Jornada Nacional contra la Megaminería
Leer la muy significativa denuncia: La Rioja: no llegan fondos para los intendentes antimineros. Quintela, de la capital, y Bordagaray, de Famatina, hablan de discriminación
La actualidad del espionaje estatal a la militancia y la izquierda (declaración de la Asamblea de intelectuales, docentes y artistas en apoyo al Frente de Izquierda y los Trabajadores contra el llamado “Proyecto X”)
La actualidad del espionaje estatal a la militancia y la izquierda Con el impulso del gobierno “de los derechos humanos”, tal como lo denominan los intelectuales de Carta Abierta, se viene desarrollando hace años el “Proyecto X”, que contiene una base de datos personales de dirigentes sindicales y políticos, elaborada por Gendarmería mediante infiltración y espionaje. Siguiendo una vieja tradición, las instalaciones de Campo de Mayo ahora ofician de “centro de reunión de información”. Ha quedado en evidencia que la infiltración ilegal de personal civil en manifestaciones, asambleas y otras actividades es parte de una ingeniería de espionaje estatal que es utilizada para la persecución de militantes y luchadores. La Gendarmería, que en las últimas décadas, desde el menemismo en adelante, se abocó a “tareas internas” y supo convertirse en baluarte de la represión a los luchadores a lo largo y ancho del país, es actualmente el destacamento armado preferido del kirchnerismo, bajo las órdenes de la Ministra Nilda Garré. Una vez más la realidad del gobierno K choca de frente con los postulados de Carta Abierta, que se ha llamado a silencio.
La difusión del vergonzoso “Proyecto X” deja claro cuál es la “seguridad democrática” que el progresismo ha postulado como línea maestra de su gestión del “orden público”. La llamada “prevención del conflicto” implica la infiltración, la saturación policial, la delación a los luchadores populares y los procesos judiciales contra ellos. Ahora que la seguridad democrática de espionaje y delación ha saltado a la luz, uno de sus ideólogos, Horacio Verbitsky, volvió a utilizar su columna en Página/12 para defender la doctrina de Garré y reivindicar la actuación “abierta o encubierta” de las fuerzas represivas para impedir delitos. Verbitsky culpó a la Gendarmería, no a su jefa, de interpretar el código “a su manera”, porque el “Proyecto X” habría sido creado para la prevención del narcotráfico y el jefe de la Gendarmería es “un “hombre de la DEA”. Sin que se le mueva un pelo, el editorialista de Nilda Garré reconoce que la “seguridad democrática” del gobierno que pretende erigirse en defensor de la soberanía es dirigida por el departamento de Estado yanqui.
El “Proyecto X”, que pudo conocerse gracias a la denuncia de un grupo de personalidades y organismos de Derechos Humanos, entre ellas Nora Cortiñas, Elia Espen y Myriam Bregman, permitió a esta fuerza producir las “pruebas” con las que se terminó procesando penalmente a dirigentes y militantes obreros, estudiantiles y de la izquierda, muchos de ellos compañeros que militan en las organizaciones que conforman el Frente de Izquierda y los Trabajadores. La “megacausa” por los cortes de ruta en Panamericana, por la que fueron procesados Vilma Ripoll, Néstor Pitrola, y siguen procesados delegados y activistas de Kraft como Javier “Poke” Hermosilla, Lorena Gentile, Oscar Coria, Ramón Bogado, así como Leo Norniella y Catalina Balaguer de Pepsico, es una de las que se han “armado” con estos procedimientos.
Tal escándalo ha hecho que la denuncia fuera tomada también por sectores de la propia oposición burguesa y hasta ex miembros del gobierno K, aunque ellos mismos sean fieles defensores también de las prerrogativas de los capitalistas que han tenido y/o tienen a nivel provincial sus propios espías, sus propias represiones, sus propios asesinatos de luchadores y militantes.
Bajo el extravagante nombre de “Proyecto X” no se esconde un exabrupto represivo, o solo una excepción a la legalidad burguesa: es parte del andamiaje represivo que conforman destacamentos armados que suman decenas y decenas de miles de miembros, cuya función primordial va más allá del gobierno de turno y consiste en defender mediante la fuerza cuando sea necesario los intereses de los capitalistas. Para este objetivo, llegan incluso a violar los marcos legales vigentes.
