Ley Puiggrós: una reafirmación de la Ley de Educación Superior menemista y de toda la legislación antieducativa

noviembre 26, 2015 at 4:24 am Deja un comentario

Tiscornia(Por Luis Tiscornia, Secretario General de la Federación de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios, CONADU Histórica-CTA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lunes 23 de noviembre de 2015)- Tanto desde sus fundamentos como en su breve articulado, la Ley Puiggrós, que se promociona como una modificatoria de la Ley de Educación Superior (LES), ratifica la LES menemista y continúa las más recientes legislaciones antieducativas promulgadas en esta década.

Por eso obtuvo el apoyo no sólo de la bancada oficialista sino también de sectores de la oposición.

Una de las instituciones centrales de la LES menemista, que cumple 20 años, es la CONEAU. Esa antidemocrática “comisión”, que evalúa y certifica nuestros programas de estudio, nuestras instituciones y, en definitiva, a todos los docentes, estudiantes y graduados de las universidades argentinas. Contra la Coneau, las federaciones estudiantiles de todo el país y la CONADU Histórica hemos protagonizado, en todos estos años, decenas de movilizaciones, tomas de facultades, actos de repudio.

En los fundamentos de la Ley Puiggrós y en su articulado se ratifica en todo la vigencia de la CONEAU. Dice: “…la norma concluye estableciendo que la Auditoría General de la Nación dispondrá de una sección especial dedicada específicamente a las Universidades […] lo que procura de esta manera complementar en lo administrativo lo que realiza la CONEAU en lo académico”.

La Ley Puiggrós se declara contra la mercantilización y los acuerdos de Bolonia. Sin embargo, se rinde al modelo anglosajón con el que dice disentir, ya que ratifica el modelo de la OMC y del Banco Mundial de mercantilización y privatización del sistema universitario. Lo hace al mantener, explícitamente, en su artículo 7º, el modelo actual de la generación de los llamados fondos propios.

Según la Ley, las instituciones universitarias “podrán dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes del Tesoro nacional, mediante la venta de bienes, productos, derechos o servicios, subsidios, contribuciones, herencias, derechos o tasas por los servicios que presten, así como todo otro recurso que pudiera corresponderles por cualquier título o actividad”. Por lo tanto los convenios con Monsanto, Chevrón, así como los aranceles y copagos en los hospitales universitarios, seguirán siendo la norma. Como lo es también la equiparación entre la universidad estatal con la privada

Las universidades no estarán obligadas a publicar los convenios ni los gastos ni los ingresos adicionales. Pasarán a ser controladas, pero no por los estudiantes, docentes, no docentes y graduados sino por la Auditoriía General de la Nación, la institución que año a año, por ejemplo, es la que ratifica la emisión y pago de bonos de la deuda externa.

Con la CONEAU y con los dictados bancomundialistas, la Ley no reforma sino que reproduce la misma matriz conceptual de los noventa, “el mismo signo conceptual y programático” –como dice los fundamentos de esta Ley- que recorre las legislaciones de estos últimos años. Así lo demuestra, por ejemplo, el uso del concepto de “calidad educativa” que titula capítulos y figura en algunos de sus artículos. Nueve años después de dictada la Ley 26206 es una burla al pueblo argentino hablar de “calidad educativa” con salarios de 2500 pesos para el ayudante de primera con dedicación simple y con salarios menores al mínimo vital y móvil para la docencia de todos los niveles que percibimos como dádiva la garantía salarial. Es una burla hablar de “calidad educativa” cuando las escuelas de Macri, de Scioli y de todos los gobernadores se caen a pedazos encima de las cabezas de nuestros estudiantes.

En lo que hace al gobierno universitario la Ley Puiggrós es clarísima. Mantiene la letra y espíritu de la LES menemista: Sostiene la exclusión de la mayoría de los docentes del gobierno debido a que deniega el claustro único docente, no incrementa el claustro estudiantil y no se garantiza la presencia de los trabajadores no docentes. En definitiva, la democratización de las universidades sigue siendo una tarea pendiente.

