¡Fuera las patotas de patrones, gobierno y burócratas! ¡Por la genuina democracia de los laburantes!

Paredes

Todo vale si vale la pena

(Pintado con marcador sobre una pared de la sala de espera de la estación ferroviaria de Villa Adelina, provincia de Buenos Aires.)

La mitad de los niños estadounidenses recibirán bonos de alimentación

Un reciente y documentado estudio académico que acaba de ser difundido públicamente establece como conclusión que casi la mitad de los niños estadounidenses y el 90% de los chicos negros recibirán bonos de alimentación en algún momento de su niñez. Los investigadores sostienen que las secuelas de la actual recesión podrían determinar que esos números aumentarán.

El principal autor del estudio, Mark Rank, declaró a Democracy Now!: “Este es un verdadero signo de peligro y de que como sociedad debemos hacer mucho más para proteger a los niños”. Los niños que dependen de los bonos de alimentación están en riesgo de padecer malnutrición y otras enfermedades vinculadas con la pobreza. En 2008, más de 28 millones de estadounidenses recibieron bonos de alimentación en un mes promedio. Aproximadamente la mitad de los beneficiarios tenían menos de 16 años.

El dato se da a conocer mientras los analistas económicos insisten en que lo peor de la crisis ya pasó… Los bonos alimentarios en los Estados Unidos, la prestación universal por hijo en la Argentina y otras muchas formas de la asistencia social de los gobiernos no sirven más que como un tímido premio consolatorio a la vez que buscan esconder la raíz del problema que, por supuesto, no les interesa resolver.

El cantor de tango, de Tomás Eloy Martínez

Tomás Eloy Martínez, El cantor de tango, Buenos Aires, Planeta, 2004, 254 páginas.

La verdad es que ni sabíamos que existía, así que intrigados recogimos la novela en una mesa de saldos y nos dimos a la lectura. El resultado: El cantor de tango es el peor libro del que Tomás Eloy Martínez ha sido capaz. Y de lejos.

Trata la historia de un cantante de tangos mítico, cuya existencia se rastrea por el pasado y el presente de una brumosa ciudad de Buenos Aires. El pájaro criollo en cuestión se llama Julio Martel (el apellido no podía ser otro…).

El tiempo es el 2001, fecha simple que posibilita mezclar la anécdota principal con la escenografía del antes y el después de la “gran crisis” argentina de entre siglos.

El perseguidor se llama “yo, Bruno Cardogan” (el relato está planteado en primera persona), un académico criollo que ha ido a recalar en el sistema universitario de los Estados Unidos, dato que posibilita el juego de acercamiento-alejamiento melancólico de la tierra propia y hasta la aparición de Jean Franco en carne y hueso.

Todo muy obvio, predecible y hasta de mal gusto en sus supuestas resonancias épico-melancólicas, con la grandeza metafísica de la porteñidad apuntalada (el apellido no podía ser otro…) por un Borges que se cruza por allí, y pretendidamente se termina así de dar sabor a un caldo rioplatense de ingredientes a la vez populares y de sólida raigambre estética en su sentimentalidad.

Un verdadero fiasco. Hasta nos sentimos tentados a agregar que parece uno de esos souvenirs que intenta mezclar proporciones justas de ecos telúricos (en este caso de resonancias nobles)  pensados con cálculo oportunista para turistas curiosos y bienpensantes, definitivamente imbancables.

Historia de una pintada, alquimia de la interpretación: ¡Basta de olor a podrido en el barrio!

La frase se encuentra allí, refulge y la alcanza a ver desde el colectivo que se escapa rumbo a la provincia. Dice: “Basta de olor a podrido en el barrio”. Más o menos en Freire al 300, el barrio en cuestión es Villa Crespo. Fue escrita en la pared de una esquina con pintura en aerosol azul que el tiempo y la historia  han ido opacando en su color pero, al revés de lo que el sentido común pudiera juzgar, han agigantado en su trascendencia.

Sucede que ni bien se aleja una cuadra piensa que basta con que el paseante arranque con sus ojos la frase de ese cruce de calles para que se precipiten y enloquezcan un sinnúmero de interpretaciones posibles.

El encantamiento que la oración produce permite hablar, claro, en su extensión, de la Argentina y el mundo, sin duda, pero ¿de qué habla ahora, así, arrancada, sin que otra cosa se sepa o presuma, sin agregar otro dato?

