Reducir lo público a la “gestión” es matar a la educación: sobre el proyecto de ley que crea el sistema de educación pública de Chile

diciembre 19, 2015 at 4:51 am Deja un comentario

Chile(Opech. Santiago de Chile, lunes 14 de diciembre de 2015)- Se acaba de presentar un proyecto de ley que supuestamente daría respuesta a la demanda de fortalecer la educación pública [i]. Al respecto podemos decir que esta nueva propuesta es absolutamente insuficiente respecto a los alcances de lo que debiera ser una Nueva Educación Pública; más aún, mantiene y refuerza lógicas de administración privada en la educación pública, presente en otras leyes tales como la Ley de Subvención Escolar Preferencial y la Ley de Calidad y Equidad.

Por lo tanto, se reduce a “modernizar la gestión” de lo público. Además, las escuelas públicas siguen condicionadas a convenios por resultados, y por lo tanto anula cualquier discusión sobre el sentido de lo público en Educación. En último término, y tal como se ve el panorama de la discusión legislativa, con este proyecto se sepulta la discusión sobre Educación Pública.

Omisiones notables del proyecto de ley

El proyecto de gestión de la educación pública deja un número importante de propuestas del movimiento social y de los actores educativos fuera. Entre las cuestiones que no entran en la discusión tenemos que:

  1. Se mantiene el sistema de financiamiento a la demanda, que pone a competir a escuelas públicas y privadas: aunque el Mensaje Presidencial hace referencia al financiamiento por voucher como una de las medidas de mercado implementadas en dictadura, no se pronuncia sobre un cambio en esta materia. Cabe señalar que más de la mitad de los recursos por subvención regular se destinan a escuelas privadas.
  2. Se mantiene la igualdad de trato entre lo público y lo privado: El “nuevo sistema de educación pública” no contempla en lo esencial un financiamiento preferente a lo público. Esta omisión es crucial, ya que condiciona el tipo de proyecto y provisión educativa pública y pone a estas escuelas una vez más a competir con los establecimientos privados.
  3. La discusión sobre el sentido de lo público está ausente en la implementación del proyecto de ley: este proyecto sólo hace mención a los principios que establece la Ley General de Educación, aplicables a todo el sistema que recibe financiamiento estatal. La discusión sobre el sentido de lo público es relevante, toda vez que los sostenedores privados poderosos – como la Iglesia Católica y grupos ligados al Opus Dei, las Escuelas Matte y sostenedores empresariales – tienen muy claro el tipo de sujeto que quieren formar, es decir, sujetos adaptados para el mercado.

Entonces, ¿qué es lo distintivo de la Educación Pública que se quiere forjar en este nuevo sistema? ¿Qué tipo de sujeto se quiere formar en la Educación Pública? Al no haber un proyecto que aúne lo público, sigue siendo omitida la discusión sobre el currículum. El único principio claro es que la educación pública (y la educación en general) debe guiarse por los principios de la gestión empresarial: el carácter público de la educación se aborda en este proyecto como un problema de gestión eficiente.

  1. Renuncia a la creación de un sistema articulado de Educación: el proyecto de ley no integra los distintos niveles de enseñanza, desde la Educación Parvularia hasta la Educación Superior, ni tampoco articula a las escuelas públicas con las universidades y centros formadores de profesores/as públicos. Esto es reflejo justamente de la inexistencia de un proyecto educativo público que defina el sujeto que se quiere construir.
  2. Como no hay proyecto educativo, la “calidad” medida por el SIMCE sigue siendo el parámetro de la educación pública: este proyecto de ley mantiene y se articula en función de la calidad medida por el SIMCE y la rendición de cuentas. Por ejemplo, los resultados SIMCE, a través de la concentración de escuelas con calificación de “insuficiente”, constituye una causal para el despido del director de los nuevos “servicios locales”
  3. No promueve el aumento de la matrícula pública: a pesar que el diagnóstico en el Mensaje señala como un problema el descenso de la participación de la educación pública en el global del sistema, no contempla el aumento de la matrícula de educación pública, pues su foco es modernizar la gestión para entrar a competir. Llama la atención que la creación de nuevas escuelas en el proyecto estará afecta a la Ley de presupuestos: en cambio, cerrar o fusionar escuelas sigue siendo un procedimiento administrativo simplificado.

