La batalla por los esclavos de la Patagonia del siglo XXI

El artículo que escribió Lucas Schaerer, desde y sobre la Patagonia argentina el pasado lunes 26 de octubre para La Alameda, comienza hablando de “falopa, putas y casino. Estas tres mercancías masificadas en suelo patagónico son las claves para las complicidades y costumbres más abyectas construidas por y desde el poder en la provincia de Santa Cruz. Quienes lo dejaron en evidencia y dan una pelea épica en su contra es la organización Alameda, que estuvo desde este lunes a miércoles en la ciudad capital”.

Cuenta a continuación que La Alameda se reunió con los representantes legislativos de la oposición, que son los victoriosos en la última elección; además los recibió la jueza y fiscal que llevan adelante la causa de las Casitas que derivó en otra de drogas. Las citas con oposición, iglesia y justicia ya forman parte de la historia de los diarios y radios de los medios más importantes de Santa Cruz.

A los legisladores de la oposición que lidera Eduardo Costa se les dejó una propuesta. Que convoquen públicamente al gobernador Daniel Peralta a elaborar en conjunto un proyecto de ley para derogar las ordenanzas que habilitan bares y whiskerías  que son tapaderos de prostíbulos. Quien quedaría como arbitro entre ambas fuerzas políticas es el obispo Juan
Carlos Romanin.

Esta propuesta no significará la impunidad. A la justicia, la Fundación Alameda le encomendó más pistas para investigar y para ello se hicieron dos ampliaciones a la primera denuncia de abril. Se aportó información tanto de los sitios donde fue reconvertida las Casitas, como las rutas del tráfico de personas, y pidió el apartamiento de los efectivos policiales locales en cualquier instancia de la causa. Sobre la policía local sobrevuela sospechas de encubrimiento mafiosos que llegan al punto de los asesinatos de sus propios policías de bajo rango, como Chocobar y Sayago.

La Alameda también tuvo en su agenda el diálogo con la comunidad gallense, dice Shaerer. Tanto por la charla en la Universidad Nacional Austral Patagonia, como con los periodistas, congregaciones religiosas, y vecinos. Con todos ellos se está pensando impulsar plurales espacios culturales. Hoy ausentes.

Las Casitas de prostitución, con cerca de 300 mujeres que no salían ni a comprar cigarrillos, ubicadas en el patio trasero de la terminal de micros, no era solo una denuncia mediática que por primera vez registró audiovisualmente el interior del mayor centro de encierro sexual de argentina.
En lo judicial avanzó, por decisión de una jueza y fiscal, pero demostró las limitaciones de recursos con las que deben lidiar. Por ejemplo los altos mandos de la policía provincial deschavaron el allanamiento a las “Casitas” a principios de junio.

Pese al aviso del allanamiento quedaban en las “Casitas” unas 150 mujeres. Ellas testimoniaron ante la justicia federal local. Aunque bajo la coerción de la mafia proxeneta. Algo inevitable y típico en causas con Trata donde el Estado no propone alternativas a las víctimas ignorando así los tratados internacionales ratificados por ley, como el Convenio contra la Discriminación de la Mujer, y solamente creando huecas Subsecretarias de Derechos Humanos sin protocolo de asistencia integral a las víctimas del encierro sexual. Esto que implica sobretodo seguir sometidas al consumo de drogas, alcohol y tabaquismo, para aguantar una vida de abusos de lunes a lunes, que no respeta feriados, fechas patrias, ni festividades.

Las mujeres traficadas desde otros países –como Paraguay o más remotos como República Dominicana- y provincias pobres del norte argentino siguen viviendo, hasta el día de hoy, en los mismos bares estilos casitas de colores de Río Gallegos. Dependiendo de la manutención de la madame que ahora las obliga al delivery sexual. Y con un núcleo de treinta proxenetas, y manos derechas, que salen a la calle y en los medios a marcar su rechazo al avance de la justicia.

Entonces las esclavas sexuales, sin saberlo, son la disputa de la madre de todas las batallas: la jurídica.

Por una lado, los reglamentistas. Estos mostraron el rostro a favor del proxenetismo. En la justicia están los denominados progres de la Sala II de la justicia Federal Nacional. Estos tres jueces, Farah, Cattani e Irurzun, fallaron a favor de los prostíbulos. En una causa con menores de edad prostituidas a manos de un ruso y mujeres en el microcentro porteños aseveran los magistrados que es inconstitucional prohibir de los prostíbulos. Pero mucho antes los jueces Farah, Cattani e Irurzun se habían mandado otra a favor del poder sin derechos humanos. La esclavitud laboral, puntualmente los talleres textiles, para estos tres jueces no era otra cosa que una costumbre de la comunidad indígena en Bolivia, los Allyu. En la causa contra los dueños de la marca SOHO esto se intenta aplicar.