La asociación libre  de la experiencia de quienes habitan en la ciudad de inmediato salta a otras zonas de la capital federal (Palermo, Primera Junta) y las protestas de los vecinos. Remite a las cloacas colapsadas y a los vientos abrasadores de la especulación inmobiliaria que mete torre y más construcciones de apuro para gente y más gente que deberá apilarse como pueda y cagar en tubitos que se empastan. Entonces la frase se ha transformado en una denuncia contra gobiernos que se dedicaban a practicar de corrido la inacción y dejan que los capitalistas pasten libres y engorden según su necesidad y posibilidades que poco saben de la necesidad del prójimo.

Tal vez la referencia son las inundaciones de la semana pasada. La apreciación es verosímil. Pero no, la pintura se ve vieja e incluso semeja haber sufrido los ataques parcialmente infructuosos que el dueño de casa de seguro emprendió una mañana de sábado con solventes varios, cepillos de alambre y espátula de hierro.

Quizás la conjetura exagere y se trate más bien de la queja frente a algún fenómeno local, una catástrofe de la cuadra. Quién sabe si a pocos metros no han instalado un taller de fundidos de plásticos o un obsceno parripollo de chimenea humeante, por ejemplo (no puede tratarse de ninguna industria grande porque su presencia sería por demás notoria y evidente), que despierta constantemente el mal humor de los habitantes del lugar.

Alquimia de la interpretación. ¿Y si el eslogan de vida tiene una pretensión metafórica, no literal? ¿Vivirá en algunas de esas casas alguno de los miles de represores que han logrado zafar de todo castigo gracias a la anuencia oficial? ¿La imagen retórica se alimentará quizás del contenido de la denuncia ecológica frente al planeta que ha entrado en zona de catástrofe; o, más todavía, tentará el filo de la definición filosófica? Como si el último de los hombres reflexionara de cara a la descomposición de todo aquello a lo que alguna vez, hace mucho y vaya uno a saber por qué, le fue dado tener vida…

Claro que la palabra “barrio” apunta en contra de toda propensión universal, de modo que lo mejor es volver a poner los pies sobre la tierra, o quizás no: el tango y diversas expresiones de la poesía popular hace siglos ya que enseñan el alcance necesariamente cósmico de las mejores pinturas de lo inmediato y local.

Si apareciera ya, en este instante, quien la pintó y dijera: “Eh, cortala, viejo, no es para tanto. Yo sólo me refería a que…”, ¿deberíamos creerle? ¿Bastaría su declaración al pie del grafiti, como la firma responsable del autor, para que el juego hermenéutico se detuviera? ¿O acaso no hace ya tiempo que incluso los amateurs de la psicología han aprendido que la comprensión de lo que se hace se encuentra bastante más allá de lo que dicta la conciencia o cree saber la intención inmediata?

Cuando desde las nubes y el cielo oscuro se llegan las primeras gotas de la lluvia, en el 71, rumbo a la provincia,  le cuesta ya repetir las exactas palabras de la frase que hace minutos mantiene tensos su memoria y pensamiento. Los avatares del significado se pierden entonces en el sueño.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires reincorporó a los ocho policías del Destacamento Preventivo de Lomas del Mirador implicados en la desaparición de Luciano Arruga

(…) El día 14 de abril a pedido de la fiscal Celia Cejas de la UFI Nº1 de La Matanza se realizó un rastrillaje en el Predio Municipal Monte Dorrego en busca de rastros de Luciano Arruga cuyos resultados fueron positivos. Mientras se realizaba el rastrillaje se apersonó el Ministro de Seguridad Bonaerense, Carlos Stornelli, quien dispuso el pase a disponibilidad de los policías Sotelo, Díaz, Herrera, Borrego, Vázquez, Fekter, Márquez y Zéliz, quienes estuvieron la noche en la que desapareció Luciano en el Destacamento Preventivo de Lomas del Mirador.

Luego de tres meses, y cuando todos los indicios de la causa confirman la responsabilidad del personal del Destacamento Policial de Lomas del Mirador, el mismo ministro que separó a los policías de su cargo los reincorpora en otros servicios. Lo que es aún más grave es que el ministro Stornelli tome esta decisión habiendo recibido a los familiares de Luciano (en lugar del gobernador Daniel Scioli, quien había confirmado su presencia en dicha reunión y que al día de la fecha sigue negándose a recibirlos), escuchado detalles de la causa y tomado conocimiento de su falta de resolución.

