir la vinculación con las empresas. “Universidad y Sociedad. Convenios ¿con quién y para quién”. Será el 27 de abril a las 13. Participarán Gustavo Schrauf (ex secretario de relaciones institucionales de la Fauba), Guillermo Folguera (biólogo y filósofo, investigador de la UBA-Conicet), Luis Tiscornia (secretario general de Conadu Histórica) y este periodista.

Una semana después, para profundizar la línea pro agronegocio, la nueva gestión realiza una jornada junto a los empresarios de Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa), los mayores lobbistas del modelo transgénico, hoy con puestos en el gobierno nacional. “Convocamos a docentes-investigadores y estudiantes de la Fauba a participar de este encuentro con el programa ‘Sistemas Chacras Aapresid’. Para conocer su estrategia del aprender produciendo y del protagonismo horizontal, reconociendo posibilidades de trabajo colaborativo, proyectos de investigación, pasantías y prácticas pre-profesionales que potencien la formación académica de nuestros estudiantes”, explica la invitación.

La jornada será abierta por las autoridades de Aapresid y por la flamante decana de la Fauba, Marcela Edith Gally. El afiche que se difunde en el sitio de la Facultad muestra juntos los logos de Aapresid y la Fauba. Y destacado, con signos de exclamación: “¡Agendalo. Te esperamos en el aula de Agronegocios!”.

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abril 22, 2018 at 4:35 am Deja un comentario

Increíble pero cierto: en medio de un récord de inscriptos para iniciar sus estudios universitarios las autoridades del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires todavía no firmaron todas las designaciones docentes

Nuevamente ante el comienzo del cuatrimestre, momento para efectivizar las llamadas altas por bajas, la dirección del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires ralentiza las firmas de las nuevas designaciones en perjuicio de los docentes y de los equipos de trabajo.

Al día de la fecha, hay una cantidad importante de designaciones esperando en un escritorio para su firma.

Desde AGD CBC (Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires) exigimos la inmediata firma de esas designaciones.

¡Ningún docente sin designación!

abril 21, 2018 at 4:12 am Deja un comentario

Estudiantes y gremios ferroviarios, de salud y aviación de Francia protestan contra el ajuste: bloquean quince universidades

(Por Eduardo Febbro. Página 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jueves 19 de abril de 2018)- Las aristocráticas calles del distrito 7 de la capital francesa rara vez son testigos de una revuelta estudiantil, menos aún de la toma de una de las instituciones más prestigiosas y elitistas del complejo sistema francés de educación: la Universidad de Ciencias políticas donde se capacitan los funcionarios de alto vuelo, los líderes políticos y empresariales. Atónitos, los vecinos de este centro de estudios que linda con lo más coqueto del barrio latino leen las pancartas pintadas por los estudiantes: “Aquí se capacitan quienes seleccionan. Bloquemos la fábrica de las elites”. También: “Contra la dictadura macronista”. En total, hasta ahora, hay unas 15 universidades bloqueadas o perturbadas por la oposición de los estudiantes a una de las reformas del presidente Emmanuel Macron: la ORE, Ley de orientación y éxito de los estudiantes.

El descontento social arraigado en las numerosos reformas lanzadas por el presidente electo hace casi un año  abarca también los ferrocarrileras, los estudiantes de bachillerato, los hospitales y otros gremios afectados por la política del jefe del Estado. Francia vive hace varias semanas días negros debido a las huelgas en la compañía nacional de ferrocarriles, la SNCF. Este empresa ha sido siempre la encarnación del símbolo del modelo francés de servicio público. Ahora es un modelo de la tormenta.