Lo que promueve la ley: lógicas de gestión empresarial para administrar la educación pública

El nuevo proyecto de educación pública se reduce a un problema de “modernización de lo público” a través de la gestión empresarial. Por lo tanto, este proyecto promueve:

  1. Un cambio organizacional de la administración educativa pública: el proyecto está impregnado de una lógica de gestión por resultados y eficacia, pese a algunas concesiones a la participación de las comunidades escolares. Por lo tanto, sitúa la mejora de la educación pública en el refuerzo de un tipo de gestión privatizada: por ejemplo, se organiza la gestión en función a convenios de desempeño, lo cual restringe el sentido de lo educativo.
  2. Se crea una nueva estructura que implica una desresponsabilización del Estado en la función educativa que le compete: el proyecto crea los “servicios locales”, que dependerían de una Dirección de Educación Pública. Esta Dirección pasa a convertirse en una agencia de gestión más del Ministerio de Educación, lo cual separa la responsabilidad del Ministerio en su función educativa, y perpetúa un modelo de administración de la descentralización educativa en clave neoliberal.
  3. Sobre la participación: si bien es valorable que los Consejos Escolares tengan un carácter resolutivo, ésta lo es sólo para el Reglamento Interno y la programación anual; además, el Consejo no pude incidir sobre el sentido y el contenido de la educación. Asimismo, este modelo a escala de “democracia representativa” ha sido cuestionado, pues desconoce otras formas de participación, tales como los sindicatos, asambleas estudiantiles, Colegio de Profesores, entre otras.

En síntesis, este proyecto posiciona a la educación pública como un problema de procedimientos y no de sentido y fines de la Educación. Si bien hace críticas a las reformas mercantilizadoras, este proyecto no altera ninguno de los pilares estructurales del neoliberalismo educativo, una de cuyas consecuencias es justamente el Nuevo Management Público: es decir, lógicas privadas de administración para el sistema público.

No hay que perder de vista que el fortalecimiento de la educación pública es una demanda histórica del movimiento por la educación e incluso este proyecto, con su alcance reducido, hubiera sido imposible sin la movilización social de los últimos años. Por lo mismo, no corresponde dar por cerrada esta demanda, pues limitar la discusión de lo público sólo a un proyecto de administración, no evita el declive sostenido de la educación pública. Al no haber proyecto fuerte de educación, sin derribar los pilares del mercado, se terminará consolidando la extinción definitiva de lo público en Educación.

[i] El proyecto de ley en el siguiente enlace: http://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2015/12/Mensaje-1174-363-Proyecto-de-Ley-que-Crea-el-Sistema-de-Educacion-Publica-firmado.pdf

DECLARACIÓN DEL CONSEJO DE RECTORES CON MOTIVO DEL FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Respecto a los recientes anuncios del Tribunal Constitucional (TC) en relación al requerimiento interpuesto por Parlamentarios de oposición sobre la glosa de financiamiento de la gratuidad universitaria vía proyecto de Ley de Presupuesto, el Consejo de Rectores declara los siguiente:

  1. Lamentamos la situación de incertidumbre en que han quedado miles de estudiantes, particularmente aquellos que ingresarán el año 2016 a sus estudios superiores, quienes hoy no cuentan con información clara respecto de sus reales posibilidades de acceso y financiamiento. Asimismo, las Universidades se verán enfrentadas a la necesidad de fijar sus presupuestos para 2016, sin ningún grado de certeza, lo que resulta muy grave para su desempeño futuro y sus proyectos de largo plazo.
  1. El Consejo de Rectores, tal como lo ha manifestado en otras ocasiones, reafirma y valora la necesidad y urgencia de la gratuidad como política pública, especialmente para los sectores sociales más desfavorecidos. Reiteramos como necesario que el acceso al régimen de gratuidad establezca ciertas condiciones básicas de elegibilidad, relativas a estándares de calidad y a la prohibición eficaz de lucro. Estas condiciones nos parecen indispensables para garantizar que el financiamiento público contribuirá a mejorar nuestro sistema de educación superior y de este modo evitar que tales recursos sean objeto de apropiación o enriquecimiento privado.
  1. El Consejo de Rectores, de conformidad con su Ley Orgánica, no tiene competencia alguna en la definición de proyectos de ley ni está llamado a controvertir decisiones jurisdiccionales adoptadas conforme a procedimientos constitucionales vigentes. No obstante, llamamos a todos los actores políticos a contribuir en el diseño de una fórmula que compatibilice las necesidades urgentes de miles de estudiantes con la estructura institucional de nuestro sistema político.
  1. Tal como expresamos en la audiencia pública convocada al efecto por el Tribunal Constitucional, el Consejo de Rectores no comparte los fundamentos del requerimiento de inconstitucionalidad interpuesto por un grupo de parlamentarios y, por la misma razón, reiteramos nuestro rechazo a todas las afirmaciones que tienden a presentar a este Consejo como una corporación que se ampara en privilegios de carácter político o económico. Ello equivale a desconocer el rol público que juegan las instituciones que lo conforman a lo largo de toda su historia y que consta en el reconocimiento social que le ha brindado permanentemente la gran mayoría de los chilenos.

Santiago de Chile, viernes 11 de diciembre de 2015

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