Mientras que en lo político -coincidiendo con la Sala II- valen las palabras de Aníbal Fernández pos escrache a la red de prostíbulos en Constitución y Monserrat, mientras que en Santa Cruz desde el gobernador para abajo, y la mayoría de los intendentes como el que esta semana salió en defensa de los cabarets en pueblo de La Pampa. Para estos la esclavitud sexual es un “comercio” y se enmarcan en “costumbres culturales” inalterables y privado de los hombres. “Es común en las familias de Gallegos que las mujeres esperen con el café al hombre cuando vuelve de las Casitas, o que los tíos y padres lleven a debutar a los adolescentes”, contó una estudiante universitaria de Gallegos en una clase encabezada por Gustavo Vera, presidente de la Fundación Alameda, y Mario Ganora, abogado.

En el caso de las Casitas justifican que es preferible el control estatal a través de las libretas sanitarias para las chicas encerradas y con la custodia policial echando a los clientes por las mañanas. Esto llega al punto máximo cuando el Estado recauda de esta flagrante violación a derechos humanos básicos. La intendencia de Río Gallegos desde hace veinte años que cobra impuestos de ABL a los proxenetas por instalarse en tierras fiscales.

En las antípodas están los abolicionistas. La Fundación Alameda, con sus militantes y un equipo de voluntariosos abogados prestigiosos, han logrado varias victorias inéditas. Coincidir a las organizaciones protagonistas del Encuentro de Mujeres en el mismo repudio público contra la Trata y la esclavitud sexual que dio el cardenal Jorge Bergoglio en Plaza Constitución. Y a nivel de Santa Cruz el obispo, Juan Carlos Romanin, fue quien consiguió del intendente de la localidad Piedra Buena que derogará la habilitación de los bares y wiskerias que son tapaderos de prostíbulos en ese pueblo santacruceño.

En este avance plural de la Alameda contra las Casitas de Gallegos se logró que el procurador Nacional Esteban Righi impartiera a los fiscales una resolución para aplicar la prohibición de los prostíbulos, y que el Departamento de Estado norteamericano hiciera mención a las atrocidades de la Trata y esclavitud en Argentina. Hasta en ámbitos con reconocimiento mundial, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Alameda tuvo incidencias. El abogado Ganora logró con sus postulados que se elaboré un manual contra la Trata y Trabajo Forzoso que debe ser aplicado por la policía de trabajo de todo el país. Todo esto sin detenerse en los avales individuales de diputados nacionales, que llegan hasta propios aliados del kircherismo.

En definitiva, y de acuerdo al informe: “De un lado quienes quieren reglamentar la Trata y el proxenetismo, postura reivindicada antes de 1930 por este país, y enfrente quienes buscan implementar efectivamente los más modernos tratados internacionales del planeta que coinciden con la ley de profilaxis y enfermedades venéreas, que fuera impulsada por socialistas anticlericales como Alfredo Palacios.

Igual lo jurídico acompaña otra disputa. La batalla entre la sociedad con vetustas costumbres y otra sociedad muy alejada de ello, pero que aún se mantiene pasiva frente a la ignominia de las esclavas sexuales argentinas y extranjeras. Lo demuestran los errados vaticinios por las olas de violaciones que haría el macho patagónico, como pregonaban muchos con el cierre de las Casitas, y que nunca ocurrió. Mientras muchos hablan otros están impulsando desde abajo la cultura”.

“La Fundación Alameda lleva el estandarte de una nueva historia que se esta construyendo –concluye el escrito-. Ese lugar se lo ganó a fuerza de acción, pluralidad y debate. A tal punto que muchos confunden a Susana Trimarco, madre de Marita Verón, como integrante de la Alameda. A tal punto la referencia contra las injusticias que Vera y Ganora recibieron denuncias de anónimos y por la calle sobre violaciones a los derechos humanos que no son de las mujeres en los prostíbulos. La ruptura con las costumbres anticuadas y discriminadoras a todo nivel ya comenzó en Gallegos. Se retoma las banderas de las asambleas del 2002 y más cerca en el tiempo de los docentes. La puja es evidente entre los dos modelos. El prostibulario o la libertad. El esclavista o la emancipación. La batalla contra la Trata sexual abarca inevitablemente a la laboral. Esta pelea será decisiva para frenar las humillaciones en los trabajos, en la facultad y en la familia.”

Y cierra: “¿cuánto tiempo más se mantendrá la pasividad de los buenos?”.