Repudiamos esta decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires y creemos ver en ella una muestra más de la connivencia del poder político con la impunidad policial. Exigimos al Ministro de Justicia Carlos Stornelli que dé explicaciones acerca cuáles son las razones por las cuales ha tomado esta medida.

Por estas razones convocamos el día 30 de octubre de 2009 a las 11.00 hs en la Plaza de San Justo, Partido de La Matanza, a una movilización hacia el Juzgado de Garantías Nº5, a cargo del Juez Banco.

APARICION CON VIDA DE LUCIANO ARRUGA
INMEDIATO PASE A DISPONIBILIDAD DE LOS POLICÍAS IMPLICADOS
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES

Campaña nacional e internacional de apoyo a la creación del nuevo sindicato de los trabajadores de los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires

Lunes 26 de octubre de 2009

(www.metrodelegados.com.ar)

Campaña nacional e internacional
Apoyo a la creación de un nuevo sindicato de los trabajadores del subte de Buenos Aires

Habiendo transcurrido más de un año de haber hecho la presentación formal, los trabajadores del subte solicitan solidaridad para que el Ministerio de Trabajo cumpla con su función administrativa de dar registro al nuevo sindicato que democráticamente han creado.

En febrero del corriente año los trabajadores del Subte de Buenos Aires, realizamos un plebiscito para decidir en forma democrática si construíamos un nuevo Sindicato: la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).

De forma contundente, 1774 compañeros -el 99% de quienes participaron en la elección- votaron a favor de crear una nueva organización.

Esta determinación se tomó en base a las facultades que nos brinda la legislación vigente (Ley Nº 23.551 de Asociaciones Sindicales), el reciente Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Convenio Nro. 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, que avalan la posibilidad de crear por parte de los trabajadores su propia organización sindical.

Quisimos tomar de conjunto esta decisión dado los continuos problemas que hemos enfrentado con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) desde el año 2000, cuando los trabajadores eligieron un cuerpo de delegados que representaba los intereses de las bases.

A partir de ese momento sufrimos desde la continua falta de respaldo a las medidas decididas democráticamente en asambleas hasta todo tipo de violencia – amedrentamientos, persecuciones, matoneadas y agresiones físicas- como fueron los hechos de público conocimiento en el hotel Bauen cuando intentábamos realizar una conferencia de prensa. Incluso el viejo sindicato intentó en agosto del año pasado expulsar a nuestros delegados, cuestión que el Ministerio de Trabajo impidió.

A pesar de la sostenida hostilidad del sindicato con nuestra representación democrática de base logramos:

- La estabilidad laboral -hace más de 10 años que no hay despidos en el subte-.

- Recuperar la jornada de trabajo de 6 horas por realizar un trabajo insalubre, que se había perdido cuando se privatizó el servicio.

- Finalizar con el fraude laboral que implicaba la tercerización de sectores.

- Frenar el abuso patronal y mejorar sensiblemente nuestras condiciones de trabajo.

- Crear 1500 puestos de trabajo.

- Mejorar la capacidad adquisitiva de nuestro salario.

Agotados todos los espacios en aquel sindicato, en septiembre de 2008 los trabajadores del subte hicimos la presentación de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro en el Ministerio de Trabajo de la Nación, cumpliendo con todos los requisitos legales. Los tiempos con los que contaba el Ministerio para inscribir a nuestra asociación están vencidos desde hace meses y esto mantiene, hasta la fecha, frenado el reconocimiento legal que nos corresponde como gremio.

Es así que debimos recurrir a la Justicia, que emitió una resolución intimando al Ministerio para que se expida sobre la inscripción del sindicato, que hasta la fecha no ha resuelto.

Por ello les pedimos a la población, a las organizaciones sociales, sindicales y políticas que nos envíen su apoyo y solidaridad porque estamos reclamando que se cumplan con nuestros derechos.