El Ejecutivo tocó uno de los ramos más sensibles de Francia. La reforma de los ferrocarriles implica que los nuevos empleados que ingresen a la compañía no tendrán las ventajas de que gozaban antes. Entre otras cosas, se acaba la jubilación a los 55 años al tiempo que se abrirá el mercado de las vías a la competencia y se transformará esta empresa en una sociedad anónima. Según el gobierno, ese es el único camino para saldar la deuda de 45.000 millones de euros que arrastra la compañía mientras que los sindicatos que promueven las huelgas alegan que la meta no es otra que la de “destruir el servicio público”. Las reformas en este sector tienen la memoria agitada. Cada vez que un gobierno intentó retocar los ferrocarriles, el país terminó paralizado. En 1995 tuvo lugar en Francia una de las huelgas más extensas y prolongadas de la historia cuando el entonces gobierno de Alan Juppé, bajo la presidencia de Jacques Chirac, intentó reformar la empresa nacional de los ferrocarriles y tuvo que renunciar. Nada, sin embargo, movió la posición del actual primer ministro, Édouard Philippe, ni la de los parlamentarios de la mayoría que aprobaron ampliamente los cambios. Estudiantes, ferrocarriles, Air France, jubilados -han perdido poder adquisitivo– y hospitales, el país está convulsionado por la avalancha de reformas. El presiente se vio obligado, en dos oportunidades, a dar la cara a lo largo de dos entrevistas en la televisión perfectamente diseñadas. Macron prometió “ir hasta el final”. La batalla más dura seguirá siendo la de los ferrocarriles. Las huelgas intermitentes empezaron el 3 de abril y está previsto que se prolonguen hasta el tres de junio, justo antes del inicio de las vacaciones del verano europeo. Hay días en que las principales estaciones de trenes de la capital, la Gare de Lyon, la Gare de l’Est o la Gare du Nord, son un auténtico caos de pasajeros demorados. Sin dudas, será ese sector de la opinión pública quien se convertirá en el árbitro final.

Pese a los paros y las críticas, a los sondeos menguantes y a los epítetos como “presidente de los ricos” o “presidente de las ciudades”, el jefe del Estado parece aún gozar de una inédito estado de paciencia de parte de la sociedad. El país no es sin embargo iluso. Es consciente de la profundidad y la velocidad de las transformaciones introducidas por Emmanuel Macron desde que accedió a la jefatura del Estado en mayo de 2017. Una encuesta reciente realizada por la consultora BVA para el semanario Le Nouvel Observateur muestra la radiografía de una sociedad perturbada por la intensidad de las transformaciones. El “nuevo mundo” que Macron había prometido durante la campaña electoral es percibido como real. El 57% piensa que “Francia cambió desde hace un año” mientras que 32% reconoce que esos cambios son mucho más importantes de lo que hubiesen imaginado. La manera en que se valoran esos cambios es variable: 21% siente que Francia “cambió para bien”, 30% que fue “para mal” y otro 49% dice no haber percibido ninguna variación. La sociedad le reconoce en un 63% que Francia, en el plano internacional, es más ambiciosa desde que Macron llegó al Palacio del Elíseo. Sin embargo, hay, en el país, un consenso mayoritario para juzgar lo que ha sido una de las columnas vertebrales de la retórica de la construcción francesa: la justicia y la democracia. El estilo autoritario de Macron se traduce en la encuesta por una mayoría de 65% convencida de que Francia es ahora menos democrática, 75% juzga que el país es menos justo y el mismo porcentaje que se vive en una sociedad menos igualitaria. Sólo el 28% siente que la política actual permitirá que Francia se reforme profundamente ante el 54% que piensa lo contrario. En síntesis, el retrato que arrojan las encuestas es doble: un país más dinámico pero mucho menos justo. En un libro que aparece en estos días escrito por Jérôme Fourquet, director del Departamento Opinión de la consultora IFOP (Le nouveau clivaje) se demuestra cómo Francia no ha esquivado las enfermedades sociales derivadas de la globalización: fractura entre la ciudad y los suburbios, entre la ciudad y el campo, entre los conectados y los no conectados, etc, etc. Están los “que perdieron” con la globalización, y aquellos que “se adaptaron y ganaron”. Macron aparece claramente como el presidente de los últimos sin que, por el momento, esto llegue a desatar una ola de descontentos o revueltas tan potentes como para que el presidente modere el rumbo.

abril 20, 2018 at 4:25 am Deja un comentario

Chile: estudiantes y profesores marchan por una educación pública gratuita

(Por Rodrigo Fuentes. Radio UChile, Santiago de Chile, lunes 16 de abril de 2018)-  Este jueves 19 la Confech (Confederación de Estudiantes de Chile) , el Colegio de Profesores, estudiantes secundarios y otros actores de la educación convocan a marchar desde las 11 horas en todas las ciudades del país.  Los distintos grupos se han sumado al llamado a marchar el próximo jueves en la  primera gran manifestación social del  segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Fue el propio ministro de Educación, Gerardo Varela, quien abrió el flanco para esta movilización nacional al afirmar en una entrevista al diario La Tercera que “el tiempo de las marchas ya pasó. La gente está cansada de las marchas”.  Además, en un acto que podría interpretarse como de provocación a los estudiantes, señaló que “el movimiento estudiantil va a perder fuerza, porque se va a dar cuenta de que su verdadero deber no está en la calle, sino que en la sala de clases”.

