Servicios educativos

abril 24, 2017 at 4:06 am Deja un comentario

El año pasado y el anterior y el anterior muchos sindicatos docentes, sino todos, y de las más variadas jurisdicciones denunciaron que las escuelas públicas se llueven, los techos se caen, las paredes se electrifican, deben suspender días de clase por el estado en que se encuentran entradas, baños y pisos, turnar la concurrencia de las divisiones porque faltan aulas, quejarse por la ausencia de ventiladores o de estufas, entre otras muchas calamidades. No viene fácil a la memoria que algún medio de comunicación grande haya dedicado una recorrida a las aulas en ruinas.

Sin embargo, esa carencia no ha impedido que una manada de especialistas, funcionarios, opinadores, locutores y periodistas se haya lanzado hace ya algún tiempo a la atlética competencia ante cámaras y micrófonos para determinar quién quiere y protege más a la “escuela pública”, o más directa y cariñosamente: “la pública”.

Ahora, a través de uno de esos afamados decretos de necesidad y urgencia publicado hace unos días en el Boletín Oficial, y en el marco del conflicto por la paritaria docente, el gobierno volvió a prorrogar hasta fin de año la eximición del pago de contribuciones patronales para colegios privados.

La justificación de esta disposición es que “los aportes que gravan a quienes brindan servicios educativos generarían un efecto recesivo en las distintas jurisdicciones, lo que se contrapone con los objetivos de optimización de calidad educativa y generación de empleo”. O sea que, en idioma cristiano, los funcionarios temen que las cuotas mensuales se vayan a las nubes.

El punto marca un límite. El espectador atento puede sin mucho esfuerzo notar que, de pronto y de cara a la anterior noticia, cede el dique lingüístico que separa a “la pública” de “la privada”. Las dos palabras se funden a unos “servicios educativos” muy del gusto oficial.

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