El “Proyecto X” tampoco es una excepción en el panorama actual. Se suma a la sucesión de asesinatos de militantes y luchadores, se suma a la sanción de la Ley Antiterrorista (que han votado oficialistas y opositores), y a los miles de procesados por luchar. Y coincide con la “sintonía fina” del ajuste y la preparación de los capitalistas y su Estado para enfrentar la lucha obrera y popular con el objetivo de descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores.
Desde la Asamblea de docentes, intelectuales y artistas en apoyo al Frente de Izquierda y de los Trabajadores, denunciamos estas prácticas de espionaje y persecución. Exigimos el inmediato desprocesamiento y la anulación de las causas, de los compañeros y compañeras de Kraft y PepsiCo, así como de los más de 5000 procesados y que se haga pública toda la base de datos del denominado “Proyecto X”, entregándole la información recopilada a cada una de las víctimas de esta violación a las libertades democráticas; la disolución de todos los organismos de inteligencia; y la anulación de la nefasta Ley Antiterrorista.
Llamamos a una campaña activa, amplia y decidida, para derrotar esta avanzada represiva, terminar con el espionaje y la infiltración, que al calor de la “sintonía fina”, no hará más que profundizarse.
Producto de la denuncia y la movilización popular, el ex oficial de calle Raúl Magallanes renunció a la presidencia y al Consejo Escolar de Lomas de Zamora, cargo al que llegó en diciembre integrando las listas del Frente para la Victoria lomense
La movilización popular que venimos desarrollando había obligado a los consejeros escolares que vergonzosamente lo habían votado para presidente en diciembre a convocar una sesión especial a fin de suspenderlo en el cargo.
Una masiva y ruidosa movilización convocada, entre otros, por las organizaciones sindicales y sociales, que lanzaron desde diciembre la campaña “Fuera Magallanes” llegó al Consejo Escolar de Lomas de Zamora luego de recorrer las calles empapeladas con los afiches que desenmascararon al ex-represor ante los vecinos. La campaña ganó apoyo de trabajadores de la educación y vecinos, y sumó desde el vamos a importantes personalidades de derechos humanos y sindicales de un amplísimo arco político.
La campaña para echar a Magallanes del consejo escolar y de todo cargo público, se desarrolló a través de movilizaciones, radios abiertas, difusión mediante miles de volantes, el desconocimiento por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a un cuerpo de consejeros que consideró “manchado con sangre” por haber convalidado la llegada a la presidencia del cuerpo del ex oficial Magallanes, jefe de calle de la policía bonaerense en Lomas de Zamora durante el terrorismo de Estado, las presentaciones ante diversos organismos oficiales, el testimonio de Sara Peretti, madre de Lomas de Zamora y otros familiares y compañeros de víctimas de su accionar durante la dictadura ante la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, dando origen a una causa ante el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata llevó a que Magallanes fuera perdiendo el apoyo que hasta hoy lo sostuvo.
Así, el Consejo Escolar debió convocar a una sesión especial a fin de “adoptar una decisión respecto de la suspensión preventiva, del consejero escolar Raúl Magallanes, como consecuencia de la gravedad de los hechos denunciados en su contra…”.
Cerca de un millar de manifestantes festejó largamente en la calle Acevedo, frente a las puertas del consejo, cuando, después de que la vicepresidente Tubio abriera la sesión en presencia de Sara Peretti, compañeros y familiares de víctimas y representantes gremiales de ATE y SUTEBA, Magallanes leyó su renuncia indeclinable al cargo de presidente y al Consejo Escolar de Lomas de Zamora
Reafirmamos que Magallanes debe ser investigado y juzgado por su desempeño antes, durante y después de la dictadura.
¡¡NINGÚN REPRESOR en la EDUCACIÓN de NUESTROS PIBES!!
Fuera Magallanes del Consejo Escolar de Lomas de Zamora
y de cualquier cargo público
Plaza Once, República Cromañón
Una de las noticias difundidas en las últimas horas por la prensa comercial afirma que el acceso de las ambulancias y bomberos para asistir a los heridos por la fatal embestida del tren contra los andenes de la Plaza Once se vio dificultada debido a que la calle Mitre, lindante a la estación, está cerrada desde 2005, tras la tragedia del boliche República Cromañón, y a raíz del santuario recordatorio levantado por los parientes y amigos de los jóvenes muertos.