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Alfonso Mohor indicó las razones para salir a las calles. “Poner sobre la mesa algunos puntos que este gobierno ha entrado a cuestionar por distintas vías, uno de los grandes consensos nacionales es el fin al lucro educativo y de eso no existe duda, también tenemos que acabar con los mecanismos de acceso que endeudan a las familias, como por ejemplo el Crédito con Aval del Estado (CAE) y en una tercera instancia hemos puesto sobre la mesa la necesidad de cambiar el enfoque que tiene nuestra educación, hacia uno que no sea reproductor de los sesgos de género, donde muchas veces contamos que hay carreras para hombres y mujeres, cosa que no nos parece”, subrayó.

Las diversas federaciones del país han manifestado además su preocupación por la excesiva violencia policial que pueda ser ejercida por Fuerzas Especiales de Carabineros durante la realización de la protesta. Esto, tomando en cuenta recientes manifestaciones en Santiago y regiones.

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Temuco, Eugenio Teillier advirtió que particularmente en la zona de La Araucanía, se toman con especial cuidado las contantes provocaciones que Carabineros ejecuta durante diversas manifestaciones que se han realizado pacíficamente.

“Existe una preocupación producto de la escalada de acciones violentas por parte de Fuerzas Especiales y los aparatos represivos del Estado. Se sabe que estos personajes han intervenido más de 250 celulares de dirigentes sociales, indígenas y estudiantiles en la región. Nosotros estamos coordinando todas las acciones necesarias para que la marcha del día jueves implique salir a la calle con nuestra creatividad histórica y eso también nos invita a manifestarnos de una forma pacífica”, argumentó.

La situación en la Universidad de Las Américas

Una impresora  por cada mil estudiantes aproximadamente, imposibilidad de acceder a los escasos equipos que existen en los contados laboratorios de computación, ningún casino para comer a precio razonable, plataformas de ingreso para discapacitados en mal estado. Estas son algunas de las tantas falencias que denuncian los estudiantes de la Universidad de las Américas (UDLA).

La casa de estudios pertenece al grupo controlador estadounidense Laureate que desde hace algún tiempo está siendo cuestionado por ejercer el lucro en la educación con el único fin de incrementar su patrimonio, obteniendo sustanciosos márgenes de utilidades que van en directo perjuicio de los estudiantes.  Todo lo anterior fue advertido por el propio Ministerio de Educación luego de  detectar millonarios traspasos de dinero por parte de las Universidades de Las Américas, Andrés Bello y Viña del Mar, que  forman parte del conglomerado.

El dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de las Américas, Luis Rencoret, denunció graves falencias en infraestructura y equipamiento lo que, según él, no se condice con los casi 500 mil pesos (840 dólares) que algunos estudiantes deben pagar mensualmente como arancel.

“Si yo quiero ocupar un computador, no tengo computador. Si quiero imprimir, tengo que esperar en una fila de 20 o 30 personas, el tema de los baños, muy mal mantenidos. Quizás son problemas domésticos, pero si hablamos de una cantidad de siete mil estudiantes que tiene, por ejemplo, el campus Santiago Centro, debiera ser mucho mejor abordado. Hoy día si uno quiere ir por una colación económica dentro del campus, no puede, incluso no se puede pagar con la tarjeta Junaeb, en resumen, rentabilizan cada servicio en beneficio exclusivo de la administración y no de los alumnos. Otra muestra de esto es  lo que sucede con la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía en Talagante, donde los compañeros no cuentan con agua caliente”, afirmó.

El dirigente estudiantil de la UDLA, agregó que se sumarán a la marcha nacional convocada por la Confech para el próximo jueves 19 de abril.

Profesores y asistentes: “el camino de las comisiones no es el más apropiado”

Por su parte, durante la mañana de este domingo diversas organizaciones sociales y de trabajadores de la educación se reunieron en la Casa del Maestro para convocar a marchar y paralizar actividades el próximo jueves 19 de abril en el marco de la “Marcha por la Educación”.