Trabajadores y Cuerpo de Delegados del Subte

afiliados a la Asociación Gremial del Subte y Premetro (AGTyS)

La batalla por los esclavos de la Patagonia del siglo XXI

El artículo que escribió Lucas Schaerer, desde y sobre la Patagonia argentina el pasado lunes 26 de octubre para La Alameda, comienza hablando de “falopa, putas y casino. Estas tres mercancías masificadas en suelo patagónico son las claves para las complicidades y costumbres más abyectas construidas por y desde el poder en la provincia de Santa Cruz. Quienes lo dejaron en evidencia y dan una pelea épica en su contra es la organización Alameda, que estuvo desde este lunes a miércoles en la ciudad capital”.

Cuenta a continuación que La Alameda se reunió con los representantes legislativos de la oposición, que son los victoriosos en la última elección; además los recibió la jueza y fiscal que llevan adelante la causa de las Casitas que derivó en otra de drogas. Las citas con oposición, iglesia y justicia ya forman parte de la historia de los diarios y radios de los medios más importantes de Santa Cruz.

A los legisladores de la oposición que lidera Eduardo Costa se les dejó una propuesta. Que convoquen públicamente al gobernador Daniel Peralta a elaborar en conjunto un proyecto de ley para derogar las ordenanzas que habilitan bares y whiskerías  que son tapaderos de prostíbulos. Quien quedaría como arbitro entre ambas fuerzas políticas es el obispo Juan
Carlos Romanin.

Esta propuesta no significará la impunidad. A la justicia, la Fundación Alameda le encomendó más pistas para investigar y para ello se hicieron dos ampliaciones a la primera denuncia de abril. Se aportó información tanto de los sitios donde fue reconvertida las Casitas, como las rutas del tráfico de personas, y pidió el apartamiento de los efectivos policiales locales en cualquier instancia de la causa. Sobre la policía local sobrevuela sospechas de encubrimiento mafiosos que llegan al punto de los asesinatos de sus propios policías de bajo rango, como Chocobar y Sayago.

La Alameda también tuvo en su agenda el diálogo con la comunidad gallense, dice Shaerer. Tanto por la charla en la Universidad Nacional Austral Patagonia, como con los periodistas, congregaciones religiosas, y vecinos. Con todos ellos se está pensando impulsar plurales espacios culturales. Hoy ausentes.

Las Casitas de prostitución, con cerca de 300 mujeres que no salían ni a comprar cigarrillos, ubicadas en el patio trasero de la terminal de micros, no era solo una denuncia mediática que por primera vez registró audiovisualmente el interior del mayor centro de encierro sexual de argentina.
En lo judicial avanzó, por decisión de una jueza y fiscal, pero demostró las limitaciones de recursos con las que deben lidiar. Por ejemplo los altos mandos de la policía provincial deschavaron el allanamiento a las “Casitas” a principios de junio.

Pese al aviso del allanamiento quedaban en las “Casitas” unas 150 mujeres. Ellas testimoniaron ante la justicia federal local. Aunque bajo la coerción de la mafia proxeneta. Algo inevitable y típico en causas con Trata donde el Estado no propone alternativas a las víctimas ignorando así los tratados internacionales ratificados por ley, como el Convenio contra la Discriminación de la Mujer, y solamente creando huecas Subsecretarias de Derechos Humanos sin protocolo de asistencia integral a las víctimas del encierro sexual. Esto que implica sobretodo seguir sometidas al consumo de drogas, alcohol y tabaquismo, para aguantar una vida de abusos de lunes a lunes, que no respeta feriados, fechas patrias, ni festividades.

Las mujeres traficadas desde otros países –como Paraguay o más remotos como República Dominicana- y provincias pobres del norte argentino siguen viviendo, hasta el día de hoy, en los mismos bares estilos casitas de colores de Río Gallegos. Dependiendo de la manutención de la madame que ahora las obliga al delivery sexual. Y con un núcleo de treinta proxenetas, y manos derechas, que salen a la calle y en los medios a marcar su rechazo al avance de la justicia.

Entonces las esclavas sexuales, sin saberlo, son la disputa de la madre de todas las batallas: la jurídica.

Por una lado, los reglamentistas. Estos mostraron el rostro a favor del proxenetismo. En la justicia están los denominados progres de la Sala II de la justicia Federal Nacional. Estos tres jueces, Farah, Cattani e Irurzun, fallaron a favor de los prostíbulos. En una causa con menores de edad prostituidas a manos de un ruso y mujeres en el microcentro porteños aseveran los magistrados que es inconstitucional prohibir de los prostíbulos. Pero mucho antes los jueces Farah, Cattani e Irurzun se habían mandado otra a favor del poder sin derechos humanos. La esclavitud laboral, puntualmente los talleres textiles, para estos tres jueces no era otra cosa que una costumbre de la comunidad indígena en Bolivia, los Allyu. En la causa contra los dueños de la marca SOHO esto se intenta aplicar.