Más allá de la veracidad o no de la información, lo cierto es que la imagen que la acompañó posee un notable valor simbólico. En Cromañón murieron quemados y asfixiados 194 muchachos y chicas humildes que habían ido a ver un recital. En la estación se apilan los cuerpos sin vida de cincuenta trabajadores y habitantes del Oeste de la provincia de Buenos Aires, que en su mayoría viajan hacinados todos los días a la Capital Federal a ganarse el mango.
La fotografía, que no muestra nada, en su azarosa mezcla de escenografías lo dice todo.
Efectivamente existen los vagones de dos pisos en el Sarmiento, los que además están equipados con aire acondicionado y en sus costados ostentan la reproducción de una imagen gigante de Néstor Kirchner junto a Hugo Chávez. Quienes habitualmente viajan desde el Oeste del Gran Buenos Aires hacia sus trabajos en la Capital Federal cuentan que se cuidan bien no subir nunca a esos vagones puesto que, explican, el aire acondicionado nunca funciona pero como los vehículos están preparados para que sí, terminan siendo una suerte de cajas herméticas sin ninguna posibilidad de salida. Así viajan quienes lo hacen todos los días en el Sarmiento: atentos a la posibilidad de “salidas de emergencia” ante la catástrofe que, saben bien, en cualquier momento puede acontecer.
Manu Ginóbili a la caza de territorio mapuche
Emanuel Ginóbili vuelve a la carga en Villa La Angostura, después del recreo medio obligado por la exposición que la prensa le dio a su apetencia de inversiones rentables en el sur argentino. De acuerdo con la noticia publicada por La Angostura Digital, los abogados del “Manu” reactivaron la demanda civil contra los integrantes de la comunidad Paicil Antriao con el objetivo de recuperar los lotes que el prócer de la NBA compró hace unos años, y donde tenía previsto construir su vivienda y un hotel cinco estrellas internacional, aunque al parecer finalmente desistió del megaemprendimiento.
Los representantes del deportista solicitaron que se reconozca su propiedad sobre un valioso terreno ubicado en una zona en conflicto con el pueblo mapuche. El werken de Paicil Antriao, Mario Railaf, alertó precisamente sobre el hecho de que Ginóbili había reactivado la causa civil que presentó en el juzgado de Villa La Angostura, y aseguró que durante está semana los abogados de la comunidad responderán a los requerimientos del deportista estrella.
Vale recordar, finalmente, que la comunidad mapuche Paicil Antriao tiene presencia comprobada en ese territorio patrio por lo menos desde 1902.
Resolución de la Universidad Nacional de Rosario frente al modelo minero de devastación
RESOLUCION QUE EN EL DIA DE HOY, JUEVES 16 DE FEBRERO, POR UNANIMIDAD, FUE APROBADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
Rosario, 10 de febrero de 2012
VISTO:
La problemática que atraviesa nuestra región y nuestro país, vinculada al avance de un modelo productivo extractivo como el de la minería a cielo abierto y la agroindustria y;
CONSIDERANDO:
Que, la Facultad de Cs. Médicas de la UNR, ya tiene antecedentes de pronunciarse en temas neurálgicos que vinculan la salud, el ambiente y modelos productivos, como el ingreso de Basura Nuclear a nuestro País, la Instalación y proliferación de fábricas de pasta de celulosa en la región, el avance de la destrucción de los montes nativos, entre otros;
Que, en abril del año pasado, se desarrolló en nuestra Facultad el 1er. Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, organizado por la Materia Salud Socioambiental de esta Casa, en el que participaron más de 350 personas, de ámbitos académicos, movimientos sociales, áreas gubernamentales de mas de 11 provincias argentinas y 9 países de América Latina), cuya declaración final concluye:
“En todo nuestro continente se viven situaciones que responden a la transferencia de modelos productivos que enferman y matan hacia nuestras tierras.
El proyecto de traslado de industrias sucias a nuestros países, impulsado por el Banco Mundial (tal cual lo establece el memorándum de Lawrence Summers de noviembre del año 1991), se está llevando a cabo con la complicidad de las autoridades locales, bajo la espúrea dicotomía “trabajo vs. salud”.
La enajenación de la tierra, el despojo a los campesinos, la depredación de la fauna ictícola en ríos y mares, el avance de la explotación minera, la contaminación y desaparición de cursos de agua, la utilización de millones de litros de agrotóxicos en las fumigaciones de los campos con soja, maíz, hortalizas, frutales, etc. y el avance de la frontera agropecuaria en desmedro del monte nativo, son determinantes dañinos de la salud de los ecosistemas de los que los seres humanos somos parte.
Concentraciones Urbanas, Agrotóxicos, Transgénicos, Minería, Pasteras, Represas, Centrales Nucleares, Contaminantes Químicos, Biodiversidad Diezmada, Destrucción de Territorios y Poblaciones en franca diáspora despojadas de los bienes comunes, forman parte de nuestras cotidianeidades, y deben ser identificadas como problemas del campo de la salud por los responsables de definir políticas públicas.
Existen ya pruebas científicas concluyentes acerca de los daños que a la salud de los ecosistemas y por tanto de los humanos, provocan los modelos productivos que se están imponiendo en nuestros países, por lo que resulta inaceptable la excusa de los responsables políticos que se escudan en la supuesta debilidad de las mismas en lugar de aplicar el principio precautorio.”
Que el mencionado documento del Banco Mundial imponiendo en nuestros países, por lo que resulta inaceptable la excusa de los responsables políticos que se escudan en la supuesta debilidad de las mismas en lugar de aplicar el principio precautorio.”
Que el mencionado documento del Banco Mundial, conocido como el “Informe Summers”, aconseja “que una cantidad dada de contaminación perniciosa a la salud debe hacerse en los países de menor costo, que son los de menores salarios” y en la “escasa incidencia del cáncer en las comunidades donde ya se mueren tempranamente por otras causas”;
Que en este sentido puede entenderse el avance en nuestros territorios de modos de producción altamente contaminantes, como ser la agroindustria transgénica dependiente de tóxicos, la minería a cielo abierto, la fabricación de pasta de celulosa, la producción de aceites vegetales, la extracción de petróleo, entre otros;
Que para llevar adelante esa estrategia se vulneran los derechos de los ciudadanos a nacer, crecer y desarrollarse en un ambiente saludable;
Que en el caso de la minería las fuentes de contaminación pueden ser: tajos y galerías, pilas de lixiviación, escombros, colas;
Que éstas áreas no siempre son controladas y en ellas se encuentran contaminantes tóxicos que se filtran al ambiente;
Que la actividad minera que se desarrolla a cielo abierto e implica la utilización de procedimientos químicos para la extracción de metales, daña severamente el ambiente y en consecuencia a los seres humanos y sus comunidades;
Que uno de los componentes fundamentales en el proceso de extracción de minerales a cielo abierto es el cianuro, (compuesto químico a base de carbono y nitrógeno, conocido desde hace varios cientos de años por sus propiedades biológicas tóxicas y su capacidad de unirse fuertemente a metales);
Que en promedio para extraer un gramo de oro (1 gr) es preciso pulverizar 4.000 kg (4 tn) de piedras y disolverlas con casi 4 kg (4.000 grs) de cianuro.