Los convocantes – entre los que se encontraban dirigentes del Colegio de Profesores, colegios subvencionados, asistentes de la educación – declararon que se hacen parte de este Movimiento porque está la amenaza de reponer el lucro en la Educación, generar obstáculos al proceso de desmunicipalización, retroceder en derechos laborales, dejar fuera al mundo social del proceso de acuerdos nacionales y la postergación del Estatuto de Asistentes de la Educación.

El vicepresidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, llamó a los docentes a sumarse a la marcha convocada este jueves 19 de abril y a paralizar actividades. En la ocasión mostró su preocupación porque el gobierno retiró los Reglamentos de la Nueva Educación Pública y “que no sabemos por que va a ser reemplazado y nada se ha dicho, poniendo en riesgo el proceso de desmunicipalización”.

Gajardo criticó la conformación de comisiones por parte del gobierno para tratar acuerdos nacionales, dado que se “ha dejado marginado al mundo social y más parece una maniobra para dividir a la oposición y a los actores sociales, más que encaminar a buscar convergencia en temas fundamentales”.

En ese sentido declaró que “nosotros estamos de acuerdo que hay que hacer cambios en infancia, seguridad ciudadana, pero hay formas y formas. Este camino no es el más apropiado”.

Por su parte, Manuel Valenzuela, presidente del Coordinador Nacional de Regiones de Asistentes de la Educación, fue enfático al rechazar la postergación del Estatuto de Asistentes de la Educación,que se encontraba en primer trámite constitucional en el Congreso Nacional y había pasado al Senado, que aprobó la idea de legislar.

Valenzuela señaló que el gobierno está pidiendo “retirar el proyecto, revisarlo y además anuncia que no hay informe financiero, lo que nos parece sorprendente ya que fue aprobado en la Cámara de Diputados con su respectivo informe financiero y ahora nos dicen que no existe”.

En Santiago la marcha está programada para este jueves a las 11 de la mañana desde Plaza Italia, por Alameda, hasta calle Echaurren, dando inicio a un mes con varias convocatorias a movilizaciones de carácter nacional.  El sábado 21 se realizará la marcha por la Defensa de las Aguas y los Territorios, y el 29, la nueva acción convocada por la Coordinadora No + AFP.

abril 19, 2018 at 4:15 am Deja un comentario

Para los profesores de la universidad la cláusula gatillo resultó de pólvora mojada

El día 19 de marzo, el Ministerio de Educación presentó su propuesta de aplicación de la “cláusula gatillo” del acuerdo paritario 2017. Todas las partes coincidieron en que el desfasaje inflacionario alcanzaba el 2,77% y su aplicación retroactiva al mes de febrero de 2018. Las representaciones gremiales rechazaron por unanimidad la base de aplicación del mismo ya que no contemplaba los incrementos por jerarquización y nomenclador para el cálculo de la recomposición salarial.
El 12 de abril fuimos citadas nuevamente todas las representaciones sindicales en el Ministerio para el tratamiento de este tema. El ministerio de Educación y los paritarios del CIN presentaron, casi un mes después, la misma propuesta.
El resto de las representaciones gremiales suscribieron el acta respectiva. A continuación adjuntamos el cuadro comparativo de los salarios vigentes y los coeficientes de recomposición a aplicar, que en ninguna categoría alcanzan al 2,77%.

Aclaraciones:

  • Para los preuniversitarios corresponde el incremento del profesor adjunto, o sea el 2,21%.
  • Para el JTP (Jefe de Trabajos Prácticos), hasta 5 años de antigüedad, no corresponde recomposición por estar incluido en la garantía salarial.
  • Para ayudante de primera, hasta 7 años de antigüedad, no corresponde recomposición por estar incluido en la garantía salarial.

Como se ve, en ningún caso se aplica el 2,77%, que es el desfasaje inflacionario ya que no se tomaron para el cálculo de la cláusula gatillo ni el 2% de jerarquización ni la recomposición del nomenclador salarial docente.