Mientras que en lo político -coincidiendo con la Sala II- valen las palabras de Aníbal Fernández pos escrache a la red de prostíbulos en Constitución y Monserrat, mientras que en Santa Cruz desde el gobernador para abajo, y la mayoría de los intendentes como el que esta semana salió en defensa de los cabarets en pueblo de La Pampa. Para estos la esclavitud sexual es un “comercio” y se enmarcan en “costumbres culturales” inalterables y privado de los hombres. “Es común en las familias de Gallegos que las mujeres esperen con el café al hombre cuando vuelve de las Casitas, o que los tíos y padres lleven a debutar a los adolescentes”, contó una estudiante universitaria de Gallegos en una clase encabezada por Gustavo Vera, presidente de la Fundación Alameda, y Mario Ganora, abogado.

En el caso de las Casitas justifican que es preferible el control estatal a través de las libretas sanitarias para las chicas encerradas y con la custodia policial echando a los clientes por las mañanas. Esto llega al punto máximo cuando el Estado recauda de esta flagrante violación a derechos humanos básicos. La intendencia de Río Gallegos desde hace veinte años que cobra impuestos de ABL a los proxenetas por instalarse en tierras fiscales.

En las antípodas están los abolicionistas. La Fundación Alameda, con sus militantes y un equipo de voluntariosos abogados prestigiosos, han logrado varias victorias inéditas. Coincidir a las organizaciones protagonistas del Encuentro de Mujeres en el mismo repudio público contra la Trata y la esclavitud sexual que dio el cardenal Jorge Bergoglio en Plaza Constitución. Y a nivel de Santa Cruz el obispo, Juan Carlos Romanin, fue quien consiguió del intendente de la localidad Piedra Buena que derogará la habilitación de los bares y wiskerias que son tapaderos de prostíbulos en ese pueblo santacruceño.

En este avance plural de la Alameda contra las Casitas de Gallegos se logró que el procurador Nacional Esteban Righi impartiera a los fiscales una resolución para aplicar la prohibición de los prostíbulos, y que el Departamento de Estado norteamericano hiciera mención a las atrocidades de la Trata y esclavitud en Argentina. Hasta en ámbitos con reconocimiento mundial, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Alameda tuvo incidencias. El abogado Ganora logró con sus postulados que se elaboré un manual contra la Trata y Trabajo Forzoso que debe ser aplicado por la policía de trabajo de todo el país. Todo esto sin detenerse en los avales individuales de diputados nacionales, que llegan hasta propios aliados del kircherismo.

En definitiva, y de acuerdo al informe: “De un lado quienes quieren reglamentar la Trata y el proxenetismo, postura reivindicada antes de 1930 por este país, y enfrente quienes buscan implementar efectivamente los más modernos tratados internacionales del planeta que coinciden con la ley de profilaxis y enfermedades venéreas, que fuera impulsada por socialistas anticlericales como Alfredo Palacios.

Igual lo jurídico acompaña otra disputa. La batalla entre la sociedad con vetustas costumbres y otra sociedad muy alejada de ello, pero que aún se mantiene pasiva frente a la ignominia de las esclavas sexuales argentinas y extranjeras. Lo demuestran los errados vaticinios por las olas de violaciones que haría el macho patagónico, como pregonaban muchos con el cierre de las Casitas, y que nunca ocurrió. Mientras muchos hablan otros están impulsando desde abajo la cultura”.

“La Fundación Alameda lleva el estandarte de una nueva historia que se esta construyendo –concluye el escrito-. Ese lugar se lo ganó a fuerza de acción, pluralidad y debate. A tal punto que muchos confunden a Susana Trimarco, madre de Marita Verón, como integrante de la Alameda. A tal punto la referencia contra las injusticias que Vera y Ganora recibieron denuncias de anónimos y por la calle sobre violaciones a los derechos humanos que no son de las mujeres en los prostíbulos. La ruptura con las costumbres anticuadas y discriminadoras a todo nivel ya comenzó en Gallegos. Se retoma las banderas de las asambleas del 2002 y más cerca en el tiempo de los docentes. La puja es evidente entre los dos modelos. El prostibulario o la libertad. El esclavista o la emancipación. La batalla contra la Trata sexual abarca inevitablemente a la laboral. Esta pelea será decisiva para frenar las humillaciones en los trabajos, en la facultad y en la familia.”