La Ley y el CCT

Luego de 28 años de lucha, los docentes universitarios y preuniversitarios obtuvimos en julio de 2015, nuestra Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para todas las universidades nacionales. En el 2006, consiguieron su primer CCT los trabajadores no docentes.

Estos logros de los trabajadores universitarios los obtuvimos luchando contra las autoridades que se erigen como patronales, contra los gobiernos nacionales de turno y, fundamentalmente, contra la LES que en su redacción original dejaba librada a cada universidad nacional el establecimiento del régimen salarial y la administración de personal.

Es decir, nos condenaba a los trabajadores universitarios a las políticas flexibilizadora y precarizadora del menemismo intentando imponernos el convenio por empresa (universidad).

La Ley Puiggrós, en su artículo 7º, dice que a cada institución universitaria corresponde “fijar su régimen salarial y de administración de personal”. La Ley Puiggrós es un arma en manos de las patronales universitarias contra los CCT nacionales, de aplicación obligatoria, de los trabajadores docentes y no docentes.

Alberto Barbieri, rector de la UBA, celebra la sanción de esta ley. No es casualidad: En la UBA su rector aprobó un convenio por empresa y a la baja.

Gratuidad e ingreso

Desde el gobierno peronista en 1949, la universidad argentina es gratuita. Durante décadas lo fue en todos sus niveles: preuniversitario, grado y posgrado. La creciente mercantilización, privatización y vaciamiento llevó a los rectores y consejos superiores a construir un verdadero negocio con la proliferación de miles de posgrados pagos, algunos de los cuales superan los 100 mil pesos para concluir la cursada.

La Ley Puiggrós, con la excusa de eliminar ciertas tasas y aranceles, que algunas universidades hicieron proliferar en el grado, ratificó el negocio de los posgrados pagos. La Ley Puiggrós ni siquiera garantiza la gratuidad de los mismos para docentes, becarios e investigadores, negando a todos la formación gratuita y en servicio.

La lucha de la Federación Universitaria de La Plata (FULP) y específicamente de los estudiantes de Medicina contra el sistema de ingreso, donde solo 80 sobre 3000 aspirantes llegan a ingresar por año, fue uno de los mojones de esta década de las luchas del movimiento estudiantil combativo por la derogación de la LES, el mayor presupuesto universitario y la democratización del sistema.

Esta lucha, que no se circunscribió a La Plata sino que se extendió a Córdoba y otras universidades, encontró un obstáculo legal en la propia Corte Suprema que, en 2008, declaró constitucional el sistema de ingreso regulado por la LES. En este punto, la Ley Puiggrós hace una concesión a la lucha estudiantil pero legaliza a su vez los cursos de nivelación que se realizan en más de 20 universidades nacionales. Tales cursos funcionan como un verdadero aparato de selección, ya que sin becas, sin infraestructura, sin la cantidad de docentes necesarios (como reconoció la Universidad de Tucumán el 30 de octubre pasado), la deserción, que alcanza al 80% de los matriculados, seguirá siendo endémica y la palmaria demostración de la exclusión de los jóvenes del sistema universitario público.

Desde estas consideraciones y este planteo, seguimos exigiendo:

• La derogación de la Ley de Educación Superior todavía vigente y ahora ratificada en sus puntos centrales por la Ley Puiggrós, así como de toda la legislación mercantilizadora de la educación;

• La inmediata eliminación de la CONEAU;

• La democratización de los gobiernos universitarios con claustro único docente,ciudadanía plena de los docnetes universitarios y preuniversitarios, incremento de la representación estudiantil, representación de los trabajadores no docentes y ciudadanía plena de los docentes preuniversitarios;

• La aplicación inmediata en todas las universidades y colegios preuniversitarios del Convenio Colectivo de Trabajo nacional, por la estabilidad y contra todas las formas de precarización laboral y salarial;

• Incremento del presupuesto educativo, salario testigo igual a la canasta familiar, no al trabajo gratuito;

• Control por la comunidad educativa de todos los convenios que firmen las universidades, así como de sus ingresos y gastos;

• Gratuidad de todos los posgrados, formación gratuita y en servicio para todos los docentes pre y universitarios;

• El carácter público, laico, científico y gratuito en todos los niveles educativos.

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