AGD – UBA (asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires)

abril 18, 2018 at 4:00 am Deja un comentario

Los universitarios llevaron su preocupación al Congreso: efectos del ajuste académico

(Por Inés FornasseroPágina 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, viernes 13 de abril de 2018)– En el marco de los reclamos por más fondos para las universidades –que esta semana incluyeron 48 horas de paro de los docentes–, representantes de estudiantes, profesores y rectores llevaron al Congreso su preocupación por la situación del sistema, luego de que la Secretaría de Políticas Universitarias anunciara –como informó este diario– un recorte de 3 mil millones de pesos en el presupuesto del sector, así como el congelamiento de las obras de infraestructura.

Diputados del FpV, el Movimiento Evita, el Frente Renovador y el Frente de Izquierda recibieron el miércoles a dirigentes de las federaciones docentes Conadu y Conadu Histórica, a organizaciones estudiantiles y a la rectora de la Universidad Nacional de las Artes, Sandra Torlucci, quienes buscaron visibilizar el reclamo por el desfinanciamiento a las universidades. Durante el encuentro, en el que participaron los diputados Laura Alonso, Daniel Filmus, Hugo Yasky, Araceli Ferreyra, Roberto Salvarezza, Lucila Masin, Pablo Carro, Romina Del Plá y Néstor Pitrola, entre otros, las principales preocupaciones expresadas por los universitarios apuntaron a la falta de avances en la paritaria docente, el recorte de fondos anunciado, la demora en la ejecución del presupuesto y la reducción de becas estudiantiles.

Los problemas generados por los retrasos en la transferencia de fondos para gastos de funcionamiento y para obras se manifestó en el último plenario del CIN (el consejo que reúne a los rectores), donde se aprobó un acuerdo plenario que expresó la “preocupación por la suspensión de las nuevas obras de infraestructura que estaban programadas para el ejercicio 2018, con especial énfasis en aquellas situaciones de instituciones universitarias que carecen de edificios propios” y encomendó a las autoridades del CIN “que gestionen ante el gobierno nacional alternativas de resolución” para la situación.

La rectora Torlucci confirmó que el retraso en el pago de las cuotas de gastos alcanza –en el caso de la UNA– al mes de noviembre de 2017 y aseguró que las universidades nunca sufrieron una demora tan pronunciada. Por el anuncio de que en 2018 no se aprobarán nuevas obras de infraestructura, la UNA, al igual que otras universidades, pospondrá proyectos previstos para este año, como la restauración de su sede ubicada en la Avenida Córdoba, cuyo edificio tiene un siglo.

Peor es el caso de obras que ya estaban en marcha y no podrán continuar. La rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Gabriela Diker, confirmó a PáginaI12 que la Dirección de Fortalecimiento de Infraestructura Universitaria le anunció a la institución que una de las obras en ejecución desde noviembre pasado –la construcción de laboratorios y talleres necesarios para las carreras de ingeniería de la UNGS– dejó de tener financiamiento asignado.

Diker explicó que el proyecto –que se inició y aprobó bajo la gestión del actual gobierno nacional, en 2016– es “central” para el desarrollo de las actividades de la UNGS. “Estamos reclamando que el crédito efectivamente se sostenga. Estaba asignado por ley y es la contraparte de un crédito de la Corporación Andina de Fomento. La obra está iniciada y con certificado ya pagado por el Ministerio del Interior y Obras Públicas”, precisó.

El martes y el miércoles de esta semana, los docentes de Conadu y Conadu Histórica cumplieron una huelga en reclamo de un aumento salarial del 25 por ciento, entre otros puntos. Según los gremios, la medida tuvo un alto acatamiento, cercano al 80 por ciento.

En las paritarias del sector, el Ministerio de Educación aún no presentó ninguna oferta de incremento de sueldos. Ayer, en una nueva reunión, los gremios docentes acordaron con funcionarios de la Secretaría de Políticas Universitarias la aplicación de la cláusula gatillo que formaba parte del acuerdo paritario del año pasado: será del 2,77 por ciento, y se pagará con el sueldo de abril, retroactiva a febrero.

En las próximas semanas, el conflicto docente promete continuar. La Conadu ya anunció nuevas jornadas de protesta para el 26 y 27 de abril, además de un paro de 48 horas (10 y 11 de mayo) y una marcha federal universitaria para el 17 del mes que viene.

abril 17, 2018 at 4:06 am Deja un comentario

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abril 15, 2018 at 3:03 am Deja un comentario

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