Que entre las características tóxicas del cianuro está la de bloquear la enzima citocromo oxidasa de las mitocondrias, con lo que interfiere en el proceso de respiración celular, llevando a la muerte de los organismos que intoxica;
Que otro de los elementos utilizados en los procesos megamineros extrativistas que se intentan imponer en nuestra región, es el mercurio, (metal pesado, con propiedades neurotóxicas);
Que en el caso específico de la minera Bajo La Alumbrera, está autorizada a consumir 100 millones de litros de agua por día de la reserva acuífera del Campo del Arenal; alto consumo (casi el doble del consumo de toda la Provincia de Catamarca);
Que el informe “Impacto de la megaminería sobre las poblaciones locales en Argentina” elaborado por Juiette Renaud, Asesora del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, asegura que “el impacto mas grave de los grandes proyectos mineros es la contaminación del agua, en estanques, arroyos, ríos y lagos de la región”, aunque también “contamina los suelos, lo cual tiene un impacto fuertemente negativo sobre la vegetación y la productividad de los mismos”, a partir del depósito de partículas sedimentadas por el vertido de productos químicos, por filtración a partir de los lixiviados;
Que las poblaciones son expuestas entonces a consumir alimentos, agua, respirar aires, contaminados por productos químicos presentes en el ambiente a partir de estos modos productivos;
Que ya existen causas judiciales abiertas por contaminación y daño a la salud y al ambiente de este tipo de modelos extractivos, uno de los cuales es el iniciado por el Fiscal de Cámara de Tucumán, quien denuncia a la Minera La Alumbrera, y prueba la presencia en agua de Arsénico en valores 20000 veces superiores a los permitidos por la legislación, así como de Cadmio (5000 veces mas), Cobre (20 veces mas), Mercurio (10000 veces mas), Plomo (60 veces mas), Selenio (1000 veces mas);
Que éstos emprendimientos, en nuestro País, ya han sido responsables de al menos 4 derrames (17/9/2004, 10/6/2006, 12/6/2006 en Villa Vil y Diciembre de 2008 en Ampujaco);
Que, como documenta la Universidad Nacional de Córdoba en su Resolución HCS Nº 1308/2009: “En marzo de 2007 la Secretaría de Minería de la Nación elaboró un informe en el que se refiere a los elevados contenidos de metales en el canal DP2 indicando que el efluente de la planta de tratamiento de Minera Alumbrera presenta concentraciones de sólidos totales disueltos (SDT) sulfatos y molibdeno detectadas en el comienzo del canal que superan los límites normados” lo que evidencia la debilidad de las autoridades de control para evitar riesgos;
Que, por ejemplo, un estudio de la Universidad de Jujuy, reveló que “el 81% de los niños de Abrapampa, Jujuy, tienen plomo en sangre en cantidades dañinas para su salud” (en esa localidad funcionó la Mina “Pan de Azúcar”, y aún funciona la mina “Pirquitas”);
Que en nuestro país, el “Informe preliminar sobre vulneración de derechos y conflictividad socio-ambiental minera” presentado ante la Defensoría del Pueblo de la Nación por la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería a fines de 2011, contabilizó 121 proyectos en “exploración avanzado” (en los que ya se conocen las ubicación y calidad de las reservas pero aún no se resuelve la solvencia económica para dar inicio a la explotación), encabezando la lista Santa Cruz (36 proyectos), Salta (17), Chubut (14), San Juan (11) y Jujuy (8), le siguen Neuquén (7); Mendoza, La Rioja y Río Negro (6 cada una) y Catamarca (4).
Que según dicho informe “Los proyectos son propiedad de 51 empresas, sólo dos de capital nacional y 49 de capital transnacional: Canadá, Reino Unido, Australia, Estados Unidos y Suiza (entre otros)”, advirtiendo que “la instalación de transnacionales mineras implica diferentes conflictos sociales, jurídicos y ambientales, entre los que destacamos la utilización intensiva de químicos de alta toxicidad y el consumo masivo de agua y energía, situación que coloca a la actividad en una condición estructural de tensión con las poblaciones y actividades económicas locales”.
Que según el informe “Renaud” ya mencionado”, las grandes empresas trasnacionales consiguieron ampliar su área de influencia gracias a una supuesta “acción social y comunitaria” en los pueblos en los cuales se instalan, otorgando subvenciones a instituciones comunitarias (hospitales, escuelas, etc.), hecho que debilita el argumento de las “licencias sociales” garantizadas;
Que se han hecho públicas las pruebas que vinculan a representantes de las empresas mineras con actividades de “espionaje e inteligencia” contra los vecinos movilizados en defensa de la vida y el ambiente saludable;
Que en los últimos días hemos sido testigos de cómo las fuerzas de seguridad del Estado (primero) y grupos para-policiales y promineros (luego), han ejercido acciones de vulneración de los derechos constitucionales de muchos ciudadanos y ciudadanas de las regiones en conflicto, llegando incluso a lesionar físicamente a manifestantes;
Que la Constitución Nacional en su arto 41, primera parte, establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente• sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.”;
Que, como dictaminó la Universidad Nacional de Córdoba, al rechazar los fondos provenientes de la Minera Bajo la Alumbrera “, el Estado Nacional al haber asumido el compromiso como integrante de la comunidad internacional, de trabajar en pro de la protección del medio ambiente sano en cuanto indispensable para el desarrollo integral del ser humano y al haber reconocido en numerosos instrumentos internacionales y regionales (i) Sistema Internacional: D.U.D.H. de 1948; P.I.D.E.S.C. de 1966; P.I.D.C.P. de 1966; Protocolo Facultativo del P.LD.C.P.; Declaración de Estocolmo de 1972. en particular principios 1 y 2; Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, en particular principios generales; Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo 1992, en particular principios 1, 2, 3 y 4; Declaración y programa de Acción de Viena de 1993, en particular art. 11; Convención de Estocolmo sobre Contaminación Orgánica persistente de 2001; Sistema regional: D.A.D.H. de 1948, en particular arto XI; C.A.D.H. de 1969; Protocolo de San Salvador de 1998, en particular arto 11; Carta Democrática Interamericana de 2001, en particular art.1; Resolución de la O.E.A. n° 1871/02 sobre Promoción de la Responsabilidad Social de las empresas del hemisferio) debe por tanto realizar todas las acciones positivas necesarias tendientes a garantizar estas premisas, a través de un marco regulatorio y normativo que efectivice la protección al medio ambiente, y de la implementación de mecanismos de control permanente de la explotación de recursos naturales”;
Que, como decimos anteriormente, también se identifican movimientos sociales de resistencia y preocupación por la salud de quienes son expuestos a los procesos de fumigación necesarios para la explotación agroindustrial;
Que en este sentido, nuestra Casa, viene desarrollando una tarea de investigación-acción-participativa, con comunidades de nuestra región, a traves de los Campamentos sanitarios de la Práctica Final, desde los cuales se ha logrado evidenciar las modificaciones de los perfiles de morbimortalidad de las comunidades expuestas a esos modelos productivos;
Que el Plan Agroalimentario Nacional que prevee alcanzar la cantidad de 160 millones de toneladas de granos para el 2020, es un aviso de profundización de un modelo extractivo de agua, fósforo y demás nutrientes de nuestros suelos, asi como de incrementos siderales en los volúmenes de agrotóxicos a utilizar y con los que se rociarán a nuestras comunidades;
Que los hambrientos del mundo no dependen de la capacidad comercial de 400.000 agronegociadores del planeta, sino de la revitalización y devolución a la ruralidad de 1500 millones de agricultores locales, con semillas propias y mercados de intercambios y comercios en escalas de cercanías;
Que la política económica nacional, parece estar siendo ordenada en función de la lógica de enfrentar a la defensa de la salud con la posibilidad de generación de trabajo, y eso es, cuanto menos, errado;
Que entendemos, como Julio V. González, que “la conquista de la Universidad, es solo un medio para lograr el supremo fin de transformar con sus propias manos al país, revitalizándolo mediante la implantación de una democracia social, donde la riqueza no sea el privilegio de unos pocos, el bienestar un lujo y el trabajo una maldición”;
Que quienes entendemos la Salud como el ejercicio del derecho a luchar por una vida digna para todas y todos, fortaleciendo las diversidades y deconstruyendo las hegemonías, debemos asumir, como expresa Giovanni Berlinguer, “el deber social de informar a la población y a las instituciones sobre la amenaza que el sistema de globalización neoliberal significa para la salud y la seguridad de la comunidad”;
Que la Universidad Nacional de Rosario, en el artículo 1 de su Estatuto, incisos “f” y “g”, define claramente entre sus principios constitutivos el desarrollar sus funciones en un marco de irrestricto respeto por el medio ambiente y garantizar y sostener el respeto irrestricto por los derechos humanos,
Que nuestra Casa de Estudios, tiene como visión ser una Institución que fomente el compromiso personal, grupal, institucional y colectivo de todos sus claustros con las organizaciones y comunidades de nuestra sociedad,
Que asimismo, es misión de esta Facultad, construir aprendizajes, producir saberes, promover la circulación democrática de conocimientos para mas y mejores praxis, en convergencia con sólidos preceptos morales y compromiso ético con el irrenunciable Derecho a la Salud, formando profesionales al servicio solidario con el bien común de las comunidades en el orden local, provincial, nacional, latinoamericano e internacional;
Por ello,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
RESUELVE:
Art. 1.- Solidarizarse con las comunidades afectadas por los modelos de producción extractivistas que comprometen la salud de los ecosistemas y, por tanto, de los seres humanos.
Art. 2.- Apoyar los reclamos de los ciudadanos en lucha por la defensa de la vida digna en un ambiente saludable, repudiando los actos de violencia en todas sus expresiones.
Art. 3.- Solicitar al Gobierno Nacional, asuma la responsabilidad de garantizar a todos los ciudadanos de que habitan nuestro suelo, la plena vigencia de sus derechos humanos, frenando las acciones represivas sobre los movimientos sociales.
Art. 4.- Convocar a todos sus equipos docentes y de investigadores, a ponerse a disposición de las comunidades afectadas por los modelos de producción contaminantes, a los efectos de cumplir con la Visión y Misión de nuestra Casa.
Art. 5.- Invitar al Consejo Superior de la UNR a hacerse eco de la presente resolución.
Art. 6.- De forma.
El gobernador de Santa Cruz no dudó en fotografiarse sonriente junto a uno de los patoteros de la UOCRA procesado por golpear salvajamente a empleados estatales y docentes de esa provincia
La información y la foto que siguen pertenecen al diario Nuevo Día, y entre otros medios fue reproducida por el sitio de internet de la ADOSAC, la Asociación de los Docentes de la provincia de Santa Cruz con fecha del jueves 16 de febrero de 2012.
Daniel Peralta no evitó sacarse una foto en el paraje La Esperanza con Juan Domingo Martínez, delegado del sindicato de la construcción procesado por la jueza de 28 de noviembre por la golpiza propinada a estatales y docentes el 12 de abril del 2011. El mandatario provincial Daniel Peralta, visitó hoy a la mañana, acompañado por el Ministro de Economía y Obras Públicas, Ariel Ivovich, en el paraje La Esperanza, donde visitó la obra de la estación transformadora del interconectado nacional. Según el parte de prensa el gobernador “hizo una parada” en este paraje. Pero no fue una parada más. Peralta se sacó fotos con los cientos de obreros que trabajan en esta magnánima obra del Interconectado y en la que no escatimó fotografiarse junto a Juan Domingo Martínez, ex delegado de la UOCRA, procesado por la jueza de instrucción de 28 de noviembre, Betina Bustos junto a Carlos García, ex delegado normalizador, por la brutal golpiza propinada a la vera de la Ruta Nº 40 a estatales y docentes aquel 12 de abril del 2011. En la imagen, se observa a Martínez casi al lado del titular del Ejecutivo. El pasado 26 de diciembre, la jueza de instrucción de 28 de noviembre Betina Bustos, dicto el procesamiento del ex normalizador de la UOCRA zona sur, Carlos García, junto a cinco integrantes del gremio, incluido Martínez. Según el procesamiento -que no es una sentencia firme y está fechado el 18 de noviembre- la medida judicial abarca también a José Antonio Aguilar, Juan Domingo Martínez, Víctor Hugo Bulario y Hugo Francisco Lima, por considerarlos prima facie material y penalmente responsables del “delito de coacciones agravadas por el empleo de armas (art. 149 ter primer párrafo de C.P.A.), lesiones leves calificadas por el concurso predeterminado de personas -doce hechos- (art. 92 en función del art. 80 Inc. 6 del C.P.A.) todo ello en concurso real entre sí (art. 55 del C.P.A.), en grado de coautores (art. 45)”. Pero además se procesó a Ricardo Rubén Socomba por “lesiones graves calificadas por el concurso predeterminado de personas”, algo que agravaría su situación judicial. En tanto, la magistrado ordenó en ese momento el embargo sobre los bienes de cada uno de los procesados hasta cubrir la suma de 30 mil pesos. La brutal golpiza fue filmada y reproducida en las redes sociales. Allí se observa claramente a Martínez, entre otros. Como consecuencia, hubo 17 heridos, tres de gravedad, entre los que se encontraba Héctor “Tucu” Rodríguez, hermano del cantautor Eduardo Guajardo, profesor de música que fue golpeado en la cabeza y que perdió la audición en un oído. Una imagen, puede más que mil palabras.
La canasta básica es cuatro veces más cara que la oficial de acuerdo con los técnicos que fueron desplazados del Indec y que actualmente están enrolados en ATE
Para no ser pobre en la Argentina, una pareja con dos hijos pequeños debía ganar, en noviembre del año pasado y según datos extraoficiales, por lo menos $ 5502, un 297,2% más de lo que informó el gobierno.
El cálculo fue elaborado por técnicos que fueron desplazados del Indec y que actualmente están enrolados en ATE, el gremio opositor a la intervención oficial. Según la Canasta Total del Gran Buenos Aires elaborada por el Indec y utilizada para fijar el límite de pobreza, esa misma familia precisaría en el mismo período analizado, ingresos por 1385 pesos.
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La Asamblea de Intelectuales, Docentes y Artistas en apoyo al Frente de Izquierda y de los Trabajadores se solidariza con los cinco delegados de la Asociación Gremial Docente del Centro Cultural Ricardo Rojas (Universidad de Buenos Aires) que fueron despedidos
Desde la Asamblea de Intelectuales, Docentes y Artistas en apoyo al Frente de Izquierda y de los Trabajadores nos solidarizamos con los compañeros/as docentes recientemente despedidos, de manera absolutamente arbitraria e ilegal, en el Centro Cultural Ricardo Rojas, dependiente del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Los docentes venían desempeñándose desde hace muchos años en los cursos de extensión que brinda el Rojas, con amplio reconocimiento por parte de la gran cantidad de alumnos que allí asisten. El caso asume particular gravedad, pues todos los despedidos se desempeñaban como delegados de la Asociación Gremial Docente (AGD) en dicha institución y venían organizándose para reclamar derechos laborales elementales.
El conflicto tiene sus antecedentes. Como sostiene la AGD-UBA: “Desde mediados del año pasado, las y los compañeros comenzaron a convocar a las primeras reuniones docentes para organizar una comisión interna en el Rojas que recogiera y planteara a las autoridades los problemas de los trabajadores: un congelamiento salarial desde hace dos años y la precariedad de sus condiciones laborales (como trabajadores contratados durante años), entre los principales reclamos. Desde diciembre, la AGD viene solicitando personalmente y hasta por carta documento a los directivos del Centro para que se concrete una reunión entre el sindicato y los delegados para llevar los planteos y abrir una mesa de negociación, algo inexistente en una institución que flexibiliza a todos los trabajadores.”. La respuesta de las autoridades del Rojas, con aval del Rectorado, fue el liso y llano despido de todos los que estaban organizándose y reclamando estas demandas básicas. Tiene razón la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), cuando plantea: “El despido del conjunto de la gremial docente del C.C. Rojas constituye un acto anticonstitucional y violatorio de los más elementales derechos de organización gremial”. Este caso es una evidencia del nivel de degradación laboral y persecución sindical que están dispuestas a imponer las autoridades de la UBA a todos los docentes.
Como parte de nuestra lucha en el campo universitario, científico y de la cultura, siempre desde la perspectiva de los intereses de los trabajadores, la Asamblea de Intelectuales, Docentes y Artistas en apoyo al FIT denuncia y exige a la Dirección del Rojas y al Rectorado de la UBA la inmediata reincorporación de los despedidos.
Convocamos al llamado de la AGD-UBA, FUBA y demás organizaciones gremiales, sociales y políticas al acto por la reincorporación de todos los compañeros/as, el miércoles 22, a las 08.00 horas, en la puerta de la sede del Centro Cultural Rojas (Avenida Corrientes 2038).
Asamblea de Intelectuales, Docentes y Artistas
en apoyo al Frente de Izquierda y de los Trabajadores
Reportaje a la abogada Graciela Gómez: “Fumigados como insectos”
La abogada santafesina Graciela Gómez denuncia permanentemente el uso de agroquímicos y la muerte de niños, de camioneros y el infierno que vive la gente de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, y en otros muchas regiones de la Argentina. Fue entrevistada por Marcelo G. Melo, periodista de Radio Activa 100.7 y el diario El Territorio, de Posadas. En el reportaje la experta afirma: “Así como en la India hay un pueblo que se llama Kerala, un pueblo completamente de gente malformada a causa del endosulfán, en Misiones también tenemos pueblos afectados (por los agroquímicos) que se ocultan”.
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