Y cierra: “¿cuánto tiempo más se mantendrá la pasividad de los buenos?”.

La historia comenzó hace 40 años y llega ahora a las pantallas de todo el mundo a partir de que el cineasta Joe Berlinger se escandalizó al encontrar a los habitantes de la Amazonia ecuatoriana “comiendo atún enlatado porque el pescado de sus ríos estaba demasiado contaminado”

El documental titulado Crude (Crudo), pergeñado por el cineasta Joe Berlinger,  el de la fotito de al lado, es la última arma que reluce en la guerra de relaciones públicas que rodea en Ecuador el proceso judicial en el que se acusa a la petrolera estadounidense Chevron de derramar 70.000 millones de litros de líquidos tóxicos, dejar 916 fosos con desechos y quemar millones de metros cúbicos de gases contaminantes.

De acuerdo con los demandantes estos delitos ambientales han elevado la incidencia de cáncer y otras enfermedades en la región ecuatoriana de Lago Agrio, señala el informe distribuido por IPS que firma el periodista especializado Matthew Berger.

Se trata de determinar si Chevron es legalmente responsable por los daños, si es posible remediarlos o repararlos –y cómo–, y si, como la empresa alega, el vínculo entre contaminación y enfermedades no está comprobado.

Luis Yanza, miembro del equipo legal de los demandantes, comparó la tragedia de las comunidades amazónicas con sufrida por Alaska tras el derrame del buque petrolero Exxon-Valdez en 1989. “Aquello fue un accidente. Lo que sucedió en Ecuador, no: fue algo deliberado”, dijo Yanza en el estreno de Crudo en Washington, el pasado viernes 23.

Pero la versión de Chevron es muy diferente: “se trata de reclamos absurdos sin ninguna base científica.”

En la década del 60, la compañía Texaco comenzó a extraer crudo en una zona de la Amazonia ecuatoriana alejada de los centros urbanos. Al cabo de 23 años de operaciones había derramado 64 millones de litros de petróleo y 68.000 millones de litros de agua contaminada y tóxica, según la organización ambientalista Amazon Watch, que asiste a los demandantes. Texaco cedió en los años 90 sus operaciones a la empresa estatal PetroEcuador, que continúa explotando los pozos de Lago Agrio y admite seguir arrojando agua sucia al ambiente.

Chevron, que adquirió Texaco en 2001, considera que la mayor parte de la contaminación es responsabilidad de PetroEcuador. Y que Texaco se desembarazó de la suya en 1998, cuando terminó de limpiar algunos de los sitios, a un costo de 40 millones de dólares, en cumplimiento de un acuerdo firmado en 1995 con el gobierno ecuatoriano.

Pero auditores de Quito concluyeron en 2003 que la compañía no había cumplido adecuadamente con su parte del pacto. Pobladores de Lago Agrio describen en “Crudo” cómo descubrieron que habían construido sus casas en hoyos rellenos de petróleo y luego cubiertos.

A pesar de la auditoría, sus responsable alegan que Texaco fue relevada formalmente de toda responsabilidad por el gobierno tras completar su operación limpieza. Y añaden que PetroEcuador nunca cumplió con su parte y que, muy por el contrario, sigue contaminando.

“Muchas de las prácticas habituales de Texaco se mantienen, aunque PetroEcuador hizo muchos cambios desde la retirada de Texaco para operar con más responsabilidad”, indicó Yanza. “Texaco diseñó un sistema pergeñado para contaminar y tiene toda la responsabilidad.”

Otro abogado de la demanda, Pablo Fajardo, declaró ante la cámara del documentalista Berlinger que PetroEcuador no es inocente, y sugirió que querellar a la empresa estatal podría ser el siguiente paso.

La demanda vincula 1.401 muertes por cáncer en la región con la contaminación causada por Texaco entre 1985 y 1998, contabilizadas en un informe realizado por un grupo de trabajo independiente a la que la justicia ecuatoriana encomendó la evaluación de los daños.

El estudio de los expertos concluye que Chevron debe pagar 27.000 millones de dólares para limpiar el ambiente y compensar a las comunidades afectadas.

Esta suma convierte en la demanda en el principal proceso por daños ambientales de la historia de la humanidad, y supera en 3.000 millones de dólares las ganancias de Chevron en 2008.

“Será muy caro limpiar, pero aun así será mucho menos que las ganancias obtenidas por la empresa en Ecuador”, dijo la semana pasada otro abogado de los demandantes, Steven Donzinger.

La batalla legal lleva 16 años. En 2002, Texaco persuadió al juez estadounidense Jed Rakoff de que transfiriera el caso a tribunales de Ecuador, país que entonces tenía un gobierno conservador ansioso de capitales extranjeros.

La condición fue que la empresa se abstuviera de cuestionar una eventual condena en Ecuador ante la justicia del país norteamericano.

Ahora el caso se vuelve cada vez más enmarañado en el Poder Judicial de Ecuador, algo que, según los abogados de la demanda, era la intención de Chevron.

Grabaciones procedentes de micrófonos ocultos en relojes y lapiceras parecen revelar un esquema de soborno que involucra, al menos indirectamente, al juez del caso, Juan Núñez, a la hermana del presidente Rafael Correa y a un ecuatoriano que trata de colaborar con un empresario estadounidense.

A raíz del escándalo, Núñez se excusó de seguir trabajando en el caso, aunque niega cualquier falta de su parte.

Los abogados de la demanda perciben el episodio como una triquiñueña de Chevron para desviar la atención de las cuestiones clave del caso y, fundamentalmente, para socavar al Poder Judicial ecuatoriano.

La semana pasada, Chevron solicitó la anulación de las anteriores resoluciones de Núñez, moción que fue rechazada por el nuevo juez del caso, Nicolás Zambrano.

El anterior magistrado había previsto el año pasado que el fallo sería emitido a fines de 2009, pero no hay una resolución a la vista.  “Si perdemos (…), lucharemos vigorosamente”, dijo Watson.

El problema de la responsabilidad por la contaminación es tan viscoso como la contaminación en sí misma. El caso parece dejar en evidencia la incapacidad de los tribunales en tratar asuntos como éste, en los cuales una corporación transnacional parece, al menos en parte, en falta y, al mismo tiempo, tiene los recursos y la voluntad de afrontar una batalla legal durante décadas.

Chevron “no quiere para nada” ser juzgado, según Donzinger, que destaca las gestiones de la empresa para trasladar el caso de tribunales estadounidenses a los ecuatorianos. “Ellos se creen más allá del alcance de cualquier sistema nacional”, lamentó.

La batalla por la opinión pública está perdida para Chevron en Ecuador, donde el gobierno de Rafael Correa se ha alineado con los demandantes, al contrario de sus antecesores conservadores. Pero la empresa mantiene su influencia en Estados Unidos, donde procura mostrarse como la más socialmente consciente de las petroleras. Increíble, ¿no?

¿Cómo adivinaron? Otra vez la ANSES, y esta vez la guita de los jubilados va a parar a los bolsillos de… ¡la General Motors!

Hace unos días la presidenta de la Argentina se trasladó a la localidad de General Alvear, en la provincia de Santa Fe,  para bendecir con su discurso una planta industrial que la empresa estadounidense General Motors tiene en marcha en la región. La oratoria de Cristina Kirchner ensalzó la fuente de trabajo, envolvió la industria y el progreso y otros tópicos por el estilo, y de paso la población vino a enterarse de que el Estado nacional -o sea: nosotros- para “posibilitar” el emprendimiento que tantas bondades traerá consigo le había concedido a GM un crédito de 70 millones de dólares. El gobernador Hermes Binner, ni lerdo ni perezoso, se anotó para el anuncio y las fotos.

A poco andar los diferentes medios de prensa aclararon todavía más el origen de ese dinero. ¿Cómo adivinaron? Otra vez la ANSES. Es decir que la plata de los jubilados criollos se ha utilizado para apuntalar a una nave insignia del capitalismo planetario -que últimamente a juzgar por sus abolladuras viene chocando con icebergs cada vez más grandes y frecuentes-  y posibilitar  así que siga a flote. Aplauso, medalla y